Asociaciones de la comunidad latinoamericana se han movilizado en rechazo de la normativa antiinmigración promulgada en el estado norteamericano de Arizona.
La legislación firmada por la gobernadora republicana Jan Brewer autoriza a la policía a que detenga a cualquier sospechoso de ser ilegal. Quienes se oponen y denuncian los alcances de la ley, afirman que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, ya que podrían permanecer en prisión hasta seis meses y pagar una multa de 2.500 dólares en un proceso que puede terminar con su deportación. La medida podría entrar en vigor en 90 días. Agrupaciones defensoras de los derechos civiles consideran la ley como racista.
De los poco más de seis millones de habitantes que residen en Arizona, el 30 por ciento son de origen latino, y se calcula que casi medio millón vive y trabaja en forma irregular. La preocupación de los latinoamericanos se extiende también a los que residen en otros estados gobernados por los republicanos, porque temen que haya un efecto “contagio” y que en realidad esta decisión -además de satisfacer al electorado más conservador- pueda ser utilizada como un arma más para atacar a Barack Obama.
El presidente, en su campaña electoral, se comprometió a trabajar por la legalización de los latinos que trabajan desde hace años en Estados Unidos impulsando una reforma de la ley de inmigración. Los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, que tienen cinco millones de ciudadanos viviendo en Estados Unidos, se sumaron a las críticas de México contra la ley aprobada en Arizona que convierte en delito la inmigración irregular.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info