Opinión

Fecha: Martes, 23 Octubre, 2018 - 00:00

Poder judicial degradado

Se repite hasta el hartazgo la remanida fórmula de que un gobierno se integra con tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La independencia de los mismos en una sociedad organizada, garantiza un Estado seguro, fuerte y transparente. ¿Es posible que en tres años esas premisas hayan perdido los límites que establece la Constitución para sus independencias?. Creo que no, creo que es la sumatoria destructiva de dictaduras y gobiernos falaces elegidos por el voto, violando los derechos en el primer caso y la confianza del pueblo en el segundo.
El gobierno de UCR-PRO-CAMBIEMOS sintetiza los dos componentes. Hace de esa síntesis un virus mortal que aplica sin escrúpulos en todos los poderes saboteando el sistema democrático, la historia, la política y violando los derechos de esa sociedad, en definitiva su existencia como tal hacia adelante.
Así asistimos hoy a un escenario político-judicial contaminado, invadido y alterado hasta en sus más profundas normas constitucionales. Normas constitucionales que en un funcionamiento acorde establecen un Estado de Derecho para todos y cada uno de las y los habitantes de nuestra Patria. Cuya ausencia establece entonces riesgos sociales inconmensurables, promoviendo la ley del más fuerte y esa ley solo garantiza impunidad a los poderosos, mientras al mismo tiempo determina un control social cual un cerrojo cuya llave solo la tiene quien desde el poder la necesite. Venimos de doce años donde el gobierno de Néstor y Cristina construyeron Políticas de Estado en la ampliación de la base de derechos, permitiendo un progreso ausente desde antes de la dictadura cívico militar.
Los ejemplos que hoy demuestran de qué manera los ciudadanos están en medio de la intemperie en cuanto a su protección por parte del Estado son innumerables. Mientras jueces y fiscales se constituyen en un “partido judicial” nacido al calor de la mentira y la violación de derechos básicos, articulando con hegemonías mediáticas o menores, con el mismo objetivo del poder económico concentrado que es el organizador fundamental.
La validación del concurso por el Consejo de la Magistratura, para ocupar un cargo de Fiscal Federal de Santiago Ulpiano Martínez que fuera desplazado por una resolución de ese mismo Consejo en 2015 del Juzgado Federal N° 1 como “juez subrogante” por incapacidad y obstaculización en la instrucción de juicios de lesa humanidad, muestra el pago del poder económico-político de la ciudad a quien cumplió con la impunidad de Vicente Gonzalo María Massot evitando juzgarlo. Empresario de la derecha más recalcitrante quien descargó inescrupulosamente sus responsabilidades en su madre Diana Julio de Massot (fallecida) por su participación en la dictadura cívico militar genocida, como lo demuestran la páginas de su diario La Nueva Provincia reivindicando hasta el hartazgo los sucesos. También habilitó la impunidad del ex obispo Guillermo Garlatti, que pagaba desde la curia la jubilación del cura genocida y con captura internacional Aldo Vara (fallecido), por su participación en la represión mientras encubría su profugación e impedía el cumplimiento del pedido de captura para su detención y juzgamiento. Santiago Ulpiano Martínez, el Fiscal Federal por asumir, además organizó junto al secretario de derechos humanos del juzgado Mario Fernández Moreno la salida por expulsión del poder judicial de el ex secretario de ese juzgado el Dr. Alvaro Coleffi, que por entonces como subrogante de Santiago Ulpiano Martínez al excusarse este en los casos mencionados avanzó en dichas causas y a quien acusaron de no cumplir con responsabilidades que eran prioritarias del “juez subrogante” titular, Santiago Ulpiano Martínez, como custodio de las pruebas de un juicio lo que significó que escuchas de una causa por narcotráfico faltantes impidieran condenar a los responsables por el tribunal oral como quedó registrado en su fallo, en un hecho sin antecedentes por lo vergonzoso.
Santiago Ulpiano Martínez es un amanuense funcional al poder local que hoy se organiza. Más a la derecha que nunca y con el control social más profundo, las corporaciones locales buscan consolidarse socialmente, habiendo sido siempre la representación y expresión del retraso de una ciudad a la que utilizaron para sus propios fines y generando dificultades a la llegada de otras inversiones o proyectos progresistas sin aportar al crecimiento real y menos al crecimiento social profundizando las desigualdades, donde están encriptadas las relaciones con los negocios con la dictadura.
Santiago Ulpiano Martínez es un engranaje más que se integra a la necesidad de impunidad de una clase social poderosa, para dominar definitivamente a la ciudad de Bahía Blanca con mano de obra barata, pobreza sostenida por la caridad que utilizan como virtud pero que sostiene las desigualdades, es decir quitándole un verdadero futuro de dignidad y respeto por sus derechos.

Eduardo Alberto Hidalgo
Secretario General Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

Autor: Eduardo Alberto Hidalgo