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Por la unificación de cuatro causas
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron la acumulación de cuatro causas en donde se investiga la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V cuerpo del Ejército.
Categoría: Derechos Humanos

Los fiscales Miguel Palazzani
y José Nebbia solicitaron la acumulación de cuatro causas en donde se investiga
la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en
crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V cuerpo del Ejército.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron el pedido en
aras de lograr mayor celeridad en las actuaciones y una valoración adecuada e
integral del abundante material probatorio, y “en orden a la conexidad
intrínseca existente entre los eventos que componen cada una de las causas
mencionadas”. Con 65 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad sentados
en el banquillo -25 de ellos ya recibieron condenas- por delitos de lesa
humanidad contra 233 víctimas, la acumulación de las cuatro causas implica el
primer “mega-juicio” en Bahía Blanca. El Tribunal que llevará adelante el
debate oral y público de las cuatro causas posee la misma integración.

Comunidad de actuación
Los fiscales solicitaron la acumulación en el marco de la causa “González
Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad”, en la que a
fines de diciembre de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los
recursos interpuestos por las defensas de los distintos imputados y que
actualmente se encuentra elevada a juicio, idéntico estado procesal que los
otros tres expedientes. A la hora de argumentar el pedido de unificación,
Palazzani y Nebbia señalaron la “estrecha conexidad” de este expediente con las
causas “Ayala”, “Araoz de Lamadrid” y “Araujo” en cuanto a una comprensión
acabada del fenómeno criminal que constituye su objeto procesal.
En este sentido, indicaron que quedó debidamente acreditada la “comunidad de
actuación” de las fuerzas de seguridad, tanto en lo que respecta a la actividad
de inteligencia como en la fase operativa desplegada por las unidades de la
Armada y el Ejército Argentino, y las fuerzas represivas que funcionaron bajo
la órbita de una y otra. Como contraparte, la persecución política en la
actividad delictiva se centró en todos los casos, sobre víctimas que compartían
grupos y espacios de militancia y actividad social, circunstancia
“determinante” de la calidad de blanco del ataque contra la población.
“Como primera característica a señalar, todos los hechos sucedieron en el mismo
espacio y período, como parte del mismo plan criminal de exterminio, ejecutado
por las fuerzas armadas -el Ejército y la Armada-, y de seguridad estatales, en
coordinación con factores civiles y eclesiásticos”, destacaron. Los
representantes del MPF expresaron además que la segmentación del proceso en
diferentes juicios iría en detrimento de una adecuada valoración de la prueba,
ya que se impediría que el fenómeno criminal en toda su dimensión y complejidad
pueda ser abordado y examinado de manera global en un acto único, “en claro
perjuicio de la fiel reconstrucción de la verdad histórica, y de la íntegra
ponderación de las responsabilidades penales”.

Impunidad biológica
La presentación de los fiscales hace hincapié en que, por la complejidad propia
del terrorismo de Estado, la metodología adoptada en todo el país ha sido
aquella por la cual en la medida en que se encuentre completa la investigación
respecto de determinados hechos y sus responsables, la instrucción sea
clausurada y elevada en tramos. Uno de los riesgos que se busca evitar es la
denominada “impunidad biológica”, que se configura cuando la muerte impide el
juzgamiento de los imputados, “máxime considerando que en las causas ‘Araoz de
Lamadrid’ y ‘Araujo’ la mayoría de los encartados superan los 70 años, llevan
varios años detenidos, y de no hacerse lugar a la unificación, deberán esperar
por más de dos años para ser juzgados”.
El escrito de Palazzani y Nebbia menciona la resolución PGN 13/08 de la
Procuración y la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia, en la que el
máximo tribunal señaló la “legítima preocupación por la demora en la
sustanciación de los demás procesos en curso”, y el “legítimo derecho a una
respuesta por parte de las víctimas y deudas”. Por último, pone de manifiesto
que en algunas jurisdicciones la acumulación de causas se dispuso en la etapa
de debate oral, como es el caso de las causa conocida como “ESMA III -o ESMA
unificada-; en Córdoba, con el expediente 136/2009 “Menéndez, Luciano Benjamín;
el juicio de La Perla; o incluso lo que sucedió con la causa “Plan Cóndor”,
donde hay dos expedientes que no se unificaron pero que se sustancian en el
mismo debate. “Una modalidad diferente pero con el mismo fin”, concluyeron.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

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2016-03-22 00:00:00
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