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Repaso a la espera
Un tramo del ya finalizado alegato del Ministerio Público Fiscal estuvo dedicado a las responsabilidades de los imputados y de esa manera también se describió la estructura represiva de la que fueron partes las dependencias de la Armada. A la espera del alegato de las querellas compartimos parte de las anteriores audiencias.
Categoría: Derechos Humanos

Un tramo del ya finalizado alegato del
Ministerio Público Fiscal estuvo dedicado a las responsabilidades de los
imputados y de esa manera también se describió la estructura represiva de la
que fueron partes las dependencias de la Armada. A la espera del alegato de las
querellas compartimos parte de las anteriores audiencias.

El alegato del Ministerio Público Fiscal ya finalizó y en estas mismas páginas
se publicaron los pedidos de condena que al respecto fueron elevados al
tribunal. Ahora es el turno de que hagan lo propio las distintas querellas y
una vez que éstas terminen, que las defensas cierren la etapa de alegatos.
Pero el que correspondió a la fiscalía fue largo, duró varias audiencias y por
esa razón es que dedicaremos esta nota a un extracto del mismo.
En este caso refiere a la imputación que se le hizo a uno de los acusados cuya
responsabilidad fue de las mayores y que a la vez desnuda la estructura
represiva de la que fueron parte distintas dependencias de la Armada Argentina.
Es decir, un tramo del alegato fue destinado a probar la acusación contra los
imputados y en medio de eso fue que se explicó cómo estaba estructurada la
cadena de mandos, de responsabilidades y las áreas en las que el plan se desarrolló.
El alegato en cuestión refiere al tercer juicio que se está llevando a cabo en
el marco de la causa número 1103, conocida como “Armada Argentina” que
investiga los delitos de lesa humanidad cometidos justamente en el ámbito de la
Armada, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano y sus dependencias.
El juicio tiene como imputados a Víctor Aguirre, Luis Bustos, Felipe Ayala,
Raúl Domínguez, Víctor Fogelman, Francisco Martínez Loydi, Héctor Selaya,
Carlos Stricker, Alejandro Lawless, Leandro Maloberti, Néstor Nogués, Tomás
Carrizo, Oscar Castro, Raúl Otero, Gerardo Pazos, Pedro Pila y José Luis Rippa.
A todos ellos se les suman para completar una lista de 23 acusados: Guillermo
González Chipont, Félix Cornelli, Enrique De León, Manuel García Tallada,
Edmundo Núñez y Luis Pons.
Es la imputación contra José Luis Rippa a la cual aquí nos referiremos y que
fue desarrollada por el fiscal José Nebbia en la audiencia del miércoles 2 de
septiembre de 2015.
Nebbia habló de la Subjefatura General del Departamento de Inteligencia la
cual, al igual que el resto de las subjefaturas, dependían del Jefe de la Base
Naval. La del Departamento de Inteligencia también era denominada Operaciones o
Vigilancia y Seguridad y se encontraba a cargo de Marcelo Agustín Linares.
Desde allí se puso en práctica el plan pergeñado en lo que respecta a la
jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano a cargo del imputado Edmundo
Núñez.
Linares, hoy fallecido y en su momento imputado por la fiscalía; fue jefe de
esa área desde el 28 de noviembre de 1975 hasta el 16 de diciembre de 1976.
En su declaración, el testigo Izarra testimonió que al momento de su desaparición,
su padre lo estuvo buscando y fue Linares quien le dijo “quédese tranquilo que
está acá”.
Otro testigo, Giorno, también nombró a Linares en su declaración debido a que
después de ser liberado, recibió la visita en su domicilio de un suboficial de
la Armada de apellido Rodríguez que lo citó para una entrevista en la Base.
Allí se reunió con el jefe de Informaciones Navales de ese momento que podría
tratarse de alguien apellidado Linares, y con el teniente Pons.
Más adelante Nebbia explicó el rol del Departamento de Seguridad de Operaciones
o Departamento de Inteligencia y aquí es la parte en la que toma mayor
protagonismo el imputado Rippa ya que él se desempeñó allí como jefe luego de
que Ricardo Molina lo haga durante 1976.
Las funciones se encuentran establecidas en el reglamento orgánico de la Base
en donde quedaba estipulada la dependencia del departamento respecto de la
Subjefatura General entonces a cargo de Linares, recibiendo asistencia del
Comando de Operaciones Navales y asesoramiento del Servicio de Inteligencia
Naval.
Entre las tareas asignadas al departamento figuraban: la asistencia al jefe de
la Base en asuntos de Inteligencia, Contrainteligencia y acción psicológica; la
intervención en la coordinación y supervisión de actividades y disposiciones de
Contrainteligencia; asesoramiento sobre los modos de acción a emplear en
problemas atinentes a las relaciones laborales en coordinación con los
organismos competentes.

