El pueblo mapuche, ignorado o reprimido durante la dictadura pinochetista, confiaba en que la democracia abriera las puertas a la comprensión de sus ancestrales reclamos y al diálogo con las nuevas autoridades del estado. Pero los acontecimientos indican que esas esperanzas, a la par de otras tantas de sus connacionales, se diluyen con el paso de los días, de los meses, de los años.
Los distintos gobiernos de la Concertación han tratado mal la situación del pueblo mapuche. En los diferendos entre las grandes empresas y los mapuches, sea por la propiedad de tierras, por contaminación o por cualquier otra causa, ocurre que el estado, la justicia y las «fuerzas de seguridad» parecen jugar con una misma camiseta, la de los intereses económicos empresariales. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias por hechos violentos en los que las víctimas suelen ser los mapuches. Los autores, unas veces propietarios de fundos, otras sus sicarios, y en muchas de ellas, las propias fuerzas «de seguridad» del estado chileno.
Pero el asesinato de un comunero mapuche, ocurrido el miércoles pasado en la región de la Araucaria, ha provocado una creciente movilización no sólo de su pueblo, sino de una parte importante de la sociedad chilena que día a día descubre que los que siempre estuvieron mal, van de mal en peor. A la marginación y las dificultades de supervivencia por acoso y no reconocimiento de derechos, se suma la violencia represiva y la muerte.
El trabajador mapuche Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años, fue muerto por carabineros durante el violento desalojo de un predio ocupado cerca de la ciudad sureña de Collipulli. Todo indica que el desalojo violento fue ordenado por el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma. La policía dice que «actuaron en legítima defensa». La presidenta dice que «lamenta lo sucedido» y propone diálogo, precisamente lo que vienen reclamando desde hace tanto tiempo los mapuches sin ser escuchados.
José Santos Millao, presidente de la Organización Nacional del Pueblo Mapuche Admapu, responsabilizó de los hechos al gobierno y al Estado. «Es tanta la angustia y desesperación que algunos hermanos se lanzan directamente a recuperar su territorio y, por lo tanto, no nos vengan a decir a nosotros que somos los terroristas, aquí el único responsable es el Estado chileno”, afirmó Millao.
Tristes coincidencias de la historia: el actual ministro Pérez Yoma es hijo de Edmundo Pérez Zujovic, responsable político de la masacre de 11 pobladores en Puerto Montt en 1969, cuando ocupaba ese mismo cargo durante el gobierno del ex presidente Eduardo Frei. Demasiadas cosas siguen sin cambiar en Chile. El otrora presidente Manuel Montt, quien pagaba por cada cabeza de indígena muerto, tiene monumento y una ciudad lleva su nombre. Siguen vigentes los homenajes, y se mantiene el criterio represivo y racista contra los mapuches.
En las últimas horas distintas comunidades anunciaron su incorporación al proceso de recuperación territorial. También se conocieron declaraciones solidarias de organizaciones indígenas del continente. Así lo indican los medios de comunicación mapuche que también lamentan la escasa repercusión que estos graves sucesos tienen en la mayoría de los diarios, canales y radios del país.