El CSU aprobó en su última sesión
plenaria el proyecto de resolución por el cual se avalaba el informe de una
comisión ad hoc integrada por especialistas del Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia sobre el proyecto de la empresa YPF de efectuar un
dragado entre Puerto Galván y Puerto Cuatreros para instalar allí una planta
regasificadora.

Pasadas
las 18 horas, un numeroso grupo de personas se dio cita en el segundo piso del
edificio que la Universidad Nacional del Sur (UNS) posee en avenida Colón 80.
En ese lugar, realiza sus encuentros plenarios el Consejo Superior
Universitario (CSU) de la casa de estudios, que se disponía a tratar el
proyecto de resolución por el que se proponía avalar el estudio que once
profesionales del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia realizaron
sobre el impacto ambiental que ocasionaría la ejecución de la iniciativa de la
empresa YPF que prevé efectuar un dragado en las aguas que van de Puerto Galván
a Puerto Cuatreros, para instalar en cercanías de General Daniel Cerri una
planta regasificadora.
Dos horas antes, en el complejo que la UNS posee sobre Avenida Alem 1253 se
había montado una clase pública sobre el polémico proyecto de la petrolera, y
el posicionamiento que la casa de estudios debía mantener en torno al mismo.
Por entonces, aún no había llegado la noticia que confirmaba que,
efectivamente, el tema había ingresado al Orden del Día a tratar sobre tablas.
Durante las primeras horas del día había circulado el trascendido que indicaba
que, por disposición del secretario del CSU Diego Duprat, el punto no sería
debatido en la jornada deliberativa.
La disposición no era arbitraria, pues se encuentra dentro de las facultades
del rectorado la determinación del Orden del Día a tratar. Pero sí resultaba
polémica, habida cuenta las posiciones encontradas que registra la iniciativa
de YPF y la inminente realización de la audiencia pública en General Daniel
Cerri, prevista en principio para el miércoles 16 de noviembre.
Sin embargo, por insistencia de algunos de los miembros del CSU, el punto
finalmente ingresó en el temario y fue discutido sobre tablas por los
consejeros presentes.

Hacia atrás
A pedido del defensor público oficial Gabriel Jarque, once investigadores
especializados del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS se
constituyeron en comisión ad hoc para analizar los posibles efectos que el
proyecto de YPF podría ocasionar en el medio ambiente del sector.
El estudio, tal como informó EcoDias, se conoció a fines del mes de octubre
último y llevaba las firmas de los doctores Mónica Baldini, María Amelia
Cubitto, Sandra Fiori, Andrea López Cazorla, Pablo Martín, Ana Julia Nebbia,
Elisa Parodi, Paula Pratolongo, Cecilia Popovich, Daniel Tanzola y Sergio
Zalba, todos con experiencia en temáticas ambientales costeras.
La conclusión a que arribó el grupo de académicos indica “que el sitio
propuesto para la ampliación del sector portuario, sumado a la extensión del
dragado requerida para dicho emplazamiento, resulta absolutamente inapropiado y
completamente desaconsejable desde el punto de vista ambiental”.
Por ello, recomendaron “revisar esta decisión, evitando su localización en el
área interna del estuario donde el estuario constituye, sin dudas, una pieza
fundamental para el desarrollo de la región. Como otros ecosistemas de humedal,
se trata de un área de altísima productividad y de particular concentración de
diversidad biológica”.
 “Las obras asociadas a la
infraestructura portuaria (dragado, instalación de muelles, relleno de
planicies de marea) suponen un impacto de altísima magnitud sobre las
comunidades acuáticas y costeras, que se extiende más allá del sector donde
éstas se emplacen”, añadieron.
 Por otra parte, un incremento en el movimiento
portuario en el lugar provocaría, según los científicos de la UNS, “procesos
crónicos de alteración ambiental así como un aumento del riesgo de accidentes
ambientales severos, tales como derrames de hidrocarburos líquidos, escapes
gaseosos y la introducción de especies invasoras con el agua de lastre”.
El Consejo Departamental de la mencionada unidad académica de la casa de altos
estudios bahiense avaló pocos días después el estudio reseñado y reiteró “su
preocupación por el impacto particularmente alto que tendría la expansión del
sector portuario hacia el área interna del estuario”.

Dictámenes en pugna
A la cita en el plenario del CSU llegaron dos dictámenes en pugna, que
finalmente contribuyeron a la redacción final de la resolución aprobada.
El primero de ellos estaba firmado por los consejeros Schbib, Lista, Marfil,
González y Martínez, y provenía de la comisión de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas, Institutos, Becas, Subsidios y Extensión.
El proyecto de resolución daba por visto el informe de los profesionales del
Departamento de Biología pero, considerando que “es conveniente que la
universidad se expida en un tema de trascendencia regional” y que “se cuenta sólo
con las conclusiones de este Departamento Académico”, evaluaba que “un estudio
de impacto ambiental es multidisciplinario”.
Por ello, proponía “manifestar su preocupación sobre el proyecto teniendo en
cuenta las conclusiones del informe técnico elaborado por el Departamento de
Biología, Bioquímica y Farmacia” y “conformar una comisión ad hoc
multidisciplinaria a fin de realizar un estudio integral del proyecto”.
El otro dictamen provenía de la comisión de Interpretación y Reglamento. Estaba
rubricado por los consejeros Alonso, Vera, Cimatti, Martínez Gravino, Amorosi,
Castellano, Milanesi y Lucanera.
El texto citaba varias de las afirmaciones de los investigadores firmantes del
informe y recordaba el aval institucional que ya había dado al mismo el
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. A la vez, coincidía con el otro
proyecto de resolución al incluir entre sus considerandos que “la importancia
que el tema tiene para la comunidad amerita que el Consejo Superior
Universitario se pronuncie”.
Por ello, proponía “adherir al pronunciamiento del Consejo Departamental de
Biología, Bioquímica y Farmacia que tiene entidad para expedirse sobre la
conservación del ambiente y la adopción de políticas compatibles con el
desarrollo sustentable y expresar de manera clara e inequívoca su parecer
técnico respecto de emprendimientos que puedan afectar los valores
mencionados”.

