Bolivia recupera el control
de su gas y su petróleo

La decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar sus hidrocarburos,
cumple una de las principales reivindicaciones del pueblo boliviano. En los
últimos años grandes movilizaciones populares habían rechazado la entrega
de esos recursos por gobiernos que aplicaron las recetas neoliberales. Uno
de esos presidentes, Sánchez de Losada, tuvo que huir a Estados Unidos
derrocado por una revuelta popular, no sin antes intentar una represión que
dejó decenas de muertos y heridos entre los manifestantes. En diciembre del
año pasado, más de un 54 por ciento de los votantes, respaldaron el
programa del líder del Movimiento al Socialismo que incluía la
nacionalización y lo llevaron al gobierno. Cuando el 22 de enero pasado Evo
Morales asumió la presidencia, ratificó sus compromisos con el pueblo
boliviano, entre ellos, recuperar para Bolivia el control de sus recursos
naturales, y convocar la elección de una Asamblea Constituyente que pueda
dotar al país de una nueva constitución que –entre otras cosas – deberá
otorgar plenos derechos a los indígenas, una mayoría social ancestralmente
excluida y postergada. La idea central planteada por Evo Morales en las
movilizaciones populares y durante la campaña electoral, es la de
“refundar” Bolivia, término que implica adecuar el marco constitucional a
los cambios que requiere el país. Coincidiendo con sus primeros cien dias
de gestión, el gobierno ha cumplido con estos compromisos fundamentales:
convocó a elecciones para que el próximo 2 de julio el pueblo boliviano
pueda elegir los 255 diputados para la Asamblea Constituyente, y el pasado
primero de mayo, anunció desde uno de los principales campos de extracción
de gas en Tarija, la nacionalización de los recursos energéticos.

“Se acabó el saqueo
de nuestros recursos naturales”

Mientras miles de personas aguardaban el comienzo del acto del primero de
mayo en la Plaza Murillo de La Paz, Evo Morales viajaba hacia el sur,
acompañado por ministros y mandos de las Fuerzas Armadas. Pasado el
mediodía, la imagen del presidente y sus acompañantes aparecía por la
televisión y su anuncio llegaba también por las radioemisoras hasta el
último rincón del país: “El estado boliviano toma el control y la dirección
de la producción, transporte, refino, almacenaje, distribución,
comercialización e industrialización de los hidrocarburos en el país”. A la
vez que anunciaba la firma del decreto 28701, añadía enfáticamente: “Se
acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas
transnacionales”. La decisión soberana tomada por el gobierno de Bolivia
incluye otorgar a las empresas extranjeras que operan en el país un plazo
de 180 días para renegociar los contratos, si esa es su voluntad. De lo
contrario, tendrían que marcharse de Bolivia. Hasta ahora operaban en
territorio boliviano – entre otras- la española Repsol, Petrobrás
–brasileña- , British Gas y British Petróleum – británicas –; la francesa
Total, la argentina Plus Petrol, y las norteamericanas Panamerican Energy y
Exxon Mobil. Las reservas de hidrocarburos de Bolivia, son las segundas en
el continente después de las de Venezuela.

El decreto

La norma legal promulgada enumera los antecedentes de la histórica
decisión. Entre otros apuntes, el decreto incluye los siguientes
considerandos: 
 
“Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de
su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a
manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país.
Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la
contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera
soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los
hidrocarburos producidos en el país.
Que de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los artículos 136, 137 y 139
de la Constitución Política del Estado, los hidrocarburos son bienes
nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles
del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable.
Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos  – YPFB – ha significado no sólo un grave
daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al
entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector
estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales.
Que de acuerdo a los artículos 24 y 135 de la Constitución Política del
Estado, todas las empresas establecidas en el país se consideran nacionales
y están sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República.
Que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y
recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplicación a lo dispuesto
por la Ley de Hidrocarburos.” (…)

Reacciones

Con el correr de las horas, los medios de comunicación en España empezaron
a manejar el término de “inseguridad jurídica” para criticar la decisión
del gobierno boliviano. Lógicamente la preocupación está ligada a los
intereses que tiene en el país sudamericano la transnacional Repsol con
sede central en Madrid. Algunos cargos y funcionarios del gobierno de
Rodríguez Zapatero, mostraron
su preocupación con eufemismos como “no es una buena noticia” y
añadieron que «esto puede causar perjuicios a Bolivia». Otros fueron mas
explícitos y prefirieron hablar de “advertencias”, que en su lectura real
deben ser interpretadas como vulgares amenazas a la decisión de Bolivia de
actuar de forma soberana. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés
Solís Rada, dijo que le parecía lógica la preocupación de algunos países
europeos, pero añadió que “estos países deberían comprender que Bolivia no
podía pedir primero opinión de las empresas extranjeras porque esto
desvirtuaría totalmente el carácter de dignidad y soberanía que pretende
tener el gobierno de Evo Morales”.  Palabras  que estos gobiernos
«desarrollados» no están acostumbrados a escuchar

Hablando claro

Cierro transcribiendo el encabezamiento del correo que me envía un
compañero periodista desde Lérida, en el que no oculta su bronca con
relación al coro de comentarios ligeros y lamentos que se leen en columnas
de diarios y se escucha en las tertulias de las principales emisoras
españolas: “ Los ‘expertos’ ortodoxos de la globalización -que nutren la
mayoría de las tertulias y opiniones en las ondas y en el papel- están con
la misma cantinela: «Lo más peligroso de esta «nacionalización» es la falta
de seguridad juridica para las inversiones extranjeras y que puede tener un
efecto dominó sobre otros países en condiciones parecidas».  Dicho con
otras palabras: «Necesitamos una clase dirigente corrupta que haga unas
leyes beneficiosas -abusivas- para nuestras empresas que nosotros sabremos
recompensarles. La democracia participativa -llamémosle «populismo
demagógico» para descalificarla- es nuestro mayor enemigo, sobre todo si
viene amparada por sectores miserables e incultos de la población. Nuestros
expertos se encargarán de mantener esta situación o reconducirla en caso de
anomalías existentes. Tranquilos, sabemos que vosotros, los accionistas y
los dirigentes nacionales corruptos, sois el aliciente más importante para
mantener la competitividad de la empresa». A veces, hablar claro, ahorra
palabras y tiempo.