El propio presidente Alan García pidió al Congreso de su país que revoque el decreto 1097 que firmó horas antes, y por el cual facilitaba una amnistía para militares y policías sentenciados o investigados por violaciones a los derechos humanos.
Numerosas organizaciones sociales y familiares de las víctimas habían rechazado la intención del presidente peruano, por considerar que pretendía instaurar una forma de “perdón” e impunidad para autores de crímenes de lesa humanidad. De aplicarse el decreto 1097, una de sus consecuencias podría ser que quedara sin efecto la sentencia que condena por diversos delitos represivos al ex presidente Alberto Fujimori.
El propio García sería uno de los beneficiados con la ley que él ha dictado. En los tribunales tiene abierto un proceso en el que aparece imputado como autor intelectual de la matanza de cien presos de la organización Sendero Luminoso en el penal El Frontón en 1986. Ahora el trámite derogatorio queda en manos del Congreso peruano.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info.