EL JUZGAMIENTO Y LA IMPUNIDAD DEL GENOCIDIO
“El error es tomarlo como noticia”

Durante 2008 se realizaron sólo ocho juicios con 32 sentencias. A este
ritmo, según una estimación del Cels, la Justicia llegaría en 2027.

El Ángel de la Muerte exigió su inmediata libertad. Dice Alfredo Astiz,
el que marcó con un beso a las tres Madres que desaparecerían sus camaradas
junto a las monjas francesas, que su celda en Marcos Paz es “sucia, oscura
y mal ventilada”. Parece que se le aparecen “insectos, alimañas y animales”
por las noches.

El pedido se lo hace a la misma Cámara de Casación Penal que en
diciembre ordenó su libertad y la del “Tigre” Acosta, Raúl Scheller y otros
tantos monstruos de la Esma. Libertades frustradas por la repercusión
mediática de la medida.
¿Por qué a casi 33 años del genocidio estamos discutiendo prórrogas a
las prisiones preventivas? ¿Quiénes y cómo podrán juzgar rápida y
eficazmente sin dejar de lado una sola garantía de los asesinos? ¿Qué
responsabilidad le cabe al Poder Judicial por la eternidad de los procesos?
¿Cuánta al Congreso y al gobierno nacional “de los derechos humanos”? ¿Qué
pasa con los procesados de los jueces bahienses?
La dra. Mirta Mántaras, representante de numerosos organismos de
derechos humanos del país y de la querella en la causa 05/07 que investiga
los delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, en diálogo con EcoDias
descubrió el mecanismo de la impunidad que aun persiste y explicó cómo
llegar al Bicentenario sin juicios pendientes.
“No tenemos que caer en tomar lo que está sucediendo con el juzgamiento
como noticia porque esto que está haciendo la Cámara de Casación y que
aparece como una noticia escandalosa, en cinco días pasa al ranking diez”,
adelantó.

Barajar y dar de nuevo
El punto de partida es reconocer que Argentina asumió el compromiso
constitucional de respetar los pactos internacionales que permitieron la
anulación de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) en
2003, ratificada por la Corte Suprema dos años después.
“Este compromiso requiere una política de Estado. Deben existir
funcionarios que dispongan de medios económicos y capacidad de decisión
para que los juzgados tengan sus equipos, porque de golpe un tribunal de
provincia que se ocupaba de cuestiones de frontera u otras recibe un alud
de causas que tiene que tramitar sin dejar el resto”, adelantó Mántaras.
En segundo lugar, los jueces deben tener la capacidad para aplicar el
derecho internacional en materia de Derechos Humanos, entendiendo la
excepcionalidad de los delitos en cuestión. “¿Alguien me puede decir que se
producen 10 mil desapariciones en un año? No, por suerte”.
Por ello la necesidad de comprender las figuras del genocidio y lesa
humanidad y de un trabajo probatorio y procesamiento con garantías legales
de los imputados que, al decir de la letrada, “excede tanto los
conocimientos comunes de nuestros jueces como la implementación de medios y
personal para ocuparse de esos expedientes”.

Reajustar la venda
Más allá de lo anterior y solamente atándonos al sentido común pero no
a la realidad, los magistrados no tienen que estar comprometidos con los
enjuiciados. Esa es una de las graves irregularidades con la Cámara de
Casación Penal y también en nuestro medio.
Mántaras ejemplificó con el caso puntual del procesado en la causa
Esma. Los defensores de Raúl Scheller presentaron un recurso de apelación a
su prisión preventiva en Casación que debió ser rechazado de plano por
corresponder la decisión al juez de instrucción. Los asuntos de dicha
Cámara, paso previo a la Corte Suprema, son las sentencias definitivas y
firmes del tribunal oral. Si no se trata de “una forma de perder
lastimosamente el tiempo con una resolución provisoria”.
“Casación aceptó estos pedidos de sus amigos, los encajonó y nos tuvo
tres años sin poder avanzar. Tampoco el propio juez Sergio Torres fue
inteligente para elevar a juicio las causas pese a que estaban en Casación
aunque puede hacerlo incluso con un recurso pendiente”, aseveró la abogada.
En esa instancia judicial “recalaron todos los del Opus Dei, todos los
tipos de la derecha, todos los amigos de los militares”. Elemental,
teniendo en cuenta que la Cámara fue creada durante el menemato: estaban
los jueces “de la servilleta” y “los señores de la derecha en Casación”.
“Esa fue una gran conquista de la derecha argentina, metieron allí a
sus jueces. Ese cargo es la ‘pre Corte’, pero en ese momento estaba la
automática. Era un sistema absolutamente irregular en el sentido de sus
capacidades y de su imparcialidad”.
La Corte fue sanada y prestigiada en los últimos años pero no fue así
con el Tribunal de Casación que se convirtió en el “filtro negativo” para
las causas del terrorismo de Estado. “Al no elevarlas a juicio oral llegó
un momento en que empezaron a largar a los procesados igual que ahora”.

