Mandatarios y representantes de 60 países de América Latina y el Caribe iniciaron en España las deliberaciones de la Sexta Cumbre Unión Europea – América Latina y el Caribe. Hubo ausencias notorias, como las de Hugo Chávez, José Mujica y Raúl Castro entre los latinoamericanos, y Berlusconi o Cameron por los europeos.
El objetivo más ambicioso es reanudar las negociaciones para establecer un espacio común de libre comercio. Será conveniente analizar con detenimiento la “Declaración de Madrid”, para precisar el real alcance del acuerdo y sus posibles consecuencias para los países latinoamericanos. Unas horas antes de ponerse en marcha el evento oficial, finalizó la Cumbre de los Pueblos «Enlazando Alternativas» que congregó a centenares de representantes de diversos países y organizaciones sociales, entre ellas “Vía Campesina” y el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil.
Durante su desarrollo hubo análisis y expresiones críticas contra los Tratados de Libre Comercio, una denuncia del golpe de Estado en Honduras y de la situación en Colombia. Esta vez no estuvo el venezolano Chávez, ni Evo ni el ecuatoriano Correa, pero sí lo hicieron ministros de esos países y también el canciller cubano Bruno Rodríguez. La senadora colombiana Piedad Córdoba pronunció un duro discurso denunciando al gobierno de su país por el asesinato sistemático de opositores, de activistas sindicales, campesinos, periodistas y miembros de organismos de derechos humanos. El ministro venezolano para Europa Temir Porras aseguró que la crisis económica y social que padecen los países europeos hace necesario y urgente un “proyecto de transformación”.

Fallo del Tribunal de los Pueblos
Por su parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos, integrado por expertos en derecho de varios países, analizó 27 casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales europeas en América Latina con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la Unión Europea. Sus deliberaciones formaron parte de lo que la prensa europea denominó “contracumbre”.
En su fallo, el Tribunal afirma que en los casos examinados “es posible identificar una estrecha relación de funcionalidad entre las políticas públicas de la Unión Europea y los intereses de las transnacionales europeas en sectores estratégicos. Es evidente que las instituciones europeas son permeables a la acción de los lobbies empresariales, y que existe una relación de interdependencia y tráfico de influencias entre los sectores privado y público”.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info