El presidente peruano Alan García intenta frenar el escándalo de corrupción que involucra a directivos de empresas estatales mediante discursos y amenazas de “investigaciones a fondo”. Uno de los primeros fusibles que saltó tras la denuncia del ex ministro del interior Fernando Rospigliosi, fue el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, sospechado de manejos ilegales en la concesión de lotes petrolíferos a una empresa extranjera. El escándalo llega en el peor momento para el gobierno.
Un nuevo paro general convocado por la Coordinadora Política y Social (CPS) paralizó gran parte del país, y el índice de aceptación popular del presidente Alan García se encuentra en su mínima expresión. Según la encuesta de la empresa IPSOS, en el mes de setiembre cayó a 19%, cuando era de 63% hace dos años, en momentos que Alan García asumía el poder.
Tras la renuncia del ministro de Energía, siguió la del presidente de la corporación estatal Petroperú, César Gutiérrez. El ex ministro Rospigliosi, presentó en un programa de América Televisión unos archivos de audio que incluyen una conversación entre Rómulo León, del partido gobernante, y Alberto Quimper, integrante del directorio de la agencia nacional de promoción de contratos de hidrocarburos en Perú. En esas grabaciones se escuchaban las discusiones sobre el dinero que recibirían si se otorgaba una concesión petrolera a la empresa noruega Discovery Petroleum. Los dos altos funcionarios renunciantes, se proclamaron inocentes y ajenos a cualquier acto ilícito.
Alan García afirmó que creía en la honestidad de su ministro y que no descartaba reponerlo en su puesto si las investigaciones demostraban su inocencia. El vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Olmedo Auris, condenó el escándalo y dijo que evidencia la corrupción que caracteriza al régimen neoliberal vigente.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info