La Justicia y la Política
Contamos con seis tribunales orales, solamente uno se ocupa de los
delitos de lesa humanidad. Las causas hacen cola allí y “es imposible que
juzgue en menos de diez años”. Es imprescindible una modificación
legislativa del procedimiento.
Mántaras aclaró que no se trata de crear tribunales especiales,
prohibidos por la Constitución. La Corte Suprema puede habilitar otros
juzgados orales “que tienen las mismas condiciones que este que está
trabajando. Desde luego que estos tribunales también tienen sus propias
causas para lo cual tendrán que crearse secretarías que las vayan
despachando”.
Inclusive cabe la posibilidad de sumar juzgados penales económicos con
sus tribunales orales que abran el panorama de juzgamiento repartiendo las
causas para que se tramiten en forma conjunta. “¡Esto de la lógica más
elemental! Con garantía de defensa en juicio, con recursos y con una toma
de decisión administrativa de la Corte”.
Desde el ámbito político -indignado en diciembre con la liberación
anunciada para Acosta, Astiz y compañía- hará falta la sanción de una ley,
“chiquita, donde el Legislativo implementa modalidades procesales”.
Esto acompañado de una política de Estado por parte del Poder Ejecutivo
para que disponga el financiamiento. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos
está presente en los procesos pero “como si fueran querellantes comunes”.
Pretenden encabezar las querellas en las causas Primer Cuerpo y Esma
para tener un rol preponderante en los alegatos, “pero son los mismos
miembros del Poder Ejecutivo que no están mirando que se cumplan los plazos
en la Casación”.
“Evidentemente este rol de cumplimentar la política de Estado para los
juicios no la tiene la Secretaría. Y acá viene la pregunta del millón:
¿quién la tiene? Hasta el momento nadie, porque (Aníbal) Fernández,
ministro de Derechos Humanos, actúa como si fuera ‘mi estimado oyente’,
‘Hay que barbaridad lo que está sucediendo…’. Como si pasara en Marte o en
la India. Los gobernantes no están para manifestar su capacidad de asombro,
están para hacer políticas ejecutivas”, se quejó.
-¿Cómo vamos a saber si existe esa política?
-Cumpliendo lo que pidió la presidenta. Dijo claramente algo muy
acertado, que antes del Bicentenario estén todos los juicios terminados.
-¿Es posible a un año?
-Sí. Porque si a mi me abren todos los juzgados orales para que se
ocupen de las causas en un año terminamos.

La propuesta: “Si tenemos una ley en febrero y en marzo están
funcionando los tribunales orales penales económicos con medios para la
creación inmediata de las secretarías que se ocupen de todos estos casos,
abrimos los juicios orales de los 30 procesados de la Esma por las 500
víctimas. Primer Cuerpo empieza el 6 de febrero con el comandante Olivera
Rovere de la zona 1 de Capital Federal. Se le van a ir agregando los jefes
de área, vivos son cinco. Luego se pueden agregar los jefes de los centros
clandestinos de detención del circuito que son 20 más. Juzgaríamos 25
responsables de 300 casos”.
La ventaja de este mecanismo es que los testigos son comunes, resta
encontrar la forma de articularlo en las causas de Capital y las
provincias. Pero se necesita voluntad política. ¿Habrá?

Recuadro
Como Neuquén en Bahía
Mirta Mántaras consideró que la primera etapa del juicio por la
represión en La Escuelita neuquina “es un éxito”.
“Naturalmente creo que es un modelo a seguir con Bahía. Estamos
esperando que salgan las causas de la Cámara Federal de Apelaciones porque
queremos hacer elevación de juicios por tramos”, afirmó.
La conformación del Tribunal Oral en la ciudad será “con jueces capaces
de aplicar el derecho internacional, no con defensores de los militares.
Algunos deberán excusarse o irse o los vamos a recusar”.
En cuanto a la investigación de Puerto Belgrano hace tiempo que cuenta
con aproximadamente una decena de imputados: “Ahora, la idea del juez
(Eduardo Tentoni) es abrir la causa con mucho personaje que antes no estaba
porque realmente trabajamos mucho con Ejército pero nada con Marina. Nunca
llegábamos, siempre se producía un problema”.