Quien lo recusó a Padilla, fue el defensor de un represor bajo el argumento de que era parcial por haber actuado en otros juicios y haber defendido a víctimas del terrorismo de Estado.

El defensor del represor Luis María Delaico, es Sebastián Olmedo Barrios.

Argumentó que Padilla “tiene una posición política tomada” haciendo referencia a la causa de lesa humanidad, y menciona su trabajo como abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Esos son los mismos argumentos que sostuvo la Cámara, que parece haberse desplazado a las épocas, no lejanas, de estar integrada por un Personal Civil de Inteligencia.

Lo sorprendente es que de los tres jueves que la integran ahora, dos, Ferro y Triputti, conformaron el tribunal que llevó adelante los tres juicios históricos de lesa humanidad en la ciudad.

Compartimos en esta página el comunicado difundido por los Organismos de Derechos Humanos (DD.HH) de Bahía Blanca.

Documento de los Organismos DD.HH bahienses por fallo de la Cámara Federal bahiense.

Los fallos en el marco de condenas adecuadas, las resoluciones que van en favor de los más desprotegidos, la supuesta comprensión y acompañamiento, sin privilegios para nadie, de lo que judicialmente se estableció para juicios justos , a derecho, y en el marco de la Constitución; todo ha sido vulnerado nuevamente por una cámara, que como la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, parece no librarse de una especie dogma que siempre sostiene la impunidad como mandato y la teoría de los dos demonios adaptada.

Una Cámara que no tiene memoria de los jueces y fiscales dignos, que cumplieron con el mandato recibido como Cotter, Larraza y Cañón. Una Cámara que hoy asume el mandato del Agente Civil de Inteligencia de la dictadura hoy ex juez. Una Cámara, que recibe “visitas” políticas no públicas ni publicadas, de un operador radical de derecha como el secretario parlamentario Juan Pedro Tunessi. Que reitera un cargo ya juzgado, pero que con una excusa futil se permiten darle una vuelta más de tuerca para borrar del sistema al Dr. Alvaro Coleffi, único funcionario judicial que como Juez Ad Hoc se atrevió a poner a declarar al propietario del diario golpista La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, por su rol durante la dictadura y su relación con los asesinatos de los obreros gráficos Heinrich y Loyola.

Esta Cámara es la que también rechazó hace un tiempo la apelación que hoy está en Casación sobre la Causa Massot, y que está integrada por los jueces del TOF que juzga los crímenes de lesa humanidad en la ciudad, Triputti y Ferro, que resolvieron mandar a investigar justamente al propietario del diario La Nueva Provincia. Ahora deciden junto al juez Candisano Mera, cuya mayor idoneidad es actuar pendularmente pero siempre sin salirse de la prédica de la corpo judicial para mantenerse, aceptar la recusación de abogados defensores de los imputados con argumentos que instalan jurisprudencia grave y riesgosa para el juzgamiento a los genocidas. Lo hacen incluso extemporáneamente (y he ahí lo sospechoso además de su medida) aceptando la recusación del juez Ramos Padilla, que se retirara de la ciudad en diciembre luego de la medida que tomara la Corte contra las subrogancias establecidas por ella misma, para volver a su juzgado de origen en Dolores.

La Cámara de Triputti, Ferro y Candisano Mera, asumen como propios argumentos como este: “el magistrado ha sido y es un conspicuo militante a favor de las organizaciones no gubernamentales que querellan en causas por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluso ha actuado como letrado querellante en juicios relacionados con esta misma temática” (…) “toda vez que resulta la forma más acabada de garantizar el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, encontrándose prohibido que intervengan quienes lo hayan hecho anteriormente de cualquier modo que les haya impuesto formar juicios de valor descartando hipótesis desincriminantes.”(…) “Concluyen en que el Dr. Ramos Padilla tiene opiniones preconcebidas sobre el caso a resolver y debe ser apartado. Dejan reservada desde ya, la vía casatoria y extraordinaria para el caso de que no se haga lugar a la recusación, y para el caso de que la misma triunfe, dejan planteada la nulidad de todos los actos procesales en los que intervenga el juez recusado.”

