Una de
los argumentos que más circuló, entre los responsables por complicidad de la
permanencia como docente en la Universidad Nacional del Sur de la abogada
Gloria Girotti fue: “No debemos juzgar porque no estamos para eso, y es la Justicia
quien debe hacerlo”. Ese posicionamiento es falso de origen, ya que nadie
planteó en ningún momento el juzgamiento de Girotti sino la condena social en
el ámbito de la UNS, demostrando su carencia de valores morales, democráticos y
de respeto por una de las bases fundamentales del Estado, como son los Derechos
Humanos. Se intentó impedir que continuara el error o no, sucedido hace años
cuando se permitió su ingreso sin impugnación. Esa impugnación no ejecutada
entonces, sucedió a pesar de ser público desde hace no menos de 25 años el rol
de la abogada Girotti y el abogado Sierra, secretarios ambos en el Juzgado
Federal Nº 1 a cargo del por entonces Juez del Plan Genocida en la Bahía del
Silencio, Guillermo Federico Madueño.
Sin embargo, el intento fracasó por 15 votos a 12, con una abstención. Pongo
los números de la votación, porque el contenido entre los que estuvieron de
acuerdo con la continuidad con los que rechazaban esa posibilidad, son de una
abismal diferencia que no se puede cuantificar. Los tecnócratas del
institucionalismo, repitieron casi cadenciosamente que impedir el continuismo
de Girotti ponía en riesgo a la UNS y se debía proteger esa condición. Sólo eso:
de valores o principios, nada en su argumentación. Entonces me pregunto: ¿Acaso
la UNS no ha escondido siempre ese debate de principios detrás de una supuesta
institucionalidad prioritaria? ¿Acaso la UNS no esconde ese debate, y se
esconde, cuando dice tener política de Derechos Humanos por otorgar
reconocimientos de toda índole que son sólo formalidades, mientras valida a
docentes como Girotti, Sierra o Montezanti? ¿Acaso no es eso poner en riesgo o
exponer a la indignidad a la UNS, al igual que lo han hecho recibiendo dinero
de empresas contaminantes? ¿De qué defensa de la institucionalidad de la UNS
hablan los 15 consejeros que a partir de hoy son cómplices de Girotti, y por
añadidura de Sierra y Montezanti? ¿O su memoria sesgada o nula no registra que
esas personas fueron parte del aparato del Terrorismo de Estado que entre otras
cosas usurpó el poder derrocando a un gobierno elegido por el voto más allá de
opiniones sobre el mismo? Los consejeros validadores, con un discurso infame y
contradictorio, se arrogaron al final, como un blanqueador de ropa, que la UNS
va a ser sede de los juicios a los genocidas del Quinto Cuerpo de Ejército y su
Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”.
Resulta difícil, en mi caso imposible, tener una mirada esperanzadora de la
dignidad institucional de la Universidad Nacional del Sur, después de semejante
acto de legitimación de la impunidad que se encolumna a partir de hoy y más que
nunca, con los actores de poder de la Bahía del Silencio. También se hace
necesario que todos los actores universitarios, que repudian estas permanencias
y otros olvidos de la UNS, de una vez por todas y sin argumentos que evadan su
responsabilidad, resuelvan dejar en muchos casos conductas testimoniales al
momento de disputar poder en elecciones, porque ellos no son testimoniales: se
unen como en este caso para el continuismo de la impunidad.
Finalmente, queda como resaca el nivel de hipocresía y cinismo de los
consejeros que pretendieron comparar la metodología del Estado de Derecho con
la metodología del exterminio del Terrorismo de Estado en cuanto a sus
víctimas, poniendo desvergonzadamente en ese lugar a la abogada Girotti.
Hamlet Lima Quintana escribió hace tiempo: «La memoria es un pájaro de
fuego, que ejerce un oficio luminoso: es la clara pasión de contramuerte».

La vida agitó las alas hoy en el Consejo Superior Universitario frente a la
expresión de la muerte de los legitimadores del continuismo de Girotti. Nuestra
memoria lo registró, así como sus nombres y la condena social por su
complicidad con la impunidad de la Bahía del Silencio.

Eduardo A. Hidalgo. Ex Detenido Desaparecido. Secretario general de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca.