En las
últimas audiencias del juicio por la causa “Armada Argentina”, el tribunal pasó
lista de todos los acusados que miran el juicio por videoconferencia para
asegurarse que no falte ninguno sin autorización. Seis testigos declararon en
las jornadas desarrolladas el lunes 29 y el martes 30 de septiembre.

Entre
las mañanas del lunes 29 y el martes 30 de septiembre de 2014 se llevaron a
cabo dos nuevas audiencias del tercer juicio a represores que se realiza en
Bahía Blanca. El mismo corresponde a la causa número 1103 conocida como “Armada
Argentina” y caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros…” que comprende delitos
de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar bajo el ámbito
de la Armada Argentina, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano.
Los imputados completan un total de 25 y ellos son Víctor Aguirre, Luis Bustos,
Felipe Ayala, Raúl Domínguez, Víctor Fogelman, Francisco Martínez Loydi, Héctor
Selaya, Carlos Stricker, Alejandro Lawless, Leandro Maloberti, Domingo Negrete,
Néstor Nogués, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Raúl Otero, Gerardo Pazos, Pedro
Pila y José Luis Rippa. A estos se les suman Guillermo González Chipont, Félix
Cornelli, Enrique De León, Eduardo Fracassi, Manuel García Tallada, Edmundo
Núñez y Luis Pons.
Si bien el número es importante, es bajísimo el porcentaje de acusados que
concurre a la sala de audiencias montada en el Aula Magna que la UNS tiene en
Colón 80. Muchos de los represores no asisten al juicio certificando problemas
de salud en algunos casos o en otros aludiendo citas con médicos que fueron dadas
justo para días de audiencia. Lo cierto es que por estos motivos y a diferencia
de los dos juicios anteriores, una escasa cantidad de imputados por crímenes de
lesa humanidad siguen el proceso sentados en la sala como corresponde.
Ya hemos informado en estas páginas que varios de los procesados ven el juicio
a través de videoconferencia ya que se presentan para hacerlo en los tribunales
de Comodoro Py de Capital Federal.
Desde allí, una secretaria o secretario informa a los jueces quiénes se
encuentran en el lugar certificando así las correspondientes ausencias y
presencias. Para que no haya irregularidades en ese sentido y no ocurra que se
diga que un represor se encuentra en el lugar cuando en realidad no lo está, el
tribunal con José Triputti a la cabeza tomó lista de cada uno de los imputados
que estaban en Comodoro Py. No solo eso sino también que se pidió que cada
mencionado se acerque a la cámara o levante la mano para poder ser visto desde
Bahía Blanca.
La situación parecía de escuela secundaria en la que se verifica que nadie se
haga la rata. Poco serio resulta que se tenga que actuar de esta manera
teniendo en cuenta los crímenes que se juzgan, la peligrosidad de los acusados
y que debería estar todo garantizado como para que el juicio transcurra con
total normalidad. Cierto es también que el historial y prontuario de los
represores y de una parte de la justicia argentina llaman a la desconfianza y a
no tener más remedio que tomar lista como se hizo.
La cuestión es que después de todo esto, que se hizo tanto en la audiencia del
lunes como en la del martes, hubo un juicio que entre los dos días juntó los
testimonios de seis testigos.
El primero en declarar fue Ramón Oscar Reynafé quien lo hizo el lunes por la
mañana debido a que durante la dictadura fue secuestrado siendo él trabajador
del puerto de Ingeniero White y afiliado al Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA)
Más tarde hizo lo propio Edgardo Ponce también secuestrado durante 1976, época
en las que realizaba tareas en una cooperativa pesquera del puerto whitense.
Ponce aclaró que él colaboró con la llamada resistencia peronista, que fue
militante político peronista en su juventud y luego gremialista en SUPA lo cual,
dijo, fue causa de los tormentos vividos con posterioridad.
El tercer testigo de la mañana del lunes fue Aníbal Perpetua, jubilado de ANSES
que para 1976 era empleado de YPF y se encontraba a cargo del gremio petrolero
del Estado. Perpetua, quien también daba clases en escuelas dependientes de la
UNS, fue secuestrado y permaneció en cautiverio en la Base Naval.
El último en declarar fue Héctor Ramón Duck, jubilado ferroviario y otra
víctima de la dictadura militar. Duck se desempeñaba trabajando en el galpón de
locomotoras de Ingeniero White, era delegado gremial y fue ejecutivo de la
Unión Ferroviaria. A su vez militó en el Partido Socialista para después pasar
a formar parte de lo que se conoció como Partido Socialista de los
Trabajadores.
Solo dos testigos fueron a declarar en la audiencia desarrollada en la mañana
del martes. Primero fue el turno de Silvia Becerra y luego le tocó a Ester
Zimmerman, ambas testimoniaron por el secuestro de Rubén Jara.

Dolor de ayer y de hoy
Silvia Noemí Becerra tiene 63 años y es artesana pero en 1976 trabajaba en
una empresa de cobranzas de la ciudad de Punta Alta que se llamaba OMPA,
Organización Mercantil Punta Alta.
El trabajo de la firma, señaló la testigo, era de informes y cobranzas
comerciales mientras que una gran cantidad de los clientes eran militares.
Silvia desarrollaba su labor en el área de Informes Comerciales y, según dijo,,
se registraban los informes por abecedario en un importante fichero.
El jefe de Silvia era el señor Rubén Jara quien en marzo de 1976 recibió una
visita poco grata en su oficina.
Silvia se quebró al relatar los hechos pero cuando pudo seguir contó que una de
las personas que ingresó a OMPA subió a la oficina donde se encontraba Jara
mientras que otro quedó parado en la escalera. Cuando bajaron lo hicieron con
Jara y Silvia pudo ver por la ventana que afuera esperaba un Falcon verde al
que ingresaron y se fueron.
El hombre que subió a buscar a Jara fue reconocido por Silvia, se trataba de
Víctor Fogelman, hoy siendo juzgado, quien era policía: “En Punta Alta nos
conocemos todos” agregó Silvia para explicar por qué sabía que se trataba de
Fogelman. A la persona que estaba en la escalera, no la conocía.
Dijo también que el auto no llevaba identificación y que los secuestradores se
encontraban de civil aunque no pudo ver si estaban armados o no. Tampoco tenían
una orden de detención ni explicaron dónde se llevaban a Jara: “No se
dirigieron a nosotros, para nada”.
Al otro día, personal militar de Marina se dirigió a las instalaciones de OMPA,
revisaron todo y cerraron el local: “Pusieron fajas en todas las puertas”.
A partir de ese hecho, Silvia se quedó sin trabajo, regresó a su casa y no
volvió más: “Qué lindo ficherito, dijo uno” recordó Silvia del allanamiento de
los marinos.
Acerca de Jara, Silvia sabía que era peronista y que presidía el Consejo
Escolar de Punta Alta. De él volvió a tener noticias cuando éste salió en
libertad. Dentro de lo poco que contó de su cautiverio manifestó que le habían
dicho que lo iban a matar. Según la testigo, Jara no podía creer estar de
regreso en su casa.
A Jara prácticamente lo echaron de Punta Alta ya que recuperó su libertad a
cambio de irse de esa localidad. Pasados los meses, Silvia se encontró con Jara
quien dijo haber estado secuestrado en la Base Naval en una especie de barco.
Fue la esposa de Jara la que al estar desaparecido su marido, averiguó y se
enteró que Jara estaba en la Base. Por cierto, en Punta Alta el rumor era que
había gente detenida en ese lugar.
Al irse de Punta Alta, Jara se fue a vivir a la casa de su madre en Bahía
Blanca donde fue visitado por Silvia quien en aquella época tenía poco más de
veinte años.
Desde el mes de junio último, Silvia Becerra viene recibiendo llamados anónimos
a la hora de la siesta, solo escucha gente que respira y luego corta.
Finalizado el testimonio de Silvia Becerra, pasó para dar el suyo la señora
Ester Zimmerman de 76 años quien estuvo casada con Rubén Jara.
Ester era junto a Rubén dueña de la firma OMPA. De ese matrimonio nacieron tres
hijos que al momento de los hechos tenían 12, 11 y 7 años respectivamente.
Fue al decir eso que Ester se quebró pero pudo continuar después de informar
que su marido de entonces era presidente del Consejo Escolar por el partido
peronista.
En el mismo inmueble donde estaba OMPA, se encontraba la casa de los Jara que
se ubicaba en la planta baja mientras que las oficinas estaban en el piso
superior.
Cuando ocurrió todo, Ester se había ido a anotar a su hijo y a su hija a clases
de piano. Pasadas las horas, la preocupación creció en Ester quien luego se
enteró por Silvia Becerra de lo que había pasado.
Según Ester, Jara se despidió de su hijo que estaba tocando el piano y el niño
lo vio irse en el Falcón con sus captores: “Era pensar todos los días que lo
iba a encontrar al borde de algún camino, muerto porque no lo íbamos a ver
más”.
Fue Ester quien después de varias gestiones en la Base Naval logró
entrevistarse con un contralmirante que finalmente no le dio respuestas.
Sin embargo, a través de cartas del propio Jara, confirmó que el hombre estaba
allí. La correspondencia la retiraba ella misma el Puesto 1 de la Base.
A los 30 días, Jara fue liberado: “Irreconocible” describió Ester quien agregó
que su marido despedía olor a grasa, aceite de buque, de taller.
También supo que Jara fue encapuchado y que oyó ruido a gatillar de armas.
Como ya se indicó, Jara salió libre con la condición de cerrar su negocio e
irse de Punta Alta. Ester se vino a Bahía y habló con el general Vilas para ver
si Jara se podía quedar en Bahía Blanca. Fue así que su marido terminó viviendo
en el domicilio de su madre. Durante aquel momento, el diario informó sobre el
remate de OMPA cuya oficina, durante el secuestro de Jara, permaneció cerrada y
vigilada por un policía ubicado en la puerta.
Ester supone que de OMPA se llevaron documentación ya que una comisión policial
estuvo allí. Agregó que su esposo conocía policía porque solían hacer guardias
en OMPA los días de cobranza.
Ya en Bahía, Jara le contó a su ahora ex mujer que le parecía que lo seguían.
En esta ciudad, Jara consiguió trabajo en Cosméticos Victoria.