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Las FFAA y su triste rol de ejecutoras
El lunes 20 y martes 21, se llevó adelante el alegato por parte de la Querella por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y de la Agrupación H.I.J.O.S. regional Bahía Blanca en la causa de Lesa Humanidad denominada “Araoz de Lamadrid y otros…”, donde se juzga el accionar delictivo de 17 imputados de la Armada Argentina durante el Terrorismo de Estado.
Categoría: Derechos Humanos

El día lunes 20 de mayo, en la sede de Colón 80 de la Universidad Nacional del Sur y ante la presencia de un gran número de alumnos del 6to año del ex Colegio Nacional y 5to año de la Escuela Media Nº 3, se dio comienzo la primera jornada del alegato de la abogada Mónica Fernández Avello, querella por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y de la Agrupación H.I.J.O.S. regional Bahía Blanca.

La abogada luego de consignar las razones por las cuales querella reiterar el pedido de que se interpreten los delitos en el marco de un Genocidio, como los juicios anteriores; comenzó detallando el marco histórico en el que ocurrieron los hechos, para continuar luego con el detalle minucioso de las víctimas de este juicio, explicando la razón de esa decisión:

“No recuerdo en la historia de nuestro país sucesos tan terribles, de un exterminio tan planificado, salvo lo que fuera la conquista del desierto… el sadismo con el que fue llevado a cabo, y que no es una cuestión semántica, de si les molesta la calificación. Es lo que han relatado las víctimas, hechos que todos los hemos escuchado en las audiencias, especialmente en el primer juicio de Armada, y a esta querella le interesa especialmente que a quienes les vamos a pedir pena escuchen los horrores que hicieron”, “Es por eso que los hechos serán descritos con las declaraciones de los testigos”.


Dentro del marco histórico, la querella resaltó: “podemos decir que las FF.AA. tuvieron el triste rol de ejecutoras del proyecto de degradación de los intereses nacionales”, “lograron con éxito la aplicación de políticas neoliberales que redujeron a nuestro país, y a parte de América Latina, al rol de proveedores de materias primas con las consecuencias de mantener la economía y las políticas sociales en el atraso”, “fueron la herramienta imprescindible para sostener privilegios de sectores minoritarios”.

ara llevar adelante ese objetivo: “no sólo se debía exterminar a los guerrilleros, sino que se debía acallar a la sociedad toda, mediante un bombardeo psicológico destinado a romper los lazos de solidaridad que unían a la sociedad para instalar el individualismo y el sálvese quien pueda”.

Posteriormente se refirió al encuadre de derecho penal internacional sobre los crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, para luego dar paso al detalle de la descripción de los hechos, las torturas y los lugares donde fueron cometidos, que son los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, como el Buque ARA 9 de Julio, Baterías, Prefectura y la Policía de Establecimientos Navales, siempre dándole preponderancia a los relatos de víctimas y sobrevivientes.

Al igual que la fiscalía, la querella le dedicó un tramo especial a lo referido a los Delitos Sexuales cometidos por los imputados o bajo su responsabilidad y comenzó el apartado diciendo:

“No se puede explicar la violencia sexual que sufrieron las mujeres en los ámbitos concentracionarios sin tener en cuenta que fue «La Familia» el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión, fue presentada como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”. El genocida Albano Harguindegui, Ministro del interior de la Nación dijo: “Una advertencia: padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad. Sepamos defenderlas». “El papel fundamental de las mujeres, según la mirada dictatorial, es el de madres”, debido a esto “ella no debía asociarse con lo político. El activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, la cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.

“La violencia sexual era utilizada para degradar, humillar, castigar, para sembrar terror, pero principalmente tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de «propiedad del cuerpo de las mujeres» por parte de los varones”, «la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente».

La violencia hacia las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención tuvo un carácter rutinario y extendido, desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etc.

La querella pidió que “se sigan los mismos estándares que para el resto de los delitos ya que el abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad, porque formaba parte de su planificación”.

Para terminar este apartado, la abogada destacó respecto a las víctimas, “la enorme valentía y entereza que han tenido en poder recordar estas situaciones que suponen un trauma tan enorme y no solamente delante nuestro sino en muchos casos delante de sus propios familiares que supieron del horror por el que habían pasado”.

