Como
viene informando EcoDias, el juicio que se sigue en nuestra ciudad contra
diecisiete represores acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad
durante la última dictadura bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército se
encamina hacia una histórica sentencia. En el banquillo de los acusados se
encuentran once militares retirados, seis miembros de la Policía Federal
Argentina y dos ex directores de la Unidad Penal 4 del Servicio Penitenciario. Como
corolario del proceso judicial, y también como punto central luego del trabajo
de años en la materia, el martes 26 comenzaron a exponer su alegato los
fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolín.
Pocos días antes visitó la ciudad el fiscal federal Félix Crous, quien se
desempeña en la
Procuración General de la Nación teniendo a su cargo la Unidad de Asistencia para
causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.
“Nosotros estamos complacidos de que este primer gran juicio por crímenes de
lesa humanidad de Bahía esté llegando a su fin”, dijo Crous en rueda de prensa,
al comenzar a referirse a sus impresiones en torno al acontecer bahiense en la
materia.
“El Ministerio Público está adentro, y con mucha expectativa sobre la
finalización de este juicio, y estamos tratando de acompañar y dar todo el
apoyo que sea necesario en esta tarea que es tan importante”, agregó. En
referencia a la etapa de alegatos, indicó que “son la conclusión de todo el
trabajo del juicio, donde se juega de alguna manera la posición institucional
del Ministerio Público en la acusación”.
“Todo indica que la sentencia será un hito. Esta es una jurisdicción con muchas
complejidades, y donde la represión también se desplegó de un modo brutal, si
es que es posible agregarle más brutalidad a la represión que hubo en todo el
país. Y ha sido un salto paradigmático que se realicen juicios. Los primeros
juicios de cada jurisdicción siempre abren una puerta para que esta tarea sea
más sencilla. Y romper ese inmovilismo previo, sobre todo frente a un primer
gran juicio como es éste, es un momento muy importante”, reflexionó.

De aquí en más
Consultado sobre cómo puede influir en el desarrollo presente y futuro de
la sociedad argentina el camino de justicia que empieza a abrirse, Crous marcó
que “todo proceso de Verdad y Justicia es saludable para la vida democrática de
cualquier sociedad. Hay que pensar seriamente qué grandes valores se han puesto
en movimiento en nuestra sociedad, cuando quienes reclamaron justicia sin cesar
durante un cuarto de siglo van consiguiéndola, y las instituciones crujen pero
responden y a su vez se depuran”.
Puntualmente, en el caso de Bahía Blanca y la región, “es bien conocido que
ésta es una jurisdicción donde las Fuerzas Armadas tienen una presencia muy
grande, por su emplazamiento y las características de la sociedad y porque
muchos de los actores del poder están muy involucrados con la dictadura. Es la
única ciudad de toda la
República Argentina donde el principal medio de comunicación (refiriéndose
al diario La Nueva
Provincia) hace una defensa cerril del Terrorismo de Estado.
Esto no se ve en ningún lugar del mundo, creo. Pero seguro que en Argentina no.
Entonces, estas son particularidades que la singularizan y le dan todavía más
importancia a vencer esas resistencias tan poderosas con actos estatales
formales de justicia como es la finalización de un juicio”.
Respecto de la campaña mediática contra el fiscal Córdoba que emprendieron el
diario naval La Nueva
Provincia y su satélite ideológico La Brújula24, opinó que
“forma parte de los embates que reciben los juicios de los sectores que se
sienten inquietos, perturbados, por el avance del proceso de Verdad y Justicia.
Es previsible que estas cosas sucedan. En cada lugar se expresan con las herramientas
que para perturbar tienen en cada uno estos sectores afines con la dictadura.
En este sentido, nosotros consideramos que no deja ser inquietante y molesto,
pero forma parte de las contingencias propias de los avances que se van
realizando: cuando se va tocando a los involucrados en los crímenes de la
dictadura, esos mismos sectores o sus afines reaccionan y lo hacen con las
herramientas que tienen. Si tienen medios de comunicación, lo hacen desde ese
lugar”.

Nuevos tiempos para la Justicia
La caída de las leyes de impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl
Alfonsín puso al Poder Judicial ante la necesidad de aggiornarse a los nuevos
tiempos. Como ha quedado probado en el caso bahiense -donde un camarista
federal formó parte de los servicios de inteligencia del Ejército o donde
resultaron famosas las dilaciones del ahora ex magistrado Alcindo Álvarez
Canale-, la Justicia
se ha encontrado con una nueva realidad, ante la cual muchas veces tuvo
respuestas ambiguas.
Sobre este punto, el fiscal Crous indicó que el Poder Judicial “ha evolucionado
en la medida en que se han renovado parte de sus cuadros. Y también creo que
muchas personas de buena fe que han hecho su carrera judicial en el microclima
del ghetto forense, se han asomado a una realidad que realmente la tenían
distorsionada o desconocida. Y personajes de los que no teníamos muchas
expectativas en su desempeño, finalmente lo han hecho de un modo plausible.
Pero, en general, lo que ha sucedido como bueno, es que muchos jueces y
funcionarios afines a la dictadura o que hicieron su carrera judicial durante
la dictadura se han corrido de los juicios al cabo de un tiempo, cuando ya no
pudieron sostener más la protección que les daban a los acusados por crímenes
de lesa humanidad, o quizá no se sentían moralmente en condiciones de castigar
a sus viejos camaradas”.
En este sentido, EcoDias preguntó a Crous sobre su visión respecto de la figura
del ex juez Álvarez Canale. “No lo conozco personalmente. Sé que fue muy
complejo, durante un buen tiempo, litigar para la tarea del Ministerio Público
en la persecución penal y que las tareas de índole policial muy delicadas, como
las capturas, fueron manejadas de un modo muy singular que francamente podían
conspirar contra su éxito”, marcó.
“Pero también es cierto que no ha sido sencillo en ningún lado. De manera que
debemos pensar en la oportunidad que significa, ahora, el nombramiento de un
juez con convicciones más modernas”, agregó.

