Al
escuchar la problemática de tierra y vivienda desde la óptica de las
organizaciones sociales y desde el estado local, descubro que ambas instancias
ven la misma problemática desde distintas miradas pero se trata de la misma
realidad. Ambas tienen razón cuando la dimensionan y generan sus propias
respuestas.
Sin embargo, la problemática habitacional en el Área Metropolitana Buenos Aires
trasciende largamente lo que cada distrito pueda brindar como respuesta. El
conurbano tiene una población aproximada de 13 millones de habitantes y de
acuerdo a los datos del Instituto de la Vivienda existe un déficit de 850 mil
hogares, mientras que en el intercensal se sumarán 500 mil nuevos hogares. De
esta manera estaríamos sumando alrededor de 1.350.000 hogares deficitarios.
En este marco se da la búsqueda de un lote y una vivienda propia. Para los
pobres es inaccesible la vivienda, debido a la especulación inmobiliaria que
lleva el precio de un lote a 50 mil pesos en lugares alejados de la
infraestructura urbana, sin ninguna posibilidad de desarrollo. Igualmente, nos
encontramos con el fenómeno expulsivo que se da en la Ciudad de Buenos Aires y
algunos distritos del conurbano, donde el precio de los alquileres sube y hace imposible
la vida en esos distritos, por lo que los pobladores eligen la alternativa de
residir en algún lugar del conurbano.

Organizaciones y Estado
A partir de esta situación descubrimos que el “mercado” no se ocupa del pobre y
su suerte habitacional, mientras que el único aliado (pálido) es el “estado”.
Las organizaciones sociales -vinculadas a la temática habitacional- nacimos en
otro contexto, en el cual nos encontrábamos solicitando reivindicaciones del
Estado que no llegaban -en un contexto adverso-. A partir de 2003 se fue dando
un proceso de progresivo cambio en la política habitacional, en parte dado
porque se dio un “éxodo” de algunos miembros de las organizaciones sociales a
la función pública con el “capital” de formación y discernimiento sobre la
problemática desarrollado en las Organizaciones. Hoy nos encontramos ante un
nuevo desafío: generar políticas y proponer acciones realizables desde el
Estado. Pasar de organizaciones demandantes a ser aliados en la búsqueda de
soluciones en la problemática habitacional.

El marco legal
Existen numerosas trabas a nivel burocrático para regularizar la situación
habitacional. El marco legal vigente no permite una solución ágil para la
regularización dominial de los asentamientos. La legislación vigente es la Ley
conocida como de “uso del suelo” N° 8.912, que data de 1977. Precisamente esta
legislación permitió el paso de villas a asentamientos en la década del ‘80. De
esta manera se modificaba la lógica por la cual los nuevos pobladores, venidos
desde el interior del país, se afincaban en villas hasta tanto encontraran un
lugar en el conurbano de Buenos Aires. A partir de la legislación, los
pobladores diseñan el asentamiento como un lugar donde radicarse y planifican
el lugar, no sólo con el loteo con terrenos de acuerdo a la nomenclatura
catastral, sino incluyendo en la planificación lugares de esparcimiento (la
plaza), de sanidad (sala de primeros auxilios), de educación (escuela) y hasta
lugares de culto.
En este contexto los aportes legales de la denominada Ley “Pierri” (24.374) y
otras, es insuficiente para regularizar la situación dominial de los
asentamientos existentes.

Proyecto de Ley de Hábitat Popular
La búsqueda de un marco legal más adecuado a la realidad, como atento a la
magnitud de la problemática habitacional, animó en el marco del FOTIVBA la
búsqueda conjunta con funcionarios estatales de una ley adecuada a la situación
actual.
El proyecto de ley de Hábitat Popular sintetiza toda la búsqueda y la voluntad
de regularizar la práctica que las organizaciones desarrollan y perciben de la
realidad y su contexto. El proyecto de ley fue asumido desde el Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y presentado para su estudio y
aprobación por parte de la legislatura.
Existen tres ejes sobre los cuales se asienta este nuevo instrumento legal
propuesto, que son el Derecho a vivir en la ciudad, la función social de la propiedad y la
Gestión
democrática de la ciudad.
En el abordaje de la problemática habitacional es necesario que el
Estado genere una “batería” de propuestas y soluciones: no es posible abordar
esta problemática y su magnitud con una sola propuesta. Hoy el Estado no cuenta
con estas propuestas: programas de viviendas, crédito, propuestas de propiedad
horizontal y otras.

José Rocha pertenece a la Asociación
Civil Madre Tierra, entidad participante del Foro de Organizaciones de Tierra,
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (FOTIVBA).