Posteriormente y como había anunciado en un comienzo, detalló los casos de cada una de las víctimas de este juicio, tanto los desaparecidos y asesinados, como los sobrevivientes.

Antes de concluir el día lunes, la querella comenzó a detallar de cada uno de los imputados, la responsabilidad penal que le corresponde, dejando bien plasmado los hechos por los que se los acusa.


Martes

La audiencia del día martes 21, se desplazó al Tribunal Oral Federal de calle Chiclana y Lavalle, en donde en horas del mediodía, la abogada querellante concluía el Alegato con el respectivo pedido de penas y el detalle de quienes fueron imputados por delitos sexuales:

12 años de Prisión – Imputación por abuso deshonesto para Luis Oscar Conti.
16 años de prisión – Imputación por abuso deshonesto para Enrique De León.
25 años de Prisión – Imputación por abuso deshonesto para: Mario José Bilesio; Heberto José Rubattino.

Prisión Perpetua para:

Francisco Manuel Martínez Loydi; Carlos Enrique Lacoste; José Abdala Figueroa; Hernán Álvaro Hermello.

Prisión Perpetua – Imputación por abuso deshonesto para:
Rómulo Augusto Illa; Arturo María Quintana; Alejandro Carlos Lorenzini; Carlos Alberto Louge; Aristóbulo Nicanor Moreira; Emilio José Shaller; Miguel Ángel Torra; Ricardo Cesar Araujo; Sergio Araoz De Lamadrid.

Mónica Fernández Avello concluyó su alegato pidiendo que se revoquen las prisiones domiciliarias y que las penas sean cumplidas en cárceles comunes.

Al cerrar el alegato la abogada lo hizo con las palabras de Daniel Rafecas del libro «No lo perdono» donde una ex hija de un genocida relata sus vivencias:

Dice el dr. Daniel Rafecas, «(…) La dictadura sigue viva en los pliegues de la sociedad formalmente democrática. Su larga mano llega hasta nuestros días, con sus calamidades y su brutalidad, como salida de otros tiempos. En efecto, sobrevive anidada en ciertas estructuras estatales que no han sido permeables al Estado de Derecho (…) Cientos de miles de agentes –entre ellos, el Coronel Lederer- transmitieron con fervor y convencimiento sus postulados. Muchos de ellos participaron, directa o indirectamente, en los aspectos más oscuros del proceso disciplinador: la solución final de la cuestión subversiva, la aniquilación física de toda una generación».

El Tribunal, compuesto por los jueces Luis Roberto Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu, informo que las próximas Audiencias serán destinadas para el Alegato de la defensa de los imputados.

Los genocidas contaran con el derecho constitucional de defenderse de las acusaciones, en muchos casos, con abogados oficiales, es decir pagados por nosotros, oportunidad que la dictadura genocida, no le otorgó a ninguna de sus víctimas, que secuestró, torturó y desapareció o asesinó. recuadro:
La audiencia del día 21 de mayo, debió trasladarse a la sede del TOF en Chiclana y Lavalle, ya que la UNS estaba ocupada con una simbólica visita, nada menos que el Ministro de Justicia German Garavano quien dijo que no debe haber «impunidad», en el mismo día que un tremendo despliegue se realizó en la sede de Comodoro Py, en clara alusión y persecución a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, no parecen muy preocupados por la impunidad que hace más de 40 años sufrimos quienes fuimos víctimas de la dictadura genocida.
Ese despliegue en Comodoro Py, digno de una ficción, hizo que los abogados defensores pidieran al tribunal que los genocidas que habitualmente siguen el juicio por videoconferencia, no asistieran a la audiencia y de esta manera no escucharan el final de Alegato y pedido de penas de la Abogada querellante, cosa que así ocurrió.
La impunidad, le decimos a Garabano, la conocemos desde hace años, y en estos últimos cuatro, que ellos gobiernan la padecemos diariamente, con los beneficios otorgados a los criminales más feroces de la historia argentina, que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y se robaron 500 bebes; los cuales en su gran mayoría se encuentran en sus casas y sin ningún control.

Autor: Redacción Ecodías

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2019-05-28 00:00:00
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