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Chávez insistirá con las reformas

La pretensión de Hugo Chávez de obtener el respaldo de los venezolanos para su proyecto de nueva constitución, resultó rechazada por algo menos de 200.000 votos. Considerando que votaron más de nueve millones de ciudadanos, la diferencia es mínima, pero más que suficiente para postergar una reforma de gran calado que no puede hacerse sin contar con una base social más amplia.
Los resultados parecen haber sorprendido más a la oposición que al gobierno. Chávez en los días previos hizo referencias a la posibilidad de que el proyecto no fuera aprobado en las urnas, algo que nunca valoró en los 7 procesos electorales anteriores. También dijo que “si eso llegaba a suceder”, obligaría a una profunda reflexión.
Es posible que dispusiera de datos fiables que auguraban que el SI podía perder o ganar por la mínima diferencia. Los opositores esgrimieron tantas veces el argumento de “totalitarismo” que terminaron por convencerse de que Chávez si no ganaba con votos, ganaba con fraude. Se equivocaron.
La inusual imagen del presidente venezolano reconociendo la derrota electoral impuso un nuevo escenario, que entre otras cosas, anulaba la temida posibilidad de desórdenes en las calles. Los partidarios del proceso bolivariano quedaron dolidos y en silencio, y parte de la oposición festejó en las calles su victoria sin que nadie los molestara, ni se produjeran incidentes.
Chávez reconoció que unos tres millones de venezolanos que hace un año votaron por él, esta vez se quedaron en sus casas. La oposición mantuvo aproximadamente su techo electoral.

Tiempo de reflexión
Su primera deducción fue que “la sociedad venezolana no estaba todavía totalmente madura” para aceptar la nueva constitución. Y por tanto, anticipó que estudiaría la forma de insistir con la propuesta. Pero es indudable que los resultados electorales del primer domingo de diciembre, marcan un punto de inflexión en esa marcha sin contratiempos que significaban para Chávez las convocatorias a las urnas.
Para la oposición, los resultados reactualizan la necesidad de buscar la unidad. No será fácil. Los trozos dispersos de los viejos partidos no tienen fuerza ni legitimidad. Tampoco resultan atractivos los personajes del empresariado o de la burguesía venezolana, columna del sector más radical contra Chávez.
En el panorama post electoral sólo emerge como una fuerza nueva el sector estudiantil que lideró las marchas contrarias a la Reforma Constitucional, en especial a la posibilidad de reelección indefinida del presidente. Y como figura individual, el general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa, compañero de armas de Chávez, y protagonista del contragolpe de abril del 2002, que liberó al presidente y lo repuso en su cargo en el Palacio de Miraflores de Caracas.
Pocas semanas antes de la consulta, Baduel se distanció públicamente de Chávez y anunció su rechazo a la Reforma. Tras la victoria del NO, aunque no descartó su incursión en la política, hizo un llamamiento a la reconciliación y dijo que era momento de “rebajar la tensión”. Sus actitudes mesuradas lo convierten en un posible puente entre las dispersas fuerzas de la oposición. Pero es muy pronto todavía para predecir como serán las próximas jugadas políticas en el complejo tablero venezolano.
En cuanto a Chávez, no hay señales visibles de que los resultados lo lleven a corregir algunos puntos que resultan evidentes: la ausencia de una organización política cohesionada por las ideas más que por lo conseguido; los brotes de corrupción entre cuadros dirigentes; la necesidad de inversiones en infraestructuras y en la creación de puestos de trabajo; y asumir el apotegma peronista de que “mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.

La repercusión en Bolivia
Pero como habíamos advertido en este Mirador semanas atrás, el traspié de Chávez no afecta únicamente a Venezuela.
Para el gobierno boliviano, jaqueado también por los sectores políticos desplazados por la victoria del líder indígena a fines del 2005, lo que sucedió en Venezuela ensombrece aún más el horizonte de su propia reforma constitucional, su compromiso electoral de “refundar la nación Boliviana”.
La oligarquía santacruceña, la región más rica del país, es el motor de un proceso de radical oposición que no sólo tiene motivos políticos, sociales o económicos, sino incluso rasgos racistas. Cada vez esconden menos su desprecio por los “collas”, y reivindican una “nación camba”, en la que no incluyen a esa mayoría indígena. La vieja fractura emerge con trazo grueso, y pocas perspectivas de conciliación. Las grandes transnacionales, guardan las formas, pero sus directivos y gerentes no ocultan su satisfacción por la posibilidad de que “vuelva el orden”, que regrese eso que denominan “seguridad jurídica”, que no es más que la permisividad para continuar con sus formas de saqueo de las riquezas y los recursos del pueblo boliviano.
La previsible confrontación entre las fuerzas sociales emergentes que empujan los cambios, y las clases dirigentes que se cierran a cualquier transformación, se encamina hacia una etapa definitoria. Su resultado no le es ajeno al resto de América Latina.

La Constituyente ecuatoriana
En Ecuador, la Asamblea Constituyente se instaló la pasada semana en la ciudad costera de Montecristi para cumplir el mandato popular de elaborar una nueva Carta Política que el presidente Rafael Correa pretende que sea de corte socialista, que reconozca e incorpore a los amplios sectores indígenas, que instaure formas de participación democrática de todos los ciudadanos y que establezca condiciones de equidad en el reparto de la riqueza.
Aquí los políticos desplazados por la victoria electoral de Correa, también intentan limitar o anular cualquier pretensión de cambio. Por los medios de comunicación -también en Ecuador los principales diarios, canales y cadenas radiales están en manos de consorcios privados- se atacan las iniciativas de cambio y se deforman de modo grotesco (como ocurrió en Venezuela) las propuestas de reforma.
Ni bien iniciadas las deliberaciones, el presidente de la Asamblea, el reconocido economista Alberto Acosta tuvo que ratificar que “la propiedad privada está garantizada”. Pero advirtió también que tendrá que cumplir con una función social y respetar también el medio ambiente que es de todos los ecuatorianos.
En la Constituyente ecuatoriana, el movimiento Acuerdo País que respalda al presidente Correa tiene la mayoría (80 de las 130 bancas). Señaló que en la sociedad ecuatoriana “las personas que más bienes tienen y que más ganan, son las que tienen que hacer una mayor contribución para el desarrollo”. Acosta intenta mentalizar a los sectores empresarios que deben tributar en función de sus beneficios, un primer paso para disponer de recursos para poder desarrollar los proyectos de mejoras sociales en salud, educación, infraestructuras. Objetivos razonables y bastante modestos, pero que no serán fáciles de alcanzar.

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2007-12-08 00:00:00
Etiquetas: Internacionales.
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