La actual estructura judicial reconoce su origen en el orden de facto montado
por el gobierno de Videla con la finalidad de otorgar legalidad al accionar
criminal de la dictadura. Con impunidad, hoy protegen públicamente a poderosos.

El Plan Cóndor se ejecutó en Latinoamérica mediante la participación de
gobiernos usurpados por dictaduras militares y fue coordinado entre los años
’70 y ’80 por la CIA y los asaltantes del poder que instalaron el terror en
Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Con la excusa de combatir a la guerrilla, de ideología izquierdista, marxista,
calificada por el Departamento de Estado de EE UU como subversiva, el Plan
Cóndor estuvo dirigido en nuestro país a reprimir y asesinar a los militantes
peronistas tanto políticos como sindicales, líderes estudiantiles, dirigentes
sociales y miembros de las Iglesias que se opusieron a la dictadura, la
represión y las desapariciones.
Un capítulo aparte merece la Iglesia Católica que cuenta con mártires del
terrorismo de Estado a pesar de que una parte de su jerarquía y de modo
destacado la Capellanía Militar, acompañaron activamente a la dictadura.
El accionar represivo convirtió a los gobiernos implicados en ejecutores del
“terrorismo de Estado”, que arrojó como consecuencia un total de 400 mil
muertos en América Latina; en nuestro país fueron los “30 mil desaparecidos”.
Para comprender la dimensión de ese período nefasto de nuestra historia es
imprescindible descorrer el velo con que se sigue encubriendo la dictadura que
asaltó el poder en marzo de 1976. Para ello es necesario exponer a su mandante
local, el poder económico, tan importante como la dirección externa que la
organizó.
Detrás del accionar militar estuvieron los principales grupos económicos que
fueron beneficiarios del régimen y tuvieron en José Alfredo Martínez de Hoz al
cerebro y ejecutante de las políticas económicas y sociales que desplegaron los
militares y convalidó el Poder Judicial, encargado de legalizar torturas,
desapariciones, muertes y el saqueo de la economía.
Dice Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en marzo de 1977: “la
política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja
oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de
monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices,
la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro
Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”.

Nota:
el artículo fue publicado originalmente en semanario Trabajo y Economía, en la
edición de Tiempo Argentino