A días de viajar
a París si la Cámara Federal no dispone lo contrario, la abogada y docente
Gloria Girotti, acusada de participar en el plan criminal de la dictadura, fue
noticia en el ámbito universitario por dos temas centrales: las cartas
documento que envió a una docena de personas que en 2011 se expresaron contra
su reválida y el sorteo de un nuevo miembro para el Tribunal de docentes
eméritos y extraordinarios que debe dictar un fallo en el Juicio Académico que
contra ella se sigue.

Hasta el cierre de esta nota, la Cámara Federal de Bahía Blanca no había
decidido si la docente y abogada Gloria Girotti podría o no visitar París
durante la segunda quincena de este mes, un permiso que ya le fue otorgado en
primera instancia por el juez subrogante Santiago Martínez. Docente en la
Universidad Nacional del Sur (UNS) y abogada, Girotti está acusada desde 2010
de participar en el engranaje del Terrorismo de Estado que durante la dictadura
tenía como brazo ejecutor al V Cuerpo de Ejército y como pata judicial al Juzgado Federal 1 a cargo de Guillermo Madueño,
de quien ella era secretaria del fuero penal.
Pero, a pesar de la indefinición de la Cámara respecto del viaje a la capital
francesa, Girotti fue noticia en los últimos días en el ámbito de la UNS,
institución en que dicta tres materias en el Departamento de Derecho. Allí,
enfrenta desde el año pasado un Juicio Académico cuya elevación fue aprobada
sucesivamente por la unidad académica de incumbencia y el Consejo Superior Universitario
(CSU) pero que registra a este momento todos sus plazos vencidos.

Breve historia de la historia
Las imputaciones sobre Girotti formuladas en diciembre de 2010 por la
Unidad Fiscal entonces a cargo de Abel Córdoba incluyen su participación en
interrogatorios bajo tortura a personas secuestradas en el Centro Clandestino
de Detención “La Escuelita”, ubicado en el predio del V Cuerpo de Ejército.
En simultáneo con ello, llegó al CSU su aspiración de acceder a una reválida en
una de las tres materias de las que todavía resulta titular en Derecho. Tanto
en diciembre de ese año como en mayo de 2011 se produjeron dos polémicas
sesiones. En una, se suspendió el tratamiento, demorado luego por espacio de un
semestre. En otra, el voto en bloque de los colegas abogados de la acusada y de
la mayoría de sus pares docentes le permitió renovar su cargo, contra la
resistencia del claustro estudiantil en pleno, la oposición de los trabajadores
y de una minoría de profesores. Además, se expresaron en su contra varios
asistentes al plenario.
No mucho tiempo después, a comienzos de 2012, se presentó ante el rectorado un
pedido de Juicio Académico en su contra. Lo respaldaban las firmas de 59
miembros de la comunidad universitaria. La incompatibilidad de su actuación
durante la dictadura respecto de los parámetros morales presentes en el
Estatuto de la institución asomaba como el argumento más fuerte, que descansaba
en las precisas acusaciones de fiscalía y en varios testimonios y pruebas
documentales obrantes en la causa.
Girada al Departamento de Derecho, unidad académica de incumbencia, el pedido
vio luz verde en su Consejo Departamental por unanimidad. De allí pasó al CSU,
que un año después de la polémica sesión de 2011 le dio también su aprobación.

Cartas tardías
El viernes 24 de mayo pasado tomó estado público que once cartas documento
llegaron al edificio de la UNS en Avenida Colón 80. Como remitente, firmaba
Gloria Girotti. Como destinatarios se encontraban todas aquellas personas que,
según el acta correspondiente, se habían expresado en su contra en la sesión
del CSU de mayo de 2011, cuando la mayoría del cuerpo le otorgó su reválida
pero se escucharon cuestionamientos hacia tal decisión de un sector de los
consejeros y del público presente.
Por medio de la carta, Girotti intimaba a cada destinatario a que “ratifique o
rectifique” lo dicho en el mencionado plenario, declaraciones que según la
firmante “afectan mi honor”. Además, requería que se la indemnice por “el
perjuicio moral y material que su conducta me ha causado”.
La actitud intimidatoria de la abogada acusada por delitos de lesa humanidad
fue rápidamente repudiada dentro y fuera de la UNS. El lunes 27, la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la agrupación H.I.J.O.S. y la Red
por la Identidad emitieron un comunicado conjunto en que expresaron su “repudio
ante el accionar intimidatorio” de Girotti, al tiempo que marcaron “nuestra
inquietud ante la demora que exhibe el Tribunal universitario que debe fallar
en el marco del Juicio Académico que contra ella se sustancia”. En igual
sentido se pronunciaron horas más tarde la Lista Azul de trabajadores, la
Asociación de Docentes de la UNS (ADUNS), el Departamento de Humanidades y la
lista Integración de profesores. Todos cuentan entre sus miembros a
destinatarios de las cartas documento de la todavía docente de Derecho.

Un juez que es parte
Apenas cinco días después de la recepción de las cartas documento se llevó
a cabo en el mismo edificio de Avenida Colón 80 el sorteo para determinar nuevamente
el nombre del tercer miembro del Tribunal de profesores eméritos y
extraordinarios encargados de llevar adelante el Juicio Académico de demorado
fallo.
Luego de elevado a Juicio el pedido por parte del CSU, el Tribunal había
quedado constituido por los ingenieros Roberto Brevedan, Nelson Mazzini y Jorge
Luque. El tercero rechazó la designación y el siguiente nombre que marcó el
sorteo fue el del historiador Daniel Villar, quien se excusó por sus vínculos
familiares con Girotti. En octubre, asumió en su lugar Jorge Cincunegui. Desde
entonces pasaron casi nueve meses sin un fallo. A fines de abril, Cincunegui
comenzó los trámites para jubilarse y anunció su renuncia, por lo que se hizo
necesario el sorteo que se llevó a cabo el 29 de mayo último.
Como resultado del mismo, el azar arrojó el nombre del ingeniero agrónomo Osvaldo
Fernández, miembro del Centro de Recursos Renovables de la Zona Semiárida
(CERZOS) ubicado bajo la esfera del Conicet y profesor extraordinario de la
UNS. Pero allí no termina la trayectoria de Fernández: entre 1968 y 1971 y
entre 1979 y 1981, es decir durante las dictaduras encabezadas por Juan Carlos
Onganía y Jorge Videla, se desempeñó como director decano del Departamento de
Agronomía. Por esos años, la UNS venía de sufrir la intervención militar que
incluyó la persecución a docentes, estudiantes y trabajadores y la quema de 700
libros de sus bibliotecas.
Girotti podía considerarse, con ello, en buenas manos. Hasta el cierre de esta
nota, Fernández no se había excusado de intervenir. El Reglamento de Juicios
Académicos de la UNS, que no contempla la posibilidad de que algunos procesos
pudieran ser abiertos por causas vinculadas al interés público, establece por
un lado la reserva de expediente y, por otro, imposibilita a la parte
querellante a recusar a los miembros del Tribunal, cosa que sí puede hacer la
parte imputada. Lo mismo ocurre con la posibilidad de participar en designación
del Tribunal. Ninguno de los 59 firmantes del pedido de Juicio Académico pudo
presenciar ninguno de los sorteos, cosa que sí pudo hacer Girotti y, aunque eso
no se encuentra permitido por el Reglamento, también su marido.