En una resolución inédita la Justicia Federal rosarina procesó a cuatro
personas por narcotráfico y trata de personas. Las víctimas eran dos hermanos
que lograron escapar de un búnker en 2011. Zaida Gatti, titular del Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito
de Trata, habló sobre la situación de vulnerabilidad de los denominados
“soldaditos” del negocio narco.

A través de un pequeño agujero en la pared entregan bolsas de cocaína y
marihuana. Están encerrados entre cuatro paredes reforzadas en búnkeres de dos
por dos. Cumplen turnos de 12, 24 y hasta 48 horas. La mayoría tienen entre 16
y 24 años, pero también hay nenes más chicos. Los medios los llaman
“soldaditos”, para la Justicia son victimarios. Sin embargo, una tercera
posición los ubica en el lugar de víctimas. “Están en una situación de
vulnerabilidad. Decimos que son víctimas porque estamos comprendiendo todo su
entorno”, dijo Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Prostíbulos, campos yerbateros y talleres textiles. Desde la promulgación de la
ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a
sus Víctimas en abril de 2008, el Programa rescató 8696 personas que eran
explotadas en esos lugares. Sin embargo, solo en una oportunidad el equipo de
psicólogas y trabajadoras sociales visitó un búnker de drogas. En 2011, un
juzgado federal rosarino las convocó para participar de un allanamiento en el
que había niños de entre 8 y 10 años que eran encerrados en casillas y
obligados a vender drogas por una ventanita. No recibían más que agua durante
todo el día. Cuando llegaron los efectivos de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, el búnker estaba vacío. La policía provincial ya había estado
ahí la noche anterior.
Hace dos semanas, en una resolución inédita, el titular del Juzgado Federal 3
de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a cuatro personas por narcotráfico y
trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. Las víctimas eran
dos hermanos que lograron escapar en 2011 y contaron que los encerraron en un
búnker y los obligaban a vender marihuana y cocaína en turnos de 12,24 y 48
horas en un espacio de dos por dos metros, sin comida, ni baño. Infojus Noticias dialogó con miembros
del Programa Nacional de Rescate: su directora, Zaida Gatti; Cristian Encinas,
Coordinador del Equipo Jurídico del Programa y Vanesa Lorenzetti, coordinadora
del Equipo Técnico.

– ¿Cuáles son los indicadores para considerar que una persona es víctima de
trata?
– Zaida Gatti: Los que marca la ley. La captación de la víctima, el modo
en que fue captada, el lugar, lo que le ofrecieron, cómo llegaron a ese lugar,
el modo en el que fue trasladada: si fue sola o con otras víctimas, cuál fue el
medio de transporte, la documentación, quién pagó ese pasaje. Y después qué
pasó en el lugar de explotación. Las víctimas llegan no saben que es un
prostíbulo y cuando se quieren ir les dicen que tienen que pagar la deuda.
Empiezan a ejercer la prostitución para pagar la deuda. Eso ya es un indicador
claro de la explotación. No es necesario que sea consumada. La situación de
vulnerabilidad de la persona es un factor determinante. Esto es la situación
previa al momento de la explotación.

– Los jóvenes que están en búnkers vendiendo drogas, ¿pueden ser
considerados víctimas por la situación de vulnerabilidad que atraviesan?
– Z.G.: Los chicos están en lugares con puertas selladas y en las peores
condiciones de vivienda, sin un lugar donde hacer sus necesidades, algunos ni
siquiera comen. Todo el tiempo están vendiendo para que otro se lleve el
dinero. Son víctimas de trata más allá de que no hay traslado porque viven en
el mismo barrio en el que son explotados. Son víctimas porque hay una situación
de vulnerabilidad: están en situación de pobreza, no tienen una familia que
vaya a contenerlos, las propias familias a veces los ofrecen porque creen que
van a conseguir un dinero. Para ellos no es una situación totalmente ilegal, es
una situación marginal. No saben qué significa a niveles penales las
consecuencias. Además, están amenazados o coaccionados. Esa amenaza es siempre
contra su entorno, saben dónde está la familia.

– En el caso de que los chicos hayan aceptado entrar al negocio
– Z.G.: No hay consentimiento de la víctima. Solamente con que se cumpla
uno de los elementos típicos de la ley es suficiente. Por ejemplo, la captación
ya es suficiente para configurar el delito y el aprovechamiento de la situación
de vulnerabilidad es un agravante. Si lo rescatan mientras lo están llevando de
su casa a la casilla donde va a vender drogas, igual está considerado una víctima.
El fin último es la explotación. En estos casos, trabajan con su aparato
psíquico de tal modo que los chicos piensan que pueden escalar en la cadena.
Tuvimos casos de trata en venta ambulante en las que convencían a las víctimas
que se trataba de una cooperativa. Le daban la plata a su explotador porque
pensaban que iban a ganar todos. Estos chicos es la única posibilidad de
sentirte poderoso, de tener un reconocimiento. Y este es un reconocimiento para
ellos. ¿Qué valor tiene la vida para ellos mismos? Cero, porque nadie les
enseñó para quien vale. Si mi vida misma no vale nada, porque tiene que valer
tu vida para mí. Todas las vidas dan lo mismo para ellos. La única vida que
tiene un valor para ellos es la madre. Buscan un reconocimiento.

– Cristian Encinas: El consentimiento está totalmente viciado por el
contexto en la que vive, la instrucción académica. Ese niño se siente
empoderado con un arma, porque vende drogas, y la red de narcotráfico está
aprovechándose de esa situación.

– Vanesa Lorenzetti: El reconocimiento está subinvertido. Es más capo y
reconocido quien escala dentro de la organización. Caen en esa trampa. Se arma
un microcircuito de valores que no son los valores sociales convencionales.
En algunos casos de trata sexual, nos pasa que la Justicia no considera
víctimas a las encargadas porque la organización las hace jugar un rol. No son
parte de la cadena y muchas de ellas son víctimas. Entonces es un hilo muy
delgado para la Justicia imputarla o no.

– El procesamiento de hace dos semanas en Rosario fue inédito. Desde que
está en vigencia la ley no se había considerado como víctimas a los vendedores
de droga que están en los bunkers. Parece que el Poder Judicial se resiste a
verlos como tales.
– Z.G.: El prejuicio del Poder Judicial y de la policía no los hace ver
como víctimas. Nosotros decimos que son víctimas porque estamos comprendiendo
todo su entorno. Es una discriminación que ya está internalizada. Es muy
difícil encasillarlos en el lugar de víctima.

– En las investigaciones ¿Qué cambia al considerarlos víctimas?
– Z.G.: Obliga a investigar de verdad, investigar a la red. Llevarte a
los chicos de los bunkers como responsables del delito ni rasguña el negocio.
El Poder Judicial tiene que llegar a la cabeza máxima. No hay un compromiso
para hacer avanzar estas investigaciones porque hay demasiados interés
económicos en el medio. Todavía estamos años luz a que se cambie la mirada
sobre las víctimas. Todavía siguen considerando prostitutas a las víctimas de
explotación sexual y a los pibes de doce años que venden responsables del
negocio.

Fuente: Infojus – Florencia
Alcaraz y Sebastián Ortega