Cuando hace 8 meses el presidente Alan García nombró primer ministro a Yehude Simon, algunos sectores del país pensaron que se abría una posibilidad de solucionar algunos de los conflictos sociales que se acercaban a su punto crítico. Uno de ellos era el reclamo de los indígenas amazónicos, que rechazaban las leyes aprobadas en el parlamento que abrían la posibilidad del acceso de las grandes transnacionales a sus tierras y a la explotación de diversas materias primas y recursos naturales.
Pero los meses fueron pasando, las promesas no se cumplieron y finalmente los indígenas comenzaron una movilización que derivó en cortes de carretera exigiendo ser escuchados por el gobierno como lo indica claramente la enmienda de la OIT. Ni Simon ni el propio presidente buscaron una salida negociada, sino que montaron una operación represiva que resultó además una torpeza. Tuvo un saldo nunca precisado de muertos, pero seguramente pasaron del medio centenar, entre indígenas y policías. Hubo decenas de heridos y detenidos.
La protesta se extendió a otros sectores y movimientos sociales que denunciaron la masacre. Inclusive representantes de los policías peruanos criticaron muy duramente al gobierno por la forma en la que planificó su intervención y por la tragedia provocada.

Una vuelta de tuerca
Pues Alan García reemplazó a Simon -que a pesar de su fracaso tenía antecedentes de hombre dialogante- por un hombre “de partido”, un aprista muy próximo al presidente. Se trata de Javier Velásquez Quesquén, hasta ahora presidente del Congreso, una de las más desprestigiadas instituciones peruanas. Recientes sondeos entre la población le otorgan una aprobación pública que apenas sobrepasa el 10 % y la consideran un antro de corrupción.
Se supone que Velásquez deberá velar por el cumplimiento de los compromisos que asumió en su día Yehude Simon con la intención de desactivar las protestas en la selva peruana y en otras regiones del país. Pero los movimientos sociales han expresado su clara desconfianza en este “recambio” ministerial de Alan García. Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresó que “será un gabinete de choque y represión”.
Carlos Tapia, portavoz del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, declaró que la designación de Velásquez significa que “se impuso la línea dura en el gobierno”. Daysi Zapata presidenta en funciones de la asociación que representa a las poblaciones amazónicas, expresó que el nuevo gabinete “no les merece ninguna confianza”. Velásquez carece de peso propio y le debe su carrera política a Alan García, por lo que los observadores estiman que será un simple y obediente ejecutor de las órdenes del presidente.
En realidad, este paso no descomprime la situación, sino que significa una “vuelta de tuerca” en las políticas presidenciales practicadas en los últimos meses. No parece una designación apropiada para revertir la estrepitosa caída de popularidad del gobierno, y para afrontar los crecientes conflictos sociales en el país.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info.