El sanjuanino Walter Bartolomé Tejada, ex Jefe del Departamento II Inteligencia, fue procesado como “partícipe necesario” en la causa 05/07 que investiga delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico-militar.

El juez Alcindo Álvarez Canale, titular del Juzgado Federal N° 1, imputó al genocida 79 hechos entre privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones forzadas y el robo de los hijos de Graciela Romero de Metz y María Graciela Izurieta luego de que dieran a luz en el campo de concentración “La Escuelita”.
Además, le trabó un embargo por 35 millones de pesos pero dictó su falta de mérito en 17 casos y “para garantizar al imputado la correcta preservación de su estado de salud”, al igual que al ex jefe del Batallón 181 Mansueto Swendsen, le dispuso prisión preventiva en su cómodo hogar del sexto piso de Soler 154.  
“Tejada estaba en el Departamento II de Inteligencia, así que era una pieza clave en todo lo que significaba búsqueda y procesamiento de información”, dijo a EcoDias el fiscal general Hugo Cañón.
Durante la aplicación del plan de exterminio todas las acciones se realizaban en función de los partes redactados por las dependencias de Inteligencia a partir de los cuales se fijaban “los famosos blancos”: personas que iban a ser secuestradas por los grupos operativos. A esto se sumaban los grupos de torturadores e interrogadores, también especialistas en inteligencia.
En su declaración ante el juez y los fiscales, el militar de 79 años intentó deslindar su responsabilidad en los hechos diferenciando las labores del Departamento II de Inteligencia a su cargo -abocado a la confección de informes sobre el comportamiento “de minorías chilenas” y el “orden de batalla de las FFAA” trasandinas en el marco del supuesto conflicto bélico- y el Destacamento de Inteligencia 181 a órdenes del Estado Mayor para “la lucha contra la subversión”.
“En general hacen esa diferencia. (En todos) los Estados Mayores el GII es el Departamento de Operaciones de Inteligencia, pero a su vez hay un Destacamento de Inteligencia y todos los que integraban el GII desligan la tarea de la represión ilegal en manos del Departamento como lo dijo Vilas también cuando prestó declaración”, explicó Cañón y manifestó que la prueba recogida en todas las causas del país lo demuestra.
Otra de las preguntas reiteradas por los funcionarios judiciales en la indagatoria refería a una calificación firmada por Tejada en el legajo de su subordinado y ex prófugo Julián “Laucha” Corres procesado en junio por 47 secuestros, 38 casos de tortura, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas de personas.
Para el fiscal general, Tejada dio “una versión contradictoria, por un lado dice que no sabe si es su firma y después dice que no es, pero lo atribuye más a la falta de claridad en la lectura que a una negativa explícita de haberlo firmado. Ahora habrá que hacer estudios pero hay una vinculación directa y, si otro hizo la firma en lugar de él de todas maneras, demuestra el vínculo funcional que había entre ambos”.
La resolución del magistrado fue apelada por la defensa de Tejada y también por el Ministerio Público que la semana pasada adjuntó la fundamentación del recurso intentando modificar la calificación que excluyó hechos y asimismo lo procesa por “participe necesario” mientras que los fiscales consideran que fue “autor mediato”.

