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AMAZONÍA

AMAZONÍA
Zona intangible y pueblos indígenas

En la Amazonía Ecuatoriana se disputan distintos sectores de poder,
como son los petroleros, los que tienen interés en la biodiversidad, los
que quieren comercializar los conocimientos ancestrales asociados a ésta, e
incluso el patrimonio genético de los pueblos indígenas. Paradójicamente,
el estado ecuatoriano ha fomentado la extracción intensiva de recursos y la
destrucción de la Amazonía, a pesar de ser uno de los ecosistemas más
frágiles del Planeta y el hábitat natural histórico y ancestral de
numerosos pueblos indígenas.

Áreas “protegidas”
Ante la inminente destrucción de la Amazonía, desde mediados del siglo
pasado, se crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador, sin que se
haga una crítica al modelo de desarrollo basado en el saqueo. La creación
de áreas protegidas sobre los territorios de los pueblos originarios no
impidió la depredación de ecosistemas. Y al mismo tiempo, abrió el camino a
los intereses particulares de las grandes organizaciones de la conservación
y al de grupos económicos dominantes.
En 1999 se creó, bajo decreto ejecutivo, la Zona Intangible (ZI) dentro
del Parque Nacional Yasuní PNY. El marco ambiental regulatorio sobre áreas
protegidas prohíbe toda actividad extractiva exhaustiva dentro de éstas;
sin embargo, la creación de la ZI redujo de hecho el marco para que
únicamente éstas estén exentas de actividades petroleras, dejando abierta
la posibilidad de intervenir en el resto del parque.
Este modelo extractivista encuentra una piedra de tope en la existencia
de pueblos que tradicionalmente han vivido y cuidado de la naturaleza. Se
debe reconocer que parte de la rica biodiversidad del Ecuador responde
directamente a la interrelación humana como parte del ecosistema. De la
misma manera, no es casual que los lugares donde se preserve en buen estado
los bosques y páramos estén justamente habitados por pueblos indígenas.
La declaración de una Zona Intangible como medida de protección
ambiental y de los pueblos que habitan en Parque Nacional Yasuní distrae la
atención sobre dos puntos medulares que han causado muerte y violencia: el
modelo de extracción intensiva de recursos naturales y el desconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Este decreto no cuestiona la dependencia ni la depredación que mantiene
el Estado sobre los recursos naturales, el modo como se extraen los mismos,
ni tampoco alternativas nacionales que se podrían plantear a este tema.

Matanzas
Como lo afirman varios medios, los violentos ataques perpetrados por
las petroleras, militares, iglesias y aventureros han causado un verdadero
genocidio hacia los Tagaeri y Taromenane. La matanza del 2003,
particularmente, obligó al Estado a dar respuesta ante esta condenable
situación de impunidad. En mayo del 2006 se da una nueva matanza a miembros
de estos pueblos. El decreto ejecutivo 2187, que persigue la delimitación
geográfica, no hace más que evidenciar la falta de entendimiento y voluntad
para lograr un proceso que permita avanzar hacia la construcción de un
Estado – nación vinculado estructuralmente a las reivindicaciones de
Derechos desde otras prácticas culturales. Los pueblos en aislamiento
representan el límite de la institucionalidad estatal y sus marcos
jurídicos, dejando al Estado una enorme deuda sobre sus vidas y cultura.
La “aparición” de los pueblos en aislamiento voluntario en el marco
jurídico nacional es una apuesta para el Estado. Son los pueblos indígenas
quienes han puesto en discusión la institucionalidad impuesta desde el
Estado al momento de tratar sus derechos, territorialidades y
cosmovisiones.

La ilegitimidad del decreto ejecutivo
La propuesta contempla la creación de un área intangible de 758.000
hectáreas y una zona de amortiguamiento de 10 km. alrededor, con la
supuesta intención de aislar los impactos directos sobre el área. Todo lo
contrario, la creación de una franja de amortiguamiento es un espacio
permisivo que fomenta la presencia de actividades petroleras y turísticas,
convirtiéndose en una puerta a actores externos. El Estado deja abierta la
posibilidad de explotación de recursos que han sido el móvil del genocidio.

En el caso del pueblo Huaorani, este Decreto Ejecutivo ha violado el
derecho de los pueblos a ser consultados a través de sus organizaciones
representativas, garantizado en la Constitución Ecuatoriana en el Artículo
84, 88 y en el Convenio169 de la OIT ratificado por Ecuador.

Realidades
La simple colocación de letreros no es suficiente para detener las
incursiones ilegales a la zona y tampoco garantizan la libre circulación de
los pueblos en aislamiento voluntario. La escasez de recursos que les
permite la supervivencia y la contaminación ambiental los empuja cada vez a
buscar el sustento en zonas más extensas. ¿Qué sucedería si se produce un
nuevo hecho violento en los alrededores de la ZI? ¿Son los pueblos en
aislamiento voluntario los responsables por haber cruzado los límites
establecidos? Esto demuestra la visión colonialista y racista que mantiene
el Estado y la sociedad ecuatoriana hacia los Pueblos indígenas, al
anteponer los supuestos intereses nacionales a los derechos humanos y
colectivos de estos pueblos.
La delimitación ha sido elaborada en complicidad con las grandes
transnacionales que tienen concesiones petroleras en la Reserva de la
Biosfera Yasuní. Estas compañías han facilitado mapas, información,
infraestructura y por último, han ejercido una presión considerable para
que en los últimos días del gobierno de Alfredo Palacio el decreto salga a
la luz. Es así como los límites han sido modificados en repetidas
ocasiones, respondiendo a los intereses de las petroleras, mas no a las
prácticas de movilidad y asentamiento de los Pueblos Tagaeri y Taromenane.

Conclusiones
La delimitación geográfica de la ZI es el resultado de la política de
un Estado que desconoce la diversidad cultural y que obedece a intereses
petroleros, madereros, conservacionistas y “la buena intención de proteger
a los últimos salvajes que habitan la Amazonía”.
El tema de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario no ha
sido abordado. El genocidio continúa siendo una amenaza permanente ante un
Estado insensible y una sociedad generalmente indiferente ante estos temas.

Aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que debería ser recogida en la
propuesta de la reforma constituyente e impulsada desde las organizaciones
indígenas.
Hasta ahora, el debate se ha centrado únicamente en la aprobación del
decreto ejecutivo, y ha dejado de lado las medidas emergentes que tienen
que ser tomadas y que ponen en evidencia las debilidades del Ministerio del
Ambiente en cuanto al manejo del tema forestal y petrolero.

Fuente: www.ecoportal.net

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2011-10-25 10:11:13
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