Con un fallo histórico, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia peruana condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos (1991), y La Cantuta (1992) y también por los secuestros de un periodista y un empresario. Así finalizó el proceso que presidió el juez César San Martín, quien precisó que el grupo militar denominado Colina, actuó de forma encubierta en las operaciones represivas que incluyeron al menos 50 asesinatos en 15 meses. También precisó la responsabilidad del gobierno de Fujimori no solo en las matanzas sino también en las actividades desplegadas para ocultar los hechos criminales.
El ex presidente gobernó Perú de modo autoritario durante una década (entre los años 1990 y el 2000). Durante su gobierno reprimió a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, también responsable de haber ejercido una cruel violencia en áreas campesinas peruanas. Pero el carácter represivo del gobierno – cuyo aparato de inteligencia dirigía el coronel Vladimiro Montesinos – se extendió también a sectores opositores, a estudiantes, trabajadores y en especial a militantes de grupos de izquierda, utilizando para ello fuerzas para-policiales como el Grupo Colina.
Otro macabro episodio de su mandato, fue la recuperación a sangre y fuego de la embajada japonesa en Tokio por el grupo MRTA (Tupac Amaru), que culminó con el asesinato de todos los ocupantes del edificio. Pero a pesar de resistencia interna y a las denuncias internacionales por sus acciones violentas, fue un escándalo de corrupción el que provocó la caída de su gobierno en el 2000. Fujimori huyó entonces a Japón. Allí vivió cinco años eludiendo los pedidos de extradición amparado en su nacionalidad japonesa por origen familiar. En el 2005 tentado por la posible influencia política que mantenía en Perú, Fujimori viajó a Chile y estableció en ese país su residencia temporal. Allí las demandas de la justicia peruana motivaron su detención y posterior traslado a Lima en el 2007. La condena es en realidad la segunda que recibe Fujimori, que ya cumple una sentencia de seis años de cárcel por usurpación de funciones y afronta otros dos procesos penales por delitos de corrupción.
El ex presidente anunció que apelará el fallo judicial. Observadores de organismos internacionales como Amnistía Internacional, saludaron la decisión del Tribunal Supremo de Perú de condenar a Fujimori. Afirman que constituye un importante avance para promover la justicia en los casos de violación de los Derechos Humanos por los Estados y demuestra que ni siquiera los ex presidentes pueden lograr que sus delitos queden impunes.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info