Las investigaciones judiciales han confirmado el alcance de las tareas de espionaje al servicio de grandes empresas y eventualmente también al de diversas áreas del gobierno, realizado por la firma privada Business Track (BTR). Aparentemente, BTR ofrecía servicios de seguridad o de “contraespionaje”, como limpieza de líneas telefónicas y sistemas informáticos o el bloqueo de intrusos en los correos electrónicos. Pero eso no era más que la “fachada” de la empresa dirigida por un capitán de navío retirado, Manuel Ponce.
En realidad, BTR realizaba escuchas telefónicas ilegales, y otras actividades de espionaje sobre activistas de movimientos sociales, de grupos ecologistas, de determinadas ONGs y de grupos de izquierda peruanos. En su “cartera de clientes”, figuraban grandes empresas petrolíferas, mineras y gasíferas. Incluso recibían informes empresas de seguridad privada como Forza y Orus. Parte del personal de BTR está integrado por agentes de inteligencia activos y retirados de la marina de guerra. De acuerdo con las pesquisas realizadas la empresa dirigida por el marino retirado se dedicaba -por encargo- a las escuchas telefónicas y a interceptar correos electrónicos o a realizar seguimientos.
Los informes, en muchos casos, también fueron a manos de funcionarios del gobierno peruano, en particular aquellos que hacían referencias a las actividades de miembros de los partidos de oposición.

Detectando “subversivos”
Una de las empresas “clientes” de BTR era Forza, que ha trabajado para la corporación Newmont, que explota el conflictivo yacimiento aurífero de Yanacocha, en la región norteña de Cajamarca. Allí pobladores y campesinos mantienen una dura resistencia a la presencia de la transnacional a la que responsabilizan de graves daños medioambientales. FEDEPAZ, la Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz ha denunciado reiteradamente con pruebas gráficas la represión brutal ejercida por la policía y agentes de la empresa privada de seguridad Forza contra manifestantes pacíficos y desarmados.
Hay indicios de que el marino retirado Manuel Ponce confeccionó informes en el 2007 con los que intentó convencer a las autoridades peruanas de la existencia de un plan “subversivo” financiado por el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Incluso vaticinó acciones y atentados que finalmente nunca se produjeron. En definitiva BTR ha estado durante años funcionando como un organismo de inteligencia privado, cometiendo acciones ilegales y contando con el soporte de personal activo o retirado de las fuerzas armadas. Toda la documentación capturada está en manos de la jueza Ana María Martínez, encargada del caso y quien deberá profundizar la investigación, determinar quienes fueron los “clientes” de BTR y esclarecer las responsabilidades delictivas de la organización y posiblemente también la de empresas o funcionarios que puedan haber encargado “trabajos” de espionaje.
 
Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info