El
recinto de sesiones del Concejo Deliberante fue escenario de la presentación de
funcionarios dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Viajaron a Bahía Blanca para anunciar la señalización de los espacios en los
que funcionaron los CCD de “La Escuelita” y de la Base Naval de Puerto
Belgrano. La UNS anunció oficialmente que hará lo propio en el edificio de Alem
1253, donde fue asesinado el estudiante David “Watu” Cilleruelo.
 
Cuando apenas faltaban unos días para el reinicio
del debate enmarcado en el juicio que se sigue contra diecisiete represores que
actuaron como ejecutores del plan sistemático del Terrorismo de Estado bajo la
órbita del V Cuerpo de Ejército, el recinto de sesiones que el Honorable
Concejo Deliberante (HCD) posee en Sarmiento y Estomba de nuestra ciudad fue
escenario de la oficialización de una iniciativa que se suma a las muestras de
recuperación de Memoria que viene dando el Estado nacional y un sector
creciente de la comunidad bahiense sobre lo ocurrido en aquella oscura época.
A la sede del cuerpo deliberativo llegaron dos funcionarios que prestan
servicio a la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional. Se trata de
Judiht Said, Coordinadora Ejecutiva del Archivo Nacional de la Memoria, y del
licenciado Gonzalo Vásquez, responsable del Área de Sitios de Memoria de la
Coordinación de la Red Federal de Sitios de Memoria. La visita de Said y
Vázquez tenía por objeto el de anunciar y detallar los alcances del proyecto
por el cual se señalizarán los espacios donde funcionaron Centros Clandestinos
de Detención (CCD), en los distritos de Bahía Blanca y Coronel Rosales: “La
Escuelita”, que se ubicó y operó en nuestra ciudad en dependencias del V Cuerpo
del Ejército, y el que lo hizo en instalaciones de la Base Naval de Puerto
Belgrano.
Los funcionarios mantuvieron una reunión abierta con los concejales, presididos
por Carlos Moreno Salas. Todos los bloques estuvieron representados. Además, asistieron
abogados de la querella en las causas por delitos de lesa humanidad,
agrupaciones políticas, organizaciones de Derechos Humanos -la agrupación
HIJOS, la Red por la Identidad y la Comisión de Apoyo a los Juicios- y la
Universidad Nacional del Sur (UNS).

En primera persona
Fue Judith Said la encargada de presentar el proyecto de señalización y
marcar sus alcances y antecedentes. “La Red Federal de Sitios de Memoria es el
órgano del Estado que lleva adelante estas políticas de Memoria, Verdad y
Justicia, por decisión del poder Ejecutivo. Estas señalizaciones, de las que
hoy hablamos, y entre otras acciones que llevamos adelante en el Archivo
Nacional de la Memoria y en la Secretaría (Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación), tienen que ver con la visibilización de los lugares que fueron Centros
Clandestinos de Detención, tortura y exterminio”, explicó en su presentación
inicial.
Además, marcó que la implementación de las señalizaciones en los predios que
funcionaron como CCD busca expresar el apoyo a los procesos judiciales abiertos
en todo el país, “en donde se vienen corroborando estos hechos que tan
largamente han denunciado distintos organismos de derechos humanos y Madres, Abuelas
y familiares a lo largo de los años de dictadura y de los gobiernos en donde
imperó la impunidad”. La corroboración, por medio de los testimonios oídos en
los debates judiciales, abre las puertas a una nueva acción del Estado y la
sociedad en su conjunto para cimentar la Memoria. “Nosotros, desde el Estado,
tenemos que aportar en lo que significa la concientización social de lo que fue
efectivamente el Terrorismo de Estado”, remarcó la funcionaria.
“La dictadura cívico militar tenía una orientación política y económica
determinada, y tenía que buscar este disciplinamiento social. Pero también
creemos que éste disciplinamiento social lo sufrió absolutamente toda la
población”, enfatizó al referirse al contexto en que se produjeron los crímenes
de lesa humanidad luego de la interrupción del orden constitucional ocurrida en
marzo de 1976.

Señalizaciones
En cuanto al proyecto en sí, cabe consignar que hasta el momento se han
realizado 27 señalizaciones de este tipo en todo el país. La mayor parte, en
los predios donde funcionaron CCD, aunque también se registran casos en que la
intervención se dio en lugares en los que, por los hechos ocurridos allí, se
hacía necesaria una visibilización especial. Para poner como ejemplo un caso
concreto, Said se refirió a la señalización que se realizó en el CCD “La
Perla”, en Córdoba. “Sobre la ruta que va a Carlos Paz, diseñamos una
señalización con alta visibilidad. Tiene tres pilares de cemento: el pilar de
Memoria, el pilar de Verdad y el pilar de Justicia”, ilustró.
“En otros lugares, hemos hecho señalizaciones de estas mismas características
pero en lugar de siete metros de altura, de tres metros. Con placas
explicativas detrás de cada uno de los pilares en las que se cuenta
sintéticamente qué sucedió allí, en qué período y la cantidad de personas y
compañeros que fueron secuestrados y desaparecidos”. El marco político para
estas intervenciones es la Resolución 1.309 del Ministerio de Defensa y una
reciente Resolución proveniente de la cartera de Seguridad, que es la que
indica que tienen que ser señalizados los sitios que resultaron escenario de
estos atroces delitos.
A su turno, Vázquez indicó que “la selección de la señalización de los ex CCD y
otros lugares vinculados con el accionar del Terrorismo de Estado, tiene que
ver con responder a demandas sociales que existen en cada comunidad. Generalmente,
son las propias organizaciones del territorio, las que nos hacen llegar la
solicitud de señalizar”. Precisamente, durante el diálogo posterior a su
presentación, tanto Said como Vázquez recibieron la inquietud de la Comisión de
Apoyo a los Juicios, que planteó realizar una señalización particular en el
puente que une a la ciudad de Bahía Blanca con Punta Alta para recordar a
Carlos Alberto Davit. En ese lugar apareció el cuerpo del militante peronista
pampeano, acribillado por 44 balazos, en noviembre de 1975.
“El objetivo que nos planteamos a nivel nacional no solamente es darle
visibilidad a estos lugares, sino también hacerlo en determinado marco, que en
este caso -como en la mayoría- es que sea un respaldo explícito a los juicios
que se están llevando adelante”, explicó Vásquez.

