A pesar del vencimiento del denominado “corralito urbano” ordenado por el Concejo Deliberante semanas atrás estableciendo la prohibición de las autorizaciones de nuevos proyectos edilicios en los barrios Universitario y Napostá, los vecinos mantienen y reafirman su rechazo a los emprendimientos que consideran que jaquean los servicios públicos y atentan contra su calidad de vida. La semana pasada presentaron un petitorio al intendente y están a punto de acudir a la justicia.
Oscar Buratovich se acercó, junto a dos vecinos más, a Alsina 65 el martes 15 para exigir al jefe comunal Cristian Breitenstein que “prorrogue inmediatamente el corralito para hacer un estudio a fondo, con los vecinos, de las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano”.
“Pensamos que esas modificaciones deben seguir estrictamente lo estipulado por la ley de Ordenamiento Territorial y la ley de Protección Ambiental en consonancia con la Constitución Nacional. Eso significa que esté garantizada la provisión adecuada de servicios, que tiendan a mantener la calidad de vida, que se respete la densidad establecida de habitantes por manzana y habitantes en forma proporcional a las parcelas”, aseguró a EcoDias.
El tiempo solicitado para la prohibición de construir “depende de si nos citan inmediatamente para formar algún tipo de comisión de estudio donde estemos representados y que se haga el estudio en forma rápida. La necesidad de una prohibición en el otorgamiento de nuevos permisos es para que lo que se haga de aquí en más, tienda a conseguir una ciudad ordenada, organizada, y no destruir un barrio que ya está consolidado y tiene su personalidad”.
Además, Buratovich destacó que el trío vecinal está avalado por 317 firmas y aclaró que “temimos que si veníamos todos juntos el señor intendente dijera que lo hacíamos en actitud piquetera como mencionó el otro día. No es así, queremos mantener un canal de diálogo vigente, ordenado, pero venimos a pedirle con firmeza que estudie el problema en profundidad, esto no ha sido resuelto, todo lo que se hizo hasta este momento son parches”.
Finalmente, Ana Lloret opinó que Breitenstein y Tunessi –presidente del HCD- ya deberían haberlos llamado para dialogar e informó que a partir de ese momento mantendrían “un tiempo prudencial de no hacer declaraciones a la prensa” para que los políticos trabajen con tranquilidad. “Las quejas nuestras ya las saben: no estamos en contra de las construcciones, sí estamos en contra de lo que se está haciendo; parece ser que inician una obra y empiezan por el techo en vez de los cimientos”, subrayó.

La carta judicial
El ex candidato a concejal radical Lisandro Ganuza, abogado de los manifestantes, descartó la presentación de un amparo y explicó que “haciendo un análisis de lo que han acercado los vecinos, del estudio de las leyes en juego, entendemos que en principio la medida más acertada sería una ‘acción declarativa de certeza’ donde se pone en juego la constitucionalidad de ciertas ordenanzas, ya sea a nivel provincial o nacional, por no respetar ciertas cuestiones que sobre todo tienen que ver con la parte medioambiental”.
Los puntos discutidos: la densidad superada ampliamente y la falta de estudios de impacto ambiental que las leyes nacionales obligan a hacer. La intervención judicial correspondería al fuero contencioso administrativo y, según aclaró el letrado, “en este caso podría ser aplicable un reconocimiento del derecho, que sin ordenar -para que no sea tan agraviante- le pida, le indique al Poder Ejecutivo que respete las normativas nacionales y provinciales en la materia”.