Agrupaciones ambientalistas y sociales exigieron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Su reclamo surge luego de que funcionarios dieran señales contrarias a la implementación de la normativa sancionada en noviembre de 2005 sobre la gestión ambiental del servicio público más importante que administra el machismo: recolección y disposición de residuos sólidos urbanos.

María Eugenia Di Paola, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), encabezó la conferencia de prensa en la que solicitó que sea respetado el acceso a la información pública sobre los nuevos pliegos para licitar el servicio. «El cambio de criterio de zona limpia a pago por peso coloca a las empresas en la lógica opuesta a la Ley, va a ser más negocio mientras menos basura se recicle», advirtió a su vez Juan Carlos Villalonga, director ejecutivo de Greenpeace.
El sistema de zona limpia se implementó de acuerdo con el espíritu de la Ley 1.854 de Basura Cero, para evitar justamente que las empresas especulen con que una mayor recolección que termine en los rellenos sanitarios sea más dinero para su ganancia. Esto debía estar articulado con la separación de residuos en origen que debe realizar todo ciudadano, para lo cual se estableció el sistema de doble contenerización donde el vecino puede dejar en el recipiente adecuado el material reciclable.
Sin embargo, desde la gestión PRO los rumores se transformaron en trascendidos a la prensa y estos parecen riesgosamente traducirse en el pliego de servicio de higiene urbana que presentará el gobierno de la ciudad. «La recolección diferenciada de basura le sale mucha plata al Estado y no sirve para nada, porque cuando se abren los contenedores, todos los residuos están mezclados. Tampoco vamos a gastar plata en una campaña de concientización de la sociedad, porque el sistema evidentemente fracasó», fue la declaración a Clarín del ministro de Espacio y Ambiente, Juan Pablo Ricardo, que causó indignación entre los ambientalistas.
Para Villalonga, se trata de un «argumento perverso» ya que le echa la culpa a la gente por el fracaso cuando el gobierno no garantizó que existan campañas de comunicación que expliquen las razones del sistema. «Falló porque no hubo educación y si no se educa a los vecinos como hicimos en Palermo no es posible cumplirlo», expresó Cristina Lescano de Cooperativa El Ceibo.
Un pliego de barrido y recolección de residuos que no contemple una fuerte apuesta a la educación ambiental condena al fracaso a priori toda gestión de separación de residuos y reutilización del material.

¿Reciclaje cero?
De hecho, el artículo de Clarín reconoce que «en los pliegos nuevos de contratos de recolección de basura que prepara el Gobierno de la Ciudad, no se habla de separación, de recolección diferenciada ni de reducción». Para la visión del funcionario: «La razón es que no debe mezclarse limpieza con reciclado. Las empresas se encargarán de la recolección y será el Estado el que tomará a su cargo la Ley de Basura Cero, que por ahora evidentemente no funciona, porque durante 2007 la cantidad de basura que los porteños envían a los rellenos sanitarios no sólo no disminuyó, sino que creció un 10%».
Claro, uno puede preguntarse con toda razón cómo se realizará el reciclaje sin «gastos en concientización» y con incentivos para las empresas recolectoras para llevarse más basura. Mucho menos se entiende si es cierta la información del recuadro de Clarín, puesto que si «en el macrismo aseguran que no se modificaría el monto que hoy la Ciudad invierte en la recolección de basura, que es de 700 millones de pesos, pero que la Ciudad estará más limpia», no se entiende el argumento de que es un sistema más caro, cuando costará lo mismo y no se obliga en el pliego a hacer campañas de comunicación.

Información cero
Pero el gran problema es que si queda la esperanza de que el gobierno tenga un novedoso plan maestro que hará cumplir la Ley por sus propios métodos, no es posible probarlo porque existe escasez de información pública sobre el tema. Por ello, las organizaciones FARN, Greenpeace, GAIA, Fundación Metropolitana, CIPPEC, ADC, Fundación Ecologista Verde, Fundación Vida Silvestre y las Cooperativas El Ceibo y El Álamo le solicitaron que «garantice la transparencia y la participación ciudadana en los nuevos contratos para la recolección de residuos».
No ha habido en este sentido avances sino más bien retrocesos desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley, que incluyó la lectura sobre un nuevo reglamento que se objeta por restringir el protagonismo de la sociedad civil en un proceso que necesita justamente de que la población se involucre. En última instancia, pareciera que el gobierno no quiere que se difundan los contenidos de la normativa, para poder actuar por fuera de ella.
Acerca del argumento de que la utilización de residuos de poda y escombros para relleno representa un 10%, Allen los contradijo al decir que era sólo un 2,5% de la basura, y que ya se recogía por separado. Elisa Montoya, de Cooperativa El Álamo, mantiene por su parte la esperanza, ya que la presión social de los cartoneros será la que hará cumplir sí o sí la ley, ya que de ello depende el trabajo de ocho mil personas.

Confianza Cero
Es preocupante el cinismo del jefe de Gabinete de Piccardo, Fabián Rodríguez Simón, que volvió a contradecirse al expresar en la reunión de seguimiento que no se pensaba en la incineración, y al decir ahora que se trata de un método «absolutamente limpio» y casi hasta bueno para el medio ambiente, porque produciría energía, sin contar la que consume. «El gobierno de la Ciudad sólo está dispuesto a soluciones simplistas que no tienen en cuenta la salud de la población ni los impactos ambientales», es la opinión pesimista de los dirigentes.
En vez de confundir a la ciudadanía con cambios en el sistema de recolección de residuos sin concientización ambiental, estaría bueno profundizar lo que estaba encaminado en la gestión anterior. No pueden negarse los errores y los retrasos, pero lo que las organizaciones perciben es que no existe voluntad política para llevar adelante el reciclaje.
Educar lleva su esfuerzo y tiempo, pero bien vale la pena para lograr una sociedad sustentable. Las organizaciones esperan también agotar todas las instancias posibles de diálogo, que fueron frenadas por las trabas a la comisión de seguimiento, antes de acudir a la vía judicial ya que, en definitiva, se trata de cumplir la ley, como le gusta decir a la gente pro.

Fuente: www.ecoportal.net