Comisión
Tras un extenso debate -que incluyó el pronunciamiento de manifestantes y
el llamado del consejero Cantamutto a no oponerse al desarrollo-, el CSU votó
una resolución que incluía parte de los dos dictámenes.
El texto final toma los considerandos de ambos proyectos, por lo cual adhiere
“desde lo disciplinar, al pronunciamiento del Consejo Departamental de
Biología, Bioquímica y Farmacia”.
A su vez, expresa la “preocupación” del CSU de la UNS por “el proyecto teniendo
en cuenta las conclusiones del informe técnico elaborado” y, considerando
“conveniente completar el análisis con la visión de otras disciplinas”, dispone
la creación de “una comisión ad hoc multidisciplinaria a fin de realizar un
estudio integral del proyecto”.
Durante la mañana del jueves 10, la secretaría del CSU remitió a todas las
unidades académicas de la UNS un correo electrónico por el cual las invitaba a
participar de la mencionada comisión ad hoc, solicitando un listado de nombres
de las personas interesadas. Aún no se ha confirmado una fecha para el inicio
del trabajo de dicho cuerpo.

Análisis de viabilidad ambiental de la
UTN

El GEIA de la UTN local dio a conocer un
informe elaborado por siete expertos de esa casa de estudios en torno al
proyecto de YPF para el estuario bahiense. El pronunciamiento también llegó en
respuesta al pedido del defensor público oficial Gabriel Jarque.

Con la firma del doctor ingeniero Horacio Campaña, director del Grupo de
Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Facultad Regional Bahía Blanca de
la Universidad Tecnológica Nacional (FRBBUTN), se dieron a conocer el pasado 7
de noviembre las conclusiones de un 
estudio que se encaró a pedido de la Defensoría oficial. Según reza en
el escrito, la comisión ad hoc estuvo integrada por el director del
Departamento de Ingeniería Civil de esa casa de estudios Eduardo Bambill, la
directora de la Maestría en Ingeniería Ambiental Aloma Sartor, la especialista
en Puertos Daniela Escudero y Olga Cifuentes, Sergio Zalba, Carlos Frank, y
Domingo Campaña, todos miembros del GEIA.
Luego de desarrollar un pormenorizado análisis del caso, los autores del texto
concluyen que “la magnitud del impacto previsible y la existencia de
alternativas que ‘a priori’ parecen compatibles con la protección de la
integridad del estuario y con parámetros sostenibles de crecimiento, llevan a
esta comisión a advertir firmemente que la localización de este proyecto en el
sitio propuesto es inadecuada, considerando tanto los aspectos ambientales,
como la propia sustentabilidad de la operatoria, ordenamiento y crecimiento de
la actividad portuaria en todo el estuario y en la región completa”.

Conclusiones textuales
“1- Un enfoque limitado que excluya la evaluación de localizaciones
alternativas resulta insuficiente y parte de premisas que a juicio de esta
comisión, llevarían a una decisión errónea desde el punto de vista ambiental y
estratégico de desarrollo. El análisis de prefactibilidad a nivel del estuario
completo es un requisito indispensable para una evaluación realista de la
viabilidad ambiental del proyecto.
2- El proyecto bajo análisis ignora las conclusiones de los procesos de
planificación participativa desarrollados en el ámbito de la ciudad de Bahía
Blanca durante los últimos quince años. Dichas instancias, en las que tomaron
parte docentes de esta universidad junto a miembros de organizaciones públicas
y privadas de la comunidad, combinaron factores de aptitud y potencial
ambiental y señalaron la importancia de conservar el valor ambiental del sector
interno del estuario, dirigiendo la actividad portuaria hacia el área externa.
3- Restringir el análisis a las obras de dragado y a la infraestructura de
muelles y planta regasificadora resulta completamente insuficiente. El análisis
de viabilidad ambiental no puede excluir la consideración del impacto global de
la construcción de un centro de actividad industrial y portuaria que trasciende
en escala y complejidad las actividades propuestas en el proyecto de
regasificación y que, inevitablemente, seguirá a la apertura del canal y al
establecimiento de tierras para asentamiento de infraestructura.
4- Desde el punto de vista técnico portuario, el estuario de Bahía Blanca
presenta una heterogeneidad en sus características, tanto a nivel de costas y
del área marina, como de infraestructura de dragado, que viabilizan la
instalación del proyecto en sitios alternativos donde el impacto resultaría
significativamente menor, y no existirían, a juicio de esta comisión,
restricciones para que la obra se desarrollara bajo esas premisas”.