Pequeños productores, integrantes de pueblos originarios, los “sin tierra” y grupos urbanos: la problemática de la tierra afecta a todos.
En la lucha por la tierra que apoyan diversas organizaciones que buscan transformar en algo colectivo el derecho al acceso a la tierra, surgen historias que, aunque duras, son historias cotidianas en nuestra Argentina.
Desde el Movimiento Campesino Indígena, integrado por el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), y organizaciones de otras seis provincias, remarcan que el principal problema en la mayoría de los casos que ellos acompañan “no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión, contaminación ambiental y degradación de los suelos”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración.
En Argentina, según el último censo agropecuario, el 10% de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78% de las tierras, mientras que el 60% de las fincas más pequeñas se reparte apenas el 5% de la superficie cultivable del país.
Presentamos dos recientes situaciones en dos provincias distintas que ejemplifican que la problemática de la tierra debería ser… un problema a resolver por todos.

Golpes, disparos y detenciones
Domingo Leguizamón tiene 18 hijos, más de 30 nietos, medio cuerpo paralizado por una hemiplejia y un bastón con el que se ayuda para caminar. Nació, se crió y vive en el paraje El Calderón-Lote 5, a 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, pleno monte santiagueño. Integra la comunidad indígena Guaycurú y cuenta con 400 hectáreas, de donde obtiene leña y cría animales. Su parcela cuenta con una particularidad: está rodeada de sembradíos de soja, que desde hace tiempo pretenden avanzar sobre el bosque nativo que preserva Leguizamón.
En agosto último, el abogado Carlos Alberto Gozal irrumpió en el campo con 15 guardias armados y comenzó a alambrar. Amenazaron a la familia Leguizamón, le mataron sus animales e inutilizaron el pozo de agua comunitario (le arrojaron combustible y basura).
“Don Legui”, como todos llaman al hombre, realizó dos denuncias, el 20 y 29 de agosto, por usurpación de propiedad, amenazas de muerte y daños. Pero el juez de la Cuarta Nominación, Ramón Antonio Tarchini Saavedra, no ordenó ninguna medida en defensa de los campesinos. Luego de dos meses de inacción judicial, el viernes 26 de octubre, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) organizó la retoma del campo: centenares de familias organizadas llegaron hasta el lugar, desarmaron a los guardias privados y desalambraron las hectáreas ocupadas por el abogado Gozal, quien denunció a Domingo Leguizamón por “usurpación”.
Con inusual rapidez, el juez de la Tercera Nominación, Jorge Salomón, ordenó la detención del anciano y ancestral dueño del campo -con violento operativo mediante–, pidió el encarcelamiento de 15 integrantes del Mocase y el allanamiento de la sede de la organización (en Quimilí), donde funciona una radio comunitaria, una cooperativa de trabajo y una escuela campesina. Leguizamón estuvo detenido e incomunicado durante seis días. Y el juez Salomón aún persigue a los restantes campesinos.
“Es algo insólito. Hay un fallo judicial que reconoce la propiedad a Don Legui. Además, la Justicia no reaccionó ante las dos denuncias contra Gozal y los paramilitares. No hubo una sola acción del juez Tarchini Saavedra. Y, para peor, el otro juez (Jorge Salomón) persigue y detiene a las víctimas en lugar del usurpador. Esta represión, con Gerardo Zamora como gobernador, es volver a la época del juarismo”, denunciaron desde el Mocase. Este último dato refiere a Carlos Juárez, quien gobernó la provincia durante cinco décadas, durante las cuales el campesinado santiagueño sufrió duras agresiones.

Un modelo agropecuario
Desde el Mocase explicaron que desde la década del ‘90, con la fiebre de la soja, la provincia vive una oleada de desalojos, con “complicidad política y judicial”. Según evaluaciones de la organización, con los agrocombustibles (que implica la obtención de nafta a partir de oleaginosas, idea impulsada por empresas multinacionales y Estados Unidos) se multiplicarán los intentos de usurpaciones y los desmontes.
Santiago del Estero, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, encabeza la lista de provincias que más desmontan: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 71,61% más que entre 1998 y 2002. Y sólo con las familias que participan en el Mocase, existen tres millones de hectáreas en conflicto.

También en Córdoba
En las remeras de los 11 campesinos enjuiciados y de las familias que esperaban ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje a 140 kilómetros al noroeste de Córdoba capital se leía: “Ni un metro más. La tierra es nuestra”. Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate judicial 2.000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales, sembradíos, viviendas y hasta las familias campesinas dentro.
Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.
En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1.600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Ángel Francisco Andreu.
Los 11 acusados declararon ayer (20 de noviembre). Todos reivindicaron la acción como legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político de Córdoba”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba.

Fuente: Página/12