Alguien avisó con antelación al ex senador Mario Uribe Escolar que la Fiscalía General de Colombia emitiría una orden de búsqueda y captura en su contra por los presuntos vínculos con grupos paramilitares responsables de atroces matanzas de campesinos. El legislador, que es primo del presidente colombiano Alvaro Uribe, buscó entonces refugio en la embajada costarricense en Bogotá, solicitando «asilo político». El suceso, insólito y escandaloso, desvanece la imagen que ha procurado construir el mandatario colombiano, que se autopresenta como «enemigo del terrorismo» y ajeno a los grupos violentos que actúan en el país. Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos se desplazó hasta la sede de la embajada de Costa Rica, situada al norte de la capital. Allí hizo una presentación formal para que el gobierno de Oscar Arias no concediera «asilo» a un sujeto que es buscado por la justicia por su posible responsabilidad criminal y no por ninguna circunstancia relacionada con la política. Las víctimas de las acciones de los paramilitares también anunciaron que presionarían para que no se brindara refugio en la embajada costarricense al primo del presidente. El ex senador que arguye una presunta persecución política, pertenece precisamente al círculo oficialista, al gobierno uribista, lo cual convierte su petición en ridículo pretexto. Finalmente, el gobierno costarricense comunicó que denegaba el pedido, y a Mario Uribe no lo quedó otro camino que entregarse a la justicia. El episodio representa un duro golpe para el presidente. El y su primo Mario fueron fundadores del partido gubernamental Colombia Democrática, y era uno de sus puntales políticos.

El «paracongreso»
A estas noticias hay que sumar las revelaciones de la ex congresista Yidis Medina, quien contó que el gobierno de Alvaro Uribe le ofreció cargos diplomáticos y prebendas para que votara en el 2004 a favor de la reforma constitucional que finalmente permitió su reelección, hasta entonces prohibida por la Carta Magna colombiana. Ahora existe la sospecha de que este hecho no sea aislado, y pone n duda la legitimidad del procedimiento parlamentario. Además la Sala Penal de la Corte Suprema, inició una investigación nada menos que a la presidenta del Senado Nancy Gutiérrez por su presunta vinculación con John Freddy Gallo, alias «El Pájaro», conocido miembro de los grupos paramilitares. La presidenta del Senado, también es aliada de la coalición uribista. Hasta ahora más de una treintena de parlamentarios han sido detenidos por sus vínculos con los grupos paramilitares. Algunos de los jefes de las bandas financiadas por terratenientes, han revelado tras su detención detalles de las relaciones con políticos uribistas. Uno de ellos fue Salvatore Mancuso, «capo» de una de las ramas de los paramilitares, quien también brindó pormenores de espeluznantes matanzas de familias campesinas indefensas, y asesinatos por encargo de activistas de derechos humanos. Precisamente uno de los cargos contra el ex senador Mario Uribe se basa en pruebas sobre una reunión que mantuvo con Mancuso cuando este era el máximo jefe de los «paras», y con ellos negoció la compra de tierras, de las que previamente las bandas violentas se habían apropiado luego de asesinar o expulsar a los campesinos que las trabajaban. Una ex diputada, expulsada del partido gubernamental en el año 2006, ha ratificado todo lo expresado por Mancuso. También hay evidencias de que Mario Uribe mantuvo una reunión con jefes paramilitares de las provincias de Córdoba y Sucre en el año 1998. Cabe apuntar que en 1994 ingresó al Senado, cuerpo legislativo que llegó a presidir en el 2001.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info