Volver a casa
Respecto a la prisión domiciliaria, Cañón repudió el inicio de “esta vía de excepción” primero con Mansueto Swendsen y ahora con Tejada.
“Esto realmente es preocupante porque es como abrir una compuerta permisiva que rompe lo seguido hasta ahora en Bahía Blanca. Digo esto porque el arresto domiciliario frente a crímenes de lesa humanidad no tendría que darse de ninguna manera”, dijo.
Álvarez Canale, en una nueva chicana jurídica tergiversa manifestaciones del fiscal sobre el caso Cárdenas Otegui, un preso común abandonado hasta la muerte en Villa Floresta, “para decir que (Tejada) no merece correr el riesgo para la salud, realmente es intolerable”.
Los hechos muestran que de ninguna manera “un Tejada, es decir un militar”, es descuidado por los servicio penitenciarios provincial o federal sino que “sabemos la diligencia que ponen y la atención que reciben: sección privilegiada, VIP, con computadoras, teléfonos celulares, de todo”.
“En cambio un pobre desgraciado, un preso común condenado a su suerte, que no fue atendido durante nueve meses es un caso de gravedad extrema. Creo que si Tejada está tres días sin ser atendido por un médico a los dos días está el escrito en el Juzgado y éste resuelve rápidamente una medida. En cambio, Cárdenas Otegui pidió, pidió y pidió y nadie le daba pelota”, se quejó.
Un tercer privilegiado es el represor Osvaldo Bernardino Páez, coautor mediato de 41 delitos de lesa humanidad, aunque en este caso la resolución provino un juez porteño.

Presente y futuro
El recientemente jubilado camarista Luis Cotter, dijo el miércoles al diario La Mañana de Neuquén en ocasión de su visita para presenciar la primera etapa del juicio oral contra ocho genocidas, que “en este momento lo de Bahía Blanca es inexplicable por qué no hay ni por aproximación en un mediano plazo un juicio como este».
Recordó que se reforzó el personal en el juzgado “para que se ocupen de la investigación” y sostuvo que los designados “no tienen ninguna experiencia judicial y lo único que pueden exhibir es algún conocimiento de quien los designó y alguno de ellos ligazones filiales muy fuertes con algún miembro de la Cámara Federal».
«La única razón o fundamento que uno puede suponer o presumir con seriedad es que hay artimañas o alquimias jurídicas que se están jugando para que las cosas no avancen», agregó.
De hecho, 2008 cierra con sólo cuatro causas confirmadas por la Cámara Federal -Páez, Bayón, Delmé y Masson- con posibilidad de ser elevadas a juicio oral. El resto está pendiente de resolución por el tribunal de alzada -alrededor de una decena de casos- otros libres, muertos o prófugos.
“De lo más antiguo que tenemos y hemos pedido informes, es por la falta de mérito de (Humberto) Adalberti y ahí se demoró en sortear juez, (…) pedimos que nos facilitarán la causa y no fue posible, así que viene varios meses demorada”, ejemplificó Cañón.
La Fiscalía y la querella esperan que la Cámara Federal resuelva cuanto antes pero “si no vamos a pedir la elevación a juicio con los casos que tengamos porque este juicio está muy dilatado y diferido. Inclusive no pensábamos presentar nuevos pedidos de indagatoria hasta que no pudiéramos llevar a este grupo que teníamos pero ante la demora seguimos”.
A la captura que tiene el fugado Aldo Mario Álvarez, se solicitó la de otros cuatro integrantes del Destacamento II de Inteligencia. A este “cuentagotas” se agregan las pantomimas de Canale pidiendo “guardar cupo en la cárcel para alojar a personas que va a detener, por lo cual ya anuncia que va a ser detenida y puede escaparse tranquilamente”.
De elevarse tal cual se requiere la causa y no hay recursos de por medio, se deberá continuar el trámite en el Tribunal Oral. Ahí se abre otra etapa “complicada” porque habrá que esperar respuesta de algunos jueces: “algunos, como Fernández Orozco, fue defensor de los militares así que suponemos que se va a jubilar si no tenemos que recusarlo”.
Luego vendrá una engorrosa búsqueda de reemplazantes. La reforma legislativa estableció hace varios años que tendrá que integrarse con jueces de tribunales orales cercanos, en nuestro caso, La Pampa. “Ahí hay tres jueces pero acaba de fallecer uno hace un mes, quedan dos. Si no tendrá que ser Mar del Plata o La Plata”.
Por último, recordamos que en manos del juez ad hoc Eduardo Tentoni se desarrolla a mejor ritmo la causa de por los delitos de lesa humanidad en Puerto Belgrano, según Cañón, “ya está listo un pedido de citación indagatoria y lo estaremos presentando en estos días”.