Antes de 1976, Argentina era una de las sociedades más equitativas de América Latina. Con pujas constantes, con avances y retrocesos, lo cierto es que los trabajadores participaban de una porción más grande e igualitaria de la riqueza del país.
Con diversos protagonistas e intereses en juego, la dictadura de 1976 fue -en buena medida- una embestida de los sectores capitalistas en un intento por recuperar la porción de la torta que fueron perdiendo a manos de los trabajadores. Se instaló con muerte y represión un proyecto de país que necesitó de la desarticulación y dispersión de la fuerza de la clase trabajadora.
Los niveles de pobreza e indigencia, la destrucción de los salarios, la acuciante desigualdad social, devienen de un modelo que se impuso a sangre y fuego en los ’70 y se profundizó por vías constitucionales en los ‘90 con el gobierno neoliberal de Carlos Menem y la continuidad de Fernando De La Rúa, de cuyos gobiernos participaron activamente muchos de los que hoy Clarín y La Nación, entre otros, se ocupan en agrupar bajo el término “la oposición”.
Hoy, a 34 años del golpe de 1976, una distribución de la riqueza más igualitaria es un desafío que se actualiza y se vuelve fundamental para la democracia.
El “nunca más” a la represión, al miedo y la muerte -que enarbolamos dignamente y que enfatizamos el día 24 de marzo- es también un “hoy más que nunca” a la justicia.
Hoy más que nunca: derechos, democracia, desarrollo, distribución.
La memoria nos convoca a intervenir en la historia. La memoria adensa el presente, lo interroga, nos pone ante nuevas preguntas. La memoria nos desafía a preguntarnos sobre el futuro. ¿Qué país queremos tener dentro de otros 30 años? ¿Qué vamos a hacer como sociedad, como estado, como país, para que sea posible?
Adhiriendo a la propuesta del Centro Nueva Tierra, en su “Colectivo Ciudadanía. Iniciativa por la democracia y la justicia social”, presentamos una reflexión en base a un material publicado originalmente en agosto de 2006 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Es manifiesta la actualidad de esta entrevista al economista Eduardo Basualdo, coordinador del Área Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y un referente insoslayable en los principales debates políticos y económicos argentinos.

El golpe del 76 cambió las alianzas sociales
Para Eduardo Basualdo, la historia es un modo de iluminar el presente. El investigador considera que muchas de las consecuencias del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, “una divisoria de aguas entre dos modelos de acumulación”, aún están vigentes.
En su libro “Estudios de historia económica argentina”, revisa los últimos cincuenta años y encuentra que en 1976 se produce un gran punto de inflexión, porque el régimen económico que pone en marcha la dictadura es muy importante para comprender las características del proceso económico y social que le sigue. Antes de ese momento imperaba un modelo de sustitución de importaciones que tenía algunas paradojas. Por ejemplo, entre 1955 y 1975, hay crisis recurrentes de balanza de pagos que fueron encaradas con políticas de ajuste destinadas a reducir el gasto de divisas. Hasta 1964, esos ajustes provocan caídas en el Producto Bruto, pero a partir de ese año ya no interrumpen el crecimiento del PBI ni de la industria. Entre 1964 y 1975 tuvimos el crecimiento industrial más importante de la historia argentina.
Más allá de las críticas para con esa etapa en cuanto no generaba las suficientes exportaciones para garantizar la sustentabilidad del crecimiento, Basualdo las desestima porque “no se ajustan a la realidad. De hecho, en los años previos al golpe, las exportaciones crecen a un ritmo de dos dígitos anuales y las exportaciones industriales crecen más que el PBI industrial. En este período hay endeudamiento externo, pero para comprar insumos y bienes de capital, es decir, está relacionado con el crecimiento industrial. Por eso, la sustitución de importaciones tenía recursos para seguir avanzando, no estaba agotada, como se sostiene habitualmente”.
A esa altura, el entrevistador Julio Sevares interroga por qué entonces en ese marco hubo sectores económicos que apoyaron el golpe, a lo que Basualdo responde sin aludir explícitamente a las patronales del campo que tomarían dimensión mediática con la famosa Resolución 125 cuando decidieron desabastecer el mercado interno. Pero el esquema es el mismo: “El apoyo principal al golpe provino de un sector de la tradicional oligarquía agropecuaria, parte de la cual estaba asociada con la industria. Otro sector fue el capital financiero, que luego se benefició con los cambios económicos que permitieron la obtención abundante de ganancias financieras”.

