Los resultados de las elecciones colombianas, marcadas por una fuerte abstención y la compra de votos por los sectores vinculados con el narcotráfico, permitirá al uribismo mantener el control parlamentario.
Con cifras casi finales, el Partido Social de Unidad Nacional, o “Partido de la U”, obtuvo 28 bancas del senado, mientras el Partido Conservador, aliado del uribismo, tendría 23, con lo cual entre ambas agrupaciones suman la mitad de las bancas. El tercer lugar fue para el opositor Partido Liberal y el cuarto, para el Partido de Integración Nacional que agrupa a familiares de legisladores y otras personas detenidas o procesadas por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, que consiguió 8 asientos en el senado. El Polo Democrático -fuerza de izquierda- tuvo un discreto resultado y posiblemente retenga las bancas que tenía.
Algunos periódicos independientes afirmaron que los vencedores de los comicios fueron “los compradores de votos”, indicando que ese procedimiento fue escandaloso en algunos departamentos como Magdalena, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Atlántico. No menos llamativo es el despliegue del PIN, que combinó un inexplicable gasto de dinero en campaña y la intimidación denunciada por votantes. Este partido tildado como “el de los narcos y los paras”, consiguió que resultaran electos Teresita García Romero, hermana de un ex senador condenado por el asesinato de 15 campesinos, y Héctor Alfonso López, hijo de una mujer detenida por lavado de dinero y homicidio.
Los partidos gubernamentales no sólo utilizaron la compra de votos con dinero en efectivo, sino también con el ofrecimiento de prebendas como becas o alimentos. Los observadores denunciaron también la falta de garantías para preservar el secreto del voto, lo que favoreció la compra y control del sufragio del ciudadano.
El proceso electoral confirmó las irregularidades que temían muchos ciudadanos, que en su mayoría no esperaban grandes cambios. Quizás por eso, más de la mitad de los votantes en condiciones de ejercer ese derecho, no concurrieron a las urnas. La elección paralela destinada a elegir representantes al Parlamento Andino será declarada nula, porque los votos en blanco superaron los obtenidos por los diferentes partidos.
Los colombianos no han podido cambiar un Congreso que ha vivido los peores ocho años de su historia. El corresponsal del diario español La Vanguardia afirmaba en su crónica desde Bogotá: “Con tanto testaferro de bandido solapado en las listas electorales, pocos tenían esperanzas en la regeneración de un legislativo manchado por mil escándalos y con la tercera parte de sus miembros en la cárcel o enjuiciados por su complicidad con grupos paramilitares responsables de 150.000 asesinatos”. Y recogía también el lapidario comentario de un votante que aguardaba para sufragar: “Todos son iguales, señor, el que no es narco es paraco (paramilitar). Tienes que mirar mucho para encontrar a alguien honrado que no esté financiado por las mafias”.
Las sospechas estaban más que fundamentadas. En forma abierta ha corrido a raudales el dinero del narco para financiar a decenas de candidatos, la mayoría cercanos a los partidos que apoyan a Álvaro Uribe. Este no podrá presentarse a una tercera reelección porque no prosperó la modificación constitucional, pero tiene asegurada la continuidad política a través de su candidato, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, otro firme defensor de la implantación de las siete bases militares norteamericanas en territorio colombiano.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info