Participación civil
En sus tareas de investigación, un punto que viene desarrollando el fiscal
Abel Córdoba se vincula con la participación de civiles en la represión
clandestina de la última dictadura. En este sentido, vale reseñar su pedido de
allanamiento sobre los archivos del diario La Nueva Provincia.
O su avance en la imputación a los abogados Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti,
quienes durante la segunda mitad de la década del ’70 se desempeñaron como
secretarios del fuero penal en el Juzgado Federal entonces a cargo de Guillermo
Federico Madueño. Tanto La
Nueva Provincia como el mencionado Juzgado demostraron ser
patas periodísticas y judiciales, respectivamente, del engranaje del Terrorismo
de Estado que en nuestra ciudad y la zona tuvo como brazo ejecutor al V Cuerpo
de Ejército.
La búsqueda de un avance sobre estos sectores “es un escenario que se repite.
Por supuesto, cada localidad tiene sus propias particularidades. Y va
apareciendo en este momento, y con toda lógica, la demanda reprimida de
justicia, que era tan grande que lo primero con lo que se avanza es con lo que
se tiene más a mano: básicamente, fue con las causas truncas de la década del
’80”.
Pese a ello, no debe perderse de vista que “la dictadura fue una dictadura, ni
siquiera hay que decir ‘complicidad civil’, ni ‘dictadura cívico militar’: fue
una dictadura que persiguió ciertos objetivos y ejecutó la violencia con las
herramientas que tiene, que son las Fuerzas Armadas. De manera que es
absolutamente natural que los sectores que alentaron, propiciaron, dieron la
base ideológica a la dictadura y se beneficiaron con ella, empiecen ahora a ser
pasibles de investigación, porque las historias de la dictadura son historias
que los involucran”. Entre ellos, mencionó a actores empresariales y educativos
a los que se agrega, por supuesto, la jerarquía eclesiástica.
Sobre estos sectores “se está avanzando. Desde ya: a un ritmo más lento que el
que la ansiedad de todos los que estamos en esto querría. Pero se avanza. Y se
debe seguir avanzando. La posibilidad la da el deber: toda persona que haya
cometido una infracción tiene que ser investigada y castigada”.
Otro aspecto de suma importancia a la hora de profundizar la investigación
sobre la participación civil en el Terrorismo de Estado lo constituye la acción
de aquellas personas que formaron parte de los servicios de inteligencia de las
Fuerzas Armadas. En 2010, y como respuesta a un decreto presidencial que se lo
ordenaba, el Ejército Argentino desclasificó un listado de su Personal Civil de
Inteligencia (PCI) que incluía a todos aquellos agentes que prestaron servicios
entre 1976 y 1983. En el caso puntual de Bahía Blanca, el listado guardaba los
nombres del camarista federal y docente universitario Néstor Luis Montezanti y
el juez de faltas Ricardo Germani.
La lista divulgada por el Ejército “es una fuente muy importante, y forma parte
de lo menos conocido del sistema nervioso central de la represión. Digamos que
es el desafío que le sigue a este trabajo: desentrañar aquellos aspectos de la
represión que fueron de planificación y ejecución estratégica y con el máximo
resguardo. Es decir, los actores menos visibles pero que intervinieron en la
gestión más determinante de la represión: las redes de inteligencia, el acervo
de la información reunida y su análisis fueron el motor de la represión”.

Qué es la Procuración General
de la Nación
En muchas oportunidades, la composición o el funcionamiento de los
distintos actores que constituyen los Poderes del Estado resultan desconocidos
para el ciudadano de a pie. Por ello, EcoDias pidió al fiscal federal Félix
Crous que, en primera persona y desde el ejercicio de su función, explique a
sus lectores el organigrama a partir del cual se constituye la Procuración General
de la Nación.

“Es el organismo que conduce al Ministerio Público Fiscal de la Nación, que a su vez es una
institución extrapoder, una suerte de cuarto Poder. Viene tradicionalmente del
riñón del Poder Judicial pero ya no lo integra, sino que representa, según dice
la Constitución,
a la legalidad y el interés general de la sociedad. Podemos entender que es el
interés en todos aquellos asuntos que afectan o atañen al colectivo de la
comunidad”, subrayó.
“Dentro del seno del Ministerio Público Fiscal, la Procuración es el
órgano de conducción, una superestructura. El Ministerio Público Fiscal tiene
una rama mayoritaria que es la más visible y quizá la más importante: la rama
penal. El Procurador General de la
Nación es el jefe de todos los fiscales, entre ellos los
penales federales”, puntualizó.
“Hay una organización interna de coordinación y conducción, en la que están las
Unidades de Derechos Humanos, que nacieron al calor de la reapertura de los
juicios por un tema de gestión. Entre ellas, hay dos grandes unidades. Una, de
Coordinación y Seguimiento, que hace una tarea de intercomunicación, planificación
de políticas de persecución, provisión de criterios, materiales y documentos de
trabajo y seguimiento de los juicios. Y una Unidad de Apoyo, que es la que
conduzco, que es de intervención directa en los juicios. Está concentrada hasta
este momento en el I Cuerpo de Ejército. Ahora volveremos a desplegarla al
resto de las jurisdicciones del país, en la medida en que evaluemos que es
necesario alentar o apoyar la tarea”, concluyó.