La Ley de Salud Mental fue sancionada por el Senado de la Nación y significa un cambio significativo en lo que refiere a la situación de los pacientes con padecimiento mental.
Enfocada hacia una mirada más comunitaria, la normativa establece entre sus puntos más importantes: la prohibición de nuevas instituciones de internación monovalente, un órgano de revisión interdisciplinario para las internaciones involuntarias y un cambio de paradigmas y conceptos en pos de la no discriminación de los y las pacientes.

Comúnmente, cuando se habla de pacientes del área de Salud Mental, se los suele menospreciar y discriminar, catalogándolos como “los locos”, los que están en un manicomio, calificándolos por lo general de peligrosos.
Esos conceptos, para el bien de los pacientes y de la sociedad, merecen ser cambiados ya que estas personas deben tener asegurados sus derechos humanos más allá de la situación sanitaria que puedan atravesar.
El encargado de que esos derechos se respeten y se cumplan es el Estado que debe garantizarlos a través de normativas pero también de políticas que acompañen a aquellas para que puedan tener buen futuro.
Recientemente, el Senado de la Nación aprobó la nueva Ley de Salud Mental que plantea cambiar paradigmas para un mayor beneficio de los pacientes. Esto queda claro en la modificación que se hizo del Código Civil en el cual el criterio de internación que imponía el concepto de “peligrosidad para sí o para terceros” fue reemplazado por la constatación de “riesgo cierto e inminente”.
De esta manera se logra un paso importante para una mayor libertad y autonomía de los pacientes y una apertura de la sociedad respecto al trato con ellos.
La licenciada en Trabajo Social, Marcela Arzuaga (Mat. 4466), se desempeña desde hace 21 años en el área de Salud Mental del Hospital Penna de Bahía Blanca. Además, es docente de la cátedra de Salud Mental de la carrera de Enfermería en la UNS y se encuentra próxima a recibir el doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús.
Arzuaga dio su opinión a EcoDias sobre la nueva ley a la que calificó de muy positiva: “Primero, se trata de una ley nacional de salud mental que en la Argentina no existía como tal. Segundo, establece básicamente el criterio de atención comunitaria, de atención de la salud mental desde la comunidad, generando y reforzando aquellos dispositivos de externación asistida y de reinserción social que muchos, como nosotros en el Penna, venimos intentando trabajar desde hace mucho tiempo pero como la política, básicamente, y la normativa eran dos cuestiones que estaban basadas en la cuestión asilar, es muy difícil llevar adelante programas que tiendan a la externación asistida de parte de la política pública”.

Romper con lo viejo
EcoDias propuso a Arzuaga analizar los puntos fundamentales de la ley y uno de ellos habla de la prohibición de generar nuevas instituciones de internación monovalente, popularmente conocidas como manicomios. Esto rige tanto para el ámbito público como para el privado: “Lo primero que hace la ley es abolir la creación de los nuevos, no está diciendo que automáticamente van a desaparecer las instituciones manicomiales grandes. Esto lo plantea como un proceso paulatino, en la medida en que se generen los nuevos espacios de asistencia comunitaria. Esto es lo que no hay que confundir, no hay que pensar que el cierre de una institución manicomial necesariamente implica una expulsión de las personas con padecimiento mental a la comunidad, sino que implica generar los puentes necesarios para que estas personas ejerzan sus derechos, porque en realidad lo que está otorgando es el derecho humano básico de -teniendo un padecimiento- ser asistido dentro de su lugar de origen o tratando de sostener los vínculos humanos posibles”.
Los dispositivos alternativos, mencionados por Arzuaga anteriormente, los hospitales de día y demás cuestiones que tienen que ver con la atención comunitaria del paciente, tendrán mayor protagonismo con la nueva ley.
Datos estadísticos marcan que existen alrededor de 25 mil personas recluidas en asilos psiquiátricos pero un 80 por ciento podría vivir fuera de las instituciones con los necesarios dispositivos de externación en hospitales generales que lograrían una restitución del derecho de paciente: “Otro punto importante es que se genera un órgano de revisión del que participarán también los organismos de derechos humanos para aquellos casos donde las internaciones involuntarias tengan necesidad según el equipo profesional interdisciplinario de permanecer más allá del tiempo establecido de 90 días dentro de la institución”.
Ese papel importante que va a jugar el equipo interdisciplinario de Salud respecto a las internaciones involuntarias también se ve reflejado en que las mismas siempre quedaban a disposición de un juez: “Con la nueva ley, la decisión es del equipo interdisciplinario, ya no es de una sola profesión sino que es del equipo interdisciplinario la evaluación y la necesidad de internación o externación”.

Políticas acordes
La ley introduce novedades como la inclusión de las adicciones en el campo de la salud mental y también menciona que el 10 por ciento del presupuesto de Salud debe estar a disposición de Salud Mental: “En este momento estamos con cifras muchísimo más bajas que ese 10 por ciento”.
Además, la legislación modifica un factor clave que es el que refiere al sistema de inhabilitaciones. Esto es todos aquellos derechos que le eran coartados al paciente por su padecimiento: “Antes con el Código Civil -que está aún vigente, (de hecho) esta ley va a llevar tres años para instrumentarla- se planteaban las inhabilitaciones y las incapacidades en su totalidad. Esta ley preserva en aquellas personas que tengan habilidades para algunas cosas y sólo declara la inhabilitación en aquellos aspectos de la vida que no puedan ser manejados por la persona y que necesiten una representación legal para su acto”.
El sistema no habla únicamente de la administración de bienes inmuebles sino de todos los derechos del paciente que le eran restringidos: “Esto tiene que ver por ejemplo con la necesidad de casarse, de ejercer la maternidad, de vivir solo, de manejar su dinero que no necesariamente tienen que ser grandes capitales. Cuando alguien quedaba con la representación legal con una declaración de incapacidad, quedaban abolidos todos sus derechos. En este momento se hace abolición de aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas por la persona según una evaluación profesional. Queda como habilitado en aquellos aspectos donde la persona puede ejercer sus derechos”.
En la letra la ley es muy clara y positiva: subraya la autonomía del paciente, le devuelve sus derechos y aboga por una solución a su problema. Sin embargo, destaca Arzuaga, el paso fundamental que significa el proceso normativo debe ser acompañado por una fuerte decisión política: “Se hizo un paso importantísimo, pensemos que después de muchos años se pudo implementar una Ley nacional de Salud Mental. Los que estamos en salud mental comunitaria estamos festejando la aparición de esta ley pero pensando en que vamos a acompañar este proceso con políticas públicas acordes”.
Se resaltaba al comienzo el cambio de conceptos en donde, para referirse a internaciones ya no se habla de “peligrosidad” sino de “riesgo cierto e inminente”. Se trata de un dato claro de que la ley viene a romper viejos estigmas y prejuicios que sufren los pacientes: “Aspiramos a eso, la ley y otro montón de actividades que de hecho llevamos adelante aún con un sistema asilar. En la cátedra siempre planteo esto, si uno recorre aún en las instituciones más asilares y más manicomiales, hay intentos de romper con ese modelo, me refiero a espacios donde se genera subjetividad. Desde artistas del Borda hasta experiencias de centros de día en Romero o la colonia de Santa Fe donde también se hizo todo un proceso de externación. Entonces, con esta ley creemos que podemos llegar a profundizar esos espacios que de hecho ya se están generando en algunos lugares”.
A veces cambiar las palabras, los conceptos, en una norma, cambia la manera de mirar una problemática social. Nuevos pasos hacia una sociedad más amplia en la cual, con nuestras diferencias, quepamos todos y todas.