Todos los antecedentes en la lucha por los Derechos Humanos por parte del juez Ramos Padilla son públicos y figuran en su curriculum de presentación a concurso en su momento para el cargo de juez.

Los argumentos en favor de los abogados defensores establecen una clara decisión de gestar nuevos espacios de impunidad. Decir que haber sido abogado de partes en la lucha contra la impunidad y condena de los crímenes de lesa humanidad, establece imparcialidad, es como decir que un abogado que se presente a concursar como juez habiendo defendido narcotraficantes, o estafadores, o evasores, o lavadores de dinero, u otros delitos está contaminado de imparcialidad para juzgar luego hechos como esos. Pero no termina allí la maniobra pro impunidad de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Lo hacen también fundados en una mentira burda, lo que agrava mucho más su proceder e incluso hasta podría ser pasible de nulidad la resolución.

Dicen más adelante:

“En primer lugar, previo a iniciar el debate a fin de resolver si se debía remover a quien subrogaba hasta ese momento el juzgado y reemplazarlo por el Dr. Ramos Padilla (y no otro), se le otorgó la palabra al Fiscal Federal en esta causa, Dr. Palazzani, anunciándole previamente que es para que informe a fin de tomar la decisión de designar al Dr. Ramos Padilla o no; además se le otorgó la palabra al señor Eduardo Hidalgo, parte querellante en estos autos en representación de la APDH, entre muchos otros. Asimismo se encontraban presentes (y en algunos casos también tomaron la palabra) la Sra. Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo, representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de H.I.J.O.S.(Regionales Capital Federal, Bahía Blanca, La Plata, Zárate y Campana), el Dr. Jorge AGUAD (Titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), Carlos PISONE (Subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos de la Nación), Dr. Martín FRESNEDA (Secretario de Derechos Humanos de la Nación), Dr. Hugo CAÑÓN (ex fiscal en Bahía Blanca y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria) y la Dra. Laura CONTE (CELS).”

Nunca en ese acto en el Consejo de la Magistratura, se trató la designación del juez Ramos Padilla para el juzgado federal N° 1. La sesión en la que participaron a quienes se nombra, fue en virtud de la denuncia por mal desempeño en sus funciones del secretario Ulpiano Martínez que subrogaba el juzgado mencionado y el secretario Mario Fernández Moreno. Esto deja en claro la operatoria política y judicial que se embosca en semejante falsedad y que ensucia a los organismos de DDHH bahienses, sus dirigentes, como también a otros funcionarios y ex funcionarios que participaron de la sesión sin que se haya nombrado nunca al Dr. Ramos Padilla como candidato para cubrir el juzgado federal N° 1.

Es entonces indudable que el objetivo de esta resolución ha sido de interés de quienes no pudieron mantener al secretario Ulpiano Martínez y al secretario Mario Fernández Moreno, y entregar a la impunidad resoluciones tomadas durante la gestión del Dr. Ramos Padilla e impedir la llegada de un juez con antecedentes como los del mismo Padilla.

La Asamblea Permanente por los DDHH de Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca, y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, hacemos pública nuestra advertencia frente a resoluciones como estas que marcan la destrucción del camino de justicia instaurado llamando a estar atentos a las próximas condenas que se dictarán en la ciudad, una vez que después de más de un año jueces como Triputti y Ferro se decidan a iniciar las audiencias para las tres nuevas elevaciones a juicios a las que además se niegan a unificar para acelerar tiempos y aportar a la llamada economía procesal, mostrando una notable desidia a esta altura con estos temas con los cuales guardan un notoria morosidad. Tal como en su momento el Poder Judicial actuó o se silenció frente a las Leyes de Impunidad hoy anuladas, hoy vuelven sobre sus pasos.

Al mismo tiempo repudiamos las medidas de acción directa de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca en favor de la impunidad, sustentadas en la teoría de los dos demonios y en mentiras que afectan a personas e instituciones alguna de las cuales hacen más de treinta años que promueven los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad.

– Asamblea Permanente por los DDHH de Bahía Blanca

– H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca

– Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca

20 de Junio 2016.