Calificaciones destacadas
En la descripción del mencionado departamento entran también los nombres de
otros acusados ya que en esa área había diferentes divisiones. Por ejemplo, en la
División de Contrainteligencia revistaron Carrizo y Maloberti. Por otra parte,
el Batallón de Seguridad en el que revistó Rippa acumulando ambas jefaturas
durante 1977, fue otra división.
Además se debe contar a la División de Operaciones y Planes que supervisaba y
ejecutaba los planes de seguridad de la Base Naval. Existió una División de
Policía que regulaba el orden dentro de los establecimientos navales en cuanto
a ingresos y salidas, y hubo una Brigada de explosivos con activa participación
en lo que se llamó lucha contra la subversión: Allí revistaron durante 1977
Oscar Sosa y Feliciano Toscano, ambos calificados por Rippa.
Molina, antecesor de Rippa, se encuentra prófugo y la prueba contra él,
refuerza la responsabilidad criminal de sus superiores en el caso de Núñez pero
también permite delinear el rol desplegado por Rippa con posterioridad.,
Como elementos, Nebbia citó las destacadas calificaciones recibidas por Molina
pero también resaltó palabras del testigo Miguel Ginder quien dijo de Molina
“era como verle la cara al diablo”.
Aníbal Perpetua en su testimonio contó que antes de ser liberado fue llevado
ante una autoridad a la que identificó como Molina.
Nebbia mostró un documento que es un expediente administrativo iniciado para
determinar si la hipertensión arterial que sufrió el cura Carlos Luis Wagenfuhrer,
fue producto de actos de servicio.
Carlos Luis Wagenfuhrer fue capellán del Comando Naval a cargo de Anaya y
declaró que fue nombrado interventor de dos capillas de Punta Alta en situación
de “conflicto ideológico”.
En el documento, Molina ratificó los dichos del cura y explayó que durante su
gestión se le suministró un vehículo y dos suboficiales.
Volviendo al imputado Rippa, su defensa, dijo Nebbia, se basó en decir que su
llegada a los cargos que lo sitúan en lugares estratégicos para la concreción
del plan criminal, fue posterior a las fechas endilgadas. Para Nebbia ese
intento de desvincularse no encuentra correlato con las pruebas incorporadas al
juicio.
Siguiendo en esa línea, Nebbia habló del rol en la estructura represiva de la
Armada y citó una ficha del año 71 en donde Rippa manifiesta su deseo de
realizar el curso de contrainsurgencia en Panamá. Antes, ya había hecho un
curso de anti comunismo en la Base Naval Puerto Belgrano y en 1969 fue parte de
otro similar.
Para 1972, Rippa contaba con experiencia real en combate y antes de su llegada
al Departamento de Inteligencia, tenía vasta experiencia en la llamada lucha
contra la subversión.

“Hace del servicio, un culto”
El fiscal Nebbia siguió leyendo las calificaciones documentadas hacia Rippa
como una que abarca el período del 3 de enero de 1977 al 1 de agosto del mismo
año. Las fechas se especifican para demostrar en dónde estuvo el imputado en
ese momento.
Durante ese tramo se lo calificó con el cargo de Comandante del Batallón de
Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano, jefe del Departamento de Seguridad:
“Cumple celosamente con las órdenes que recibe, actúa con iniciativa propia y
adecuada firmeza en la conducción del personal superior y subalterno. Eficiente
colaborador de todo momento, trabaja incansablemente tratando de mejorar sus
servicios” dice el informe que agrega: “Hace del servicio un culto”.
Otro informe que alcanza agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre de
1977, indica que Rippa “se ha desempeñado de forma excepcional en sus difíciles
funciones demostrando poseer excepcionales cualidades como organizador y
conductor así como un fuerte deseo de superación, capaz de actuar totalmente
por propia iniciativa con acierto y tenacidad”.
El acusado confrontó la imputación respecto a una serie de casos aduciendo que
no se encontraba a la fecha de los hechos, como jefe del Departamento de
Seguridad. Las estrategias en ese sentido, caen por la documentación existente
que acredita lo contrario
“Estando acreditado que el imputado revistó como jefe del Departamento de
Inteligencia desde el 3 de enero del 77, veamos algunos elementos que
fortalecen aún más su responsabilidad criminal en los hechos que se le
imputan”.
Sobre ello, Nebbia hizo hincapié en un memo del año 77 más otros informes dos
de los cuales tienen en su contenido fotos y pedidos de antecedentes de
personas, solicitados por Blázquez, segundo jefe del Destacamento de
Inteligencia.
No debe soslayarse, aclaró Nebbia, que Rippa fue comandante del Batallón de
Seguridad que entre otras tareas tenía la de cumplir disposiciones referentes a
contra sabotaje, contra infiltración y contra información que estén dentro de
su responsabilidad directa.
Bajo la dirección de Rippa funcionó la División de Contrainteligencia en la que
revistaron Carrizo y Maloberti quienes en tal calidad integraron la Central de
Inteligencia, núcleo decisional de las personas a secuestrar y posterior
destino de las mismas.
De esta manera se fue desnudando, como se dijo, la estructura represiva y el
papel que jugó cada uno en ella. En esta ocasión nos referimos solamente a un
imputado pero se debe tener en cuenta que los acusados son 23 y allí radica la
importancia del juicio y la dimensión de lo que fue el Terrorismo de Estado.

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2015-09-15 18:15:43
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