Beneplácito
Varios concejales de las distintas fuerzas que conforman el HCD hicieron
uso de la palabra para expresar su acompañamiento a la política de señalización
de los citados ex CCD de Bahía Blanca y Punta Alta. Y, ya durante la segunda
sesión extraordinaria desarrollada el jueves 2, el cuerpo en pleno expresó
institucionalmente su beneplácito por la visita de Said y Vázquez.
Lo hizo a través de la aprobación unánime del proyecto de resolución elevado
por la concejal del Frente para la Victoria (FpV) Gabriela Bustos Arnst, quien
enfatizó en su texto la importancia que revestía tal presentación, considerando
la labor desarrollada por la Red Federal de Sitios de Memoria, organismo
estatal interjurisdiccional que, con la coordinación del Archivo Nacional de la
Memoria, articula las políticas nacionales, provinciales y municipales de
memoria e investigación que se llevan adelante en los ex CCD y otros espacios
vinculados con el Terrorismo de Estado en todo el país.
En el cuerpo del proyecto, Bustos Arnst puntualizó que “desde mayo de 2003 y a
partir de la decisión del Estado Nacional de impulsar una activa política
pública de derechos humanos basada en los pilares de Memoria, Verdad y
Justicia, surgieron y se consolidaron en todo el país diversas experiencias de
recuperación y marcación de aquellos lugares donde funcionaron CCD durante la
última dictadura militar”.
A su vez, recordó que “junto con las marcaciones, algunos de estos terrenos o
edificios fueron completamente reconvertidos en sitios de memoria y museos
donde se llevan adelante una variedad de actividades educativas, culturales,
artísticas y políticas para la investigación, la difusión, la reflexión y el
debate sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida y sobre las
luchas que históricamente dieron los sectores populares en defensa de sus
derechos y dignidad”.
“El objetivo de la señalización de estos lugares es poder visualizar por parte
de los habitantes de la ciudad los CCD y la resignificación de estos espacios,
fomentando la construcción de la memoria colectiva”, concluyó la concejal del
FpV.

Algo de cuerda
Aunque aún deberá hacer notables esfuerzos en procura de superar un retraso
de casi cuatro décadas, el reloj que marca la memoria institucional de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) comienza a dar algunas muestras de
funcionamiento.
En tal sentido, las medidas tomadas por la UNS en materia de derechos humanos
no dejan todavía de ser simbólicas, a excepción de la determinación del rectorado
-ad referéndum del Consejo Superior Universitario- de suspender a Hugo Mario
Sierra de las funciones docentes que por entonces ejercía, luego de que el
abogado fuera detenido por disposición del Tribunal Oral Federal que enjuicia a
diecisiete represores en, justamente, el recinto universitario de Avenida Colón
80.
A la cita del martes 31 en el HCD, lamentablemente no asistieron ni el rector
Guillermo Crapiste ni la vicerrectora María del Carmen Vaquero, quienes
prefirieron enviar como emisario a un funcionario de su segunda línea. A través
de él, sin embargo, la UNS realizó un anuncio que, si bien no trasciende lo
meramente simbólico, puede verse como un paso adelante respecto de la falta total
de manifestaciones de carácter institucional que en tal sentido demostró la
casa de estudios durante décadas y aún durante el mandato de su actual rector.
En concreto, se supo que la UNS tomó la determinación institucional de
señalizar el edificio de Avenida Alem 1253, como sitio donde ocurrió el
asesinato del estudiante de ingeniería David “Watu” Cilleruelo. El joven fue
ultimado por la espalda por un matón que respondía al interventor Remus Tetu, a
comienzos de abril de 1975. Durante décadas, la UNS eludió la posibilidad de
presentarse ante la Justicia como querellante por el crimen del estudiante.
Finalmente, en 2010, aceptó hacerlo. Ahora, comenzará a recordarlo con una
señalización permanente en el edificio de Avenida Alem.
Cabe recordar que, a excepción de lo hecho en su momento por el Estado
nacional, la UNS no pidió aún disculpas públicas a los estudiantes que debieron
abandonar el cursado de sus carreras o a los docentes y no docentes que fueron
obligados a dejar sus trabajos a causa de la persecución sufrida hacia fines de
la década del ’70 y principios de la del ’80.