El gremio petrolero se
encuentra en una situación conflictiva con las actividades que representan el
sector del biodiesel.
No es tal vez el mejor momento para el Sindicato del Petróleo, Gas y
Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina, lo que hay es
mucha preocupación debido a ciertos conflictos que se presentaron en una de las
ramas que nuclea al gremio petrolero.
Estamos hablando de las actividades referidas al sector del biodiesel que se han
visto fuertemente impactadas tras una resolución de la Secretaría de Energía de
la Nación, a través de la cual se efectuaron dos modificaciones de importancia.
Fabio Pierdominicci es vocal titular del sindicato y dialogó con EcoDias acerca
del problema recientemente ocurrido. Respecto a las modificaciones citadas,
mencionó: “Una que afecta principalmente a las grandes productoras que
consideramos integradas pero sí con una capacidad de absorción que es el
aumento de las retenciones. Y otra que sí impacta sensiblemente a las empresas
que están bajo nuestra jurisdicción que es fijar un precio de valor del mercado
interno del biocombustibles por un valor inferior a los costos de producción,
con lo cual lo que ha manifestado la cámara de productores es que con estas
condiciones no pueden seguir operando y están evaluando el cierre de las
plantas”.
En lo que tiene que ver con la jurisdicción del sindicato, el conflicto afecta
a entre 50 y 60 trabajadores de forma directa “al margen de los que no son
escalafonados o lo que tienen una relación de trabajo en forma indirecta con
estas empresas”.
La idea, explicó Pierdominicci, es generar algún tipo de vínculo y dialogo
entre una cámara de pequeños productores de biodiesel y el gobierno para que se
revea esta situación: “Uno pretende no pensar mal y que fue tomada por un
desconocimiento o un error de la actividad. Creemos que es muy fácil evaluar
cuáles son los costos operativos de estas plantas para ver cuál es el valor
real que habría que fijarle al precio de la tonelada y teniendo en cuenta de
que estas PYMES fueron fundadas por una ley que impulsó el mismo presidente
Kirchner y que tenía como objetivo generar fuentes laborales en el interior del
país, darle valor agregado a los productos agropecuarios y donde diferenció
bien que estas chicas se iban a dedicar a abastecer al mercado interno”.
Pierdominicci señaló que la problemática los mantiene en vilo ya que a nivel
nacional, las PYMES involucran a alrededor de 500 empleados “y si hablamos de
la totalidad entre integradas y no integradas en forma directa o indirecta,
estamos hablando de 2500 puestos de trabajo, con lo cual la preocupación obvia
por la estabilidad laboral de todos estos compañeros”.
En busca de respuestas
La situación en la que se encuentran muchos trabajadores del sector
mencionado y que están comprendidos al sindicato no es la mejor y por eso se
esperan respuestas inmediatas por parte de las autoridades correspondientes:
“Es una situación complicada, creemos que la respuesta tiene que venir de los
estamentos gubernamentales, creemos que eso se logra a través del dialogo, hay
un compromiso de esta cámara de productores de llevar toda la información que
el Estado necesite para que pueda ver y demostrar cuáles son verdaderamente los
costos de producción del sector y que de ahí se vea qué es lo que pasa con esta
resolución. Para que tengan una idea, la tonelada se venía comercializando
alrededor de los cinco mil pesos y la resolución baja el valor a 4400”.
Por todas las razones expuestas es que los trabajadores y sus compañeros del
gremio se encuentran en estado de alerta: “Hoy por hoy nosotros lo que estamos
diciendo es, cumpliendo con el artículo 5 de esta ley que fue la que propició
la instalación de estas plantas y que dice que estas PYMES son las que tienen
que abastecer el mercado interno, lo que estamos tratando es de estar
monitoreando en las refinerías, que son las que usan este producto en
definitiva, que solo ingrese el producto elaborado por estas PYMES para
asegurar que el mercado interno siga siendo abastecido por éstas y no por las
multinacionales o por las integradas”.
Ahora bien, qué pasa si el gobierno no revé la medida ya adoptada: “Está claro
que estos productores no tienen la espalda como para aguantar pérdidas que
pueden oscilar entre los 80 mil pesos mensuales la más chiquita a un millón y
medio mensuales, las medianas más grandes. No hay empresario que pueda aguantar
varios meses ese grado de pérdida con lo cual el peor escenario sería el cierre
definitivo de estas plantas. La expectativa es que se revea esta situación, que
se piense en la situación de todos estos trabajadores, inclusive los
empresarios porque la ley misma estipulaba y ya lo tenían presente que para
amortizar la inversión hacían falta cinco años de inversión de las plantas. En
promedio no llegan a dos años de producción”.
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