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Criminalización y hostigamiento
Más de veinte organizaciones sindicales, de derechos humanos y asociaciones profesionales se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una serie de denuncias y un petitorio de no regresividad en derechos laborales y el cese de criminalización y hostigamiento a distintos representantes de los trabajadores. Fue el pasado 24 de octubre en Uruguay.
Categoría: Derechos Humanos

Más de veinte organizaciones sindicales, de derechos
humanos y asociaciones profesionales se presentaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con una serie de denuncias y un petitorio de
no regresividad en derechos laborales y el cese de criminalización y
hostigamiento a distintos representantes de los trabajadores. Fue el pasado 24
de octubre en Uruguay.

La audiencia se realizó por pedido de una serie de
organismos de derechos humanos, asociaciones profesionales y sindicatos para
informar a la Comisión sobre el cuadro de hostigamiento y criminalización de
dirigentes sindicales, la intervención de diversos sindicatos, la
estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados
a la defensa de los trabajadores.
El contexto en el que se están dando estas conductas del gobierno argentino se
caracteriza por un mayor desempleo, la pérdida del valor real de los salarios y
la precarización laboral, que afecta en mayor medida a las trabajadoras.
La jueza Lucía Aseff, de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo
de la República Argentina (ANJUT), manifestó su preocupación ante los
comisionados por la práctica del Poder Ejecutivo Nacional de denunciar a los
jueces y juezas laborales, a partir del contenido de sus sentencias. Matías
Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, caracterizó la
estigmatización de los defensores de derechos humanos, llamados “mafia” por
algunos funcionarios del gobierno, en las acciones que buscan quebrantar la
independencia del poder judicial, avanzar contra leyes y en la confección de
listas negras de abogados y trabajadores reclamantes.
Por otro lado, si bien el Ministerio de Trabajo tiene prohibido intervenir
sindicatos, Hugo Blasco, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma,
denunció que fueron intervenidos siete en los últimos meses. El Estado utilizó
distintas vías: impidió procesos electorales para provocar el vencimiento de
los mandatos y la “acefalía”, suspendió o anuló procesos de renovación de
autoridades electas para reemplazarlas por funcionarios de gobierno. Cuando
estas situaciones fueron revertidas judicialmente, el Ministerio de Trabajo no
acató las sentencias. A estas prácticas, como dijo el secretario de CTERA,
Roberto Baradel, se suman y reiteran otras: la estigmatización pública de los
dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho a la
huelga y a la protesta, con la finalidad de intimidar y neutralizar el
activismo; la condena de trabajadores por figuras penales diversas; la
imposición de multas mediante la justicia contravencional; la represión de
protestas laborales por parte de distintas fuerzas de seguridad y la presencia
policial en la gestión de los conflictos laborales.
Carla Gaudensi, del Sipreba, señaló la represión y el desalojo en Pepsico por
parte de la policía Bonaerense y de la Gendarmería. También, que en el marco de
la protesta social cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago
Maldonado, siete trabajadores de prensa fueron detenidos y estuvieron
incomunicados por 48 horas; es decir que la represión alcanzó a los
trabajadores que cubren periodísticamente los hechos que suceden en el país.
El petitorio que se presentó ante la CIDH es para que el Estado argentino
garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad
social, la autonomía sindical, la libertad de negociación colectiva y se
abstenga de interferir en su desarrollo. También, que cesen la criminalización
de los dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de
representantes de los trabajadores, el ataque y estigmatización de los abogados
laboralistas. Se solicitó, además, que retire los pedidos de juicio político a
los magistrados laborales por el contenido de sus sentencias, que se abstenga
de promoverlos en el futuro, y garantice la independencia de los magistrados
laborales en el ejercicio de su función.
La exposición del Estado se limitó a señalar sus definiciones generales sobre
la división de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos y su voluntad
de diálogo, cuando en realidad debía dar detalles precisos sobre la situación
que los peticionantes planteamos en la audiencia.
Los comisionados realizaron preguntas muy concretas sobre los casos en que se
generaron procesos de criminalización, pidieron mayor información sobre los
casos en los que se utilizó a las fuerzas policiales para resolver conflictos
laborales y los hechos de represión de la protesta. También se mostraron
preocupados por la situación de los jueces laborales y quisieron saber cuáles
fueron los supuestos utilizados para perseguir e iniciar investigaciones sobre
ellos.

Fuente: CELS

Retrocesos
en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

En una audiencia pública solicitada por 13 organismos de derechos humanos, el
24 de octubre, expusieron sobre acciones de los tres poderes del Estado
argentino que socavan los avances para esclarecer los crímenes de lesa
humanidad y juzgar a todos los responsables. Compartimos el comunicado.

Hoy se realizó una audiencia pública ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las
políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria,
Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura cívico-militar en la Argentina.
En la audiencia en Montevideo, solicitada por 13 organismos de derechos
humanos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de
Mayo y Luz Palmás Zaldua del CELS. Estuvieron presentes también Taty Almeida de
las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes.
Intervinieron representantes del Estado nacional y, de parte de la CIDH, el
presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, el Comisionado Paulo Vannuchi y
el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quienes
reivindicaron el compromiso de la Comisión con la lucha por la memoria, verdad,
justicia y no impunidad.
Los organismos destacamos los avances en los últimos años en el juzgamiento de
los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación integral de las
víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el
hallazgo de información y la sistematización de archivos y la creación de
sitios de memoria.
Desde fines de 2015, sin embargo, se han tomado acciones en los tres poderes
del Estado que socavaron este proceso. En el Poder Ejecutivo Nacional, se
debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba
el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las
investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de
casos de apropiación de niños.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que
prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad
atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas. Y en diciembre de
2016, el Servicio Penitenciario Federal -dependiente del Ministerio de Justicia
de la Nación- dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos
delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la
guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario
de privilegio.
A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que
relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando incluso al
negacionismo.
En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la
jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión
en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato. Unos
meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra
el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos
recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a
un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.
El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en
el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y
D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Por otro lado, hay una dilación histórica en la resolución de las causas
penales por estos crímenes, tanto por parte de la CSJN como de la Cámara
Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es
recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio y a la
espera del inicio del debate oral.
Finalmente informamos a la CIDH que en el Poder Legislativo no se ha conformado
aún la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas
durante la última dictadura militar, creada por ley en noviembre de 2015.
A la luz de todos estos acontecimientos, solicitamos al Estado argentino:
– Que garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y
profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de
lesa humanidad en la Argentina.
– Que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y
resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin causa.
– Que el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de
sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y
diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios orales.
– Que se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos
y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes de lesa humanidad.
– Que el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de
Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última
dictadura militar.
Los organismos solicitantes de la audiencia son:
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
H.I.J.O.S. Capital
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

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2017-11-01 00:00:00
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