Golpe militar y cívico
La mirada integral planteada por Basualdo asigna al golpe motivos sociales y económicos, estableciendo que “una razón crucial fue la pugna social y el propósito de frenar el creciente avance de sectores populares desarrollado, precisamente, durante y a consecuencia de la industrialización”.
Con el objetivo principal de cambiar la distribución del ingreso y realizar una transferencia de ingresos desde el trabajo hacia las fracciones que tenían el poder en la Argentina, es decir, acreedores externos y grupos económicos locales, la dictadura de los genocidas debió contar con el apoyo de cámaras empresariales afines: “Para evaluar el papel de los intereses financieros hay que tener en cuenta los cambios que se estaban produciendo en el mercado mundial. En la década del 70 comenzó una desregulación de los sistemas financieros nacionales y la liberalización de las corrientes de capital a nivel internacional, que facilitaron la obtención de ganancias financieras en casi todo el mundo. Este escenario promovió lo que denomino ‘un nuevo patrón de acumulación económica’ que se caracteriza por la desindustrialización y concentración del ingreso.
Durante el período de sustitución de importaciones, la política económica estaba centrada en la producción de bienes y servicios, el endeudamiento externo financiaba la producción y los fenómenos monetarios eran dependientes de esos procesos. Luego, el endeudamiento pasó a ser una palanca para tener ganancias financieras; la política monetaria tomó un papel protagónico y los procesos productivos, la economía real, uno subordinado. Lo problemático es que las políticas monetarias, cuyo objetivo era combatir la inflación, fracasaron”.

Una economía en base a la renta financiera
En momentos en que se debate el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda externa, ayuda la comprensión del escenario internacional en que se generaba esta deuda inmoral, injusta y fraudulenta: “Las tasas de interés en el mercado internacional eran sistemáticamente inferiores a las del mercado local. En esas condiciones, las empresas y los inversores locales podían endeudarse en el exterior, recolocar su dinero internamente y ganar una diferencia. Cuando las condiciones económicas se complican o se teme una crisis, como sucedió al final del período de Martínez de Hoz, los pesos se reconvierten en dólares y se remiten al exterior.
Por eso la deuda y la fuga de capitales fueron dos caras de la misma moneda; fueron parte de un mismo fenómeno económico. Es importante remarcar que el endeudamiento y la fuga de capitales no tienen que ver con los fondos buitre de corto plazo. Existieron, pero no son determinantes”.
Basualdo es contundente acerca del carácter del origen de la deuda externa como consecuencia de una forma de organización económica: “En la generación de la deuda externa se conjugan intereses externos con otros internos. Unos son deudores y otros son acreedores, y tienen pugnas y alianzas. En este punto es decisiva la redefinición del papel del Estado que produjo la dictadura militar. A partir de la Reforma Financiera de 1977, el Estado dejó de financiarse con préstamos del Banco Central y comenzó a hacerlo con créditos internos y externos. La demanda estatal de crédito interno contribuyó a sostener elevada la tasa de interés, por encima de la internacional, lo cual estimuló el ingreso de capital especulativo. A su vez, el Estado se endeudó en el exterior.
Es decir, que de una y otra forma, estimuló el ingreso de divisas. Pero esas divisas no irían a financiar la producción sino la fuga de capitales. Otro aspecto es la ubicación que tuvo el Estado cuando el proceso de endeudamiento entró en crisis. En ese momento, se estatizó la deuda externa privada utilizando diversos instrumentos como seguros de cambio y emisión de todo tipo de bonos, operación que se prolongó hasta 1986 y 1987”.
Nombres como Domingo Cavallo o Daniel Marx provienen de esa época, y se extendieron en los mandatos de los democráticos Menem y De la Rúa, es decir, una continuidad sin marcas entre la política económica de la dictadura y la de la ya entrada democracia: “La política económica no sólo estuvo dirigida a provocar una caída de dieciocho puntos en la distribución del ingreso en pocos años. Además, modificó la estructura económico-social para que esa política tuviera sustentabilidad a través del tiempo. En el período de sustitución de importaciones había una alianza no típica entre asalariados y sectores empresarios nacionales, que era la base de sustentación del peronismo. La dictadura no sólo pauperiza a los trabajadores sino que liquida a la burguesía nacional.
Por supuesto, posteriormente hubo cambios. Por ejemplo, sectores supervivientes de esa burguesía se alinearon con los sectores más concentrados. Es decir que se rompe el antiguo sistema de alianzas sociales y a partir de allí se produce una redefinición del sistema político. A esto se agrega que las cúpulas de los partidos de base popular son cooptadas por el poder económico. Por eso, aunque haya partidos que siguen reclamándose populares, ya no funcionan como tales. Esta es la base de la crisis de representatividad política en la Argentina”.

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