Universidad Nacional del Sur Locales

Fecha: Lunes, 18 Julio, 2011 - 11:12

Informantes, abstenerse

La Asamblea Universitaria determinó que el ejercicio de acciones de inteligencia durante la dictadura significará un causal de impugnación para la presentación de un profesional a un concurso por un cargo docente. La medida también rige para el sector no docente.

La Asamblea Universitaria (AU) es, junto al Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano resolutivo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que como todas las de su clase reviste carácter autónomo en sus decisiones respecto de los poderes del Estado.
Entre sus competencias están la de crear y suprimir carreras o títulos, pero también efectuar declaraciones normativas que rijan los principios de admisión y permanencia en la comunidad universitaria.
El miércoles 13 de julio pasado, según informó oportunamente la página oficial de la UNS, la AU de esa casa de estudios, se reuniría a considerar la creación de varias carreras y el aval para sus correspondientes títulos de grado. Como dato anexo, separado de los cinco puntos enumerados en el Orden del Día previsto, se encontraba el tratamiento que se daría a la condición de agentes de inteligencia que pudieran revestir los miembros de la comunidad universitaria. Fue, acaso, el más importante de los temas tratados durante la jornada.

“Inteligencia”
Con treinta y ocho votos por la afirmativa y siete abstenciones, la AU decidió dar luz verde al proyecto impulsado desde la lista Integración de docentes y apoyado por distintos sectores de la comunidad, tendiente a eliminar la posibilidad de que las personas que se desempeñaron como parte del personal de inteligencia durante la última dictadura militar sean parte, como docentes o no docentes, del cuerpo de trabajadores de la casa de estudios.
El texto fue dirigido al presidente de la AU, Alejandro Cantaro, por los asambleístas Patrignani, Barcia, Albornoz, Cernadas, Kalocai, Pera Vallejos, Orozco, Stankevicius, Lloret y Cordero. Su resolución más importante declara “que la participación en esas tareas de inteligencia están reñidas con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria en particular y en el marco ciudadano en general” y considera que tal carácter hace que queden “comprendidas en las causales de impugnación de los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios, 17 del Reglamento de Concursos de Asistentes y Ayudantes y con las “condiciones de conducta” a las que se refiere el artículo 30 de la Reglamentación del Art. 4 del Convenio Colectivo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales”.
Además, la resolución dispone “contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica sobre este período nefasto en la UNS dando a conocer a la comunidad universitaria, a través de las herramientas de difusión habituales, el detalle de los nombres y funciones de quienes son o han sido parte de ella y desarrollaron tareas de inteligencia para la dictadura cívico militar 1976 a 1983”.
Asimismo, recomienda al Poder Ejecutivo Nacional “la inclusión expresa de la incompatibilidad ética en idéntico sentido que el artículo 3 en la Ley que regula la Educación Superior”, que marca el carácter democrático que debe observar e inculcar la institución universitaria.
Entre los considerandos con que se fundamentó el proyecto se encuentra la declaración que la Cámara de Diputados de la Nación realizó en mayo del año pasado, indicando que la celebración del bicentenario argentino hacía propicio “reafirmar el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional, representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”.
Por otra parte, el documento recordaba que la UNS se había mostrado comprometida con la reparación histórica -“debe estar fundada en los principios de Memoria, Verdad y Justicia”, afirma-, al ceder sus instalaciones para la realización del histórico juicio que se está llevando a cabo en nuestra ciudad contra diecinueve represores, acusados de noventa crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército bahiense.

Los alumnos
A diferencia de lo ocurrido durante el tratamiento que el CSU dio a la reválida de Gloria Girotti, cuando el claustro estudiantil en pleno se manifestó en contra de otorgar tal beneficio a la letrada, durante el tratamiento que la AU dio al tratamiento del proyecto de resolución descripto tres de las siete abstenciones correspondieron a los representantes estudiantiles.
El voto no fue nominal por lo que no quedó registro escrito de los votantes y sus opciones. Sin embargo, se logró determinar que las abstenciones estudiantiles correspondieron a las bancas que ostentan en la AU las listas Generación UNS y Unidad.
También prefirieron abstenerse asambleístas de las listas Línea Phi, Auxiliares del Sur y Blanca.

Montezanti
Cuando la presidenta de la Nación Cristina Fernández firmó su cuarto decreto de 2010, ordenó a las Fuerzas Armadas desclasificar sus archivos de inteligencia del período comprendido por los años 1976 a 1983, a los fines de difundir quiénes eran los civiles que habían participado del engranaje de secuestro, tortura y muerte implementado en el marco del Terrorismo de Estado impuesto por el gobierno militar.
La puesta en práctica de la medida por parte del Ejército -aún no han sido dados a la publicidad los listados de la Fuerza Aérea y la Armada, que se conocen sólo extraoficialmente- trajo revelaciones que causaron sorpresa en distintos puntos del país, donde comenzaron a conocerse nombres y funciones cumplidas por el Personal Civil de Inteligencia (PCI) que prestaba servicios al Batallón 601.
En nuestra ciudad, las tareas de espionaje quedaban bajo la órbita del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército.
Puntualmente en el caso bahiense, logró confirmarse la participación de algunas figuras de relevancia pública de los que sospechaba, desde hacía años, una cooperación en dichas tareas. Tal fue el caso del juez de Faltas Ricardo Germani, quien todavía permanece en su cargo a pesar de los numerosos cuestionamientos que recayeron sobre su persona por haberse desempeñado como “agente secreto” de los servicios de inteligencia dictatoriales.
También se confirmó la efectiva intervención del catedrático, escritor y miembro de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti. El letrado participó durante la dictadura como “asesor universitario” del Destacamento 181. Es el único de los nombres develados que registra tal función. Su caso resultó paradigmático en la UNS y motivó en gran medida la elaboración del proyecto de resolución.
Montezanti dicta clases en el Departamento de Derecho de la casa de estudios, donde tiene a su cargo tres asignaturas: Introducción al Derecho, Derecho Administrativo I y Ciencia Política.
Desde la aprobación que la AU dio el miércoles 13 de julio al proyecto reseñado, el letrado no podrá presentarse a un concurso para la obtención de una reválida o un nuevo cargo sin sufrir la impugnación que la resolución entiende justa para sus antecedentes como PCI.

Autor: Redacción EcoDias