La actividad se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación el lunes 26 de mayo, y fue coorganizado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Comisión de Discapacidad del órgano legislativo. Expusieron diez referentes del cooperativismo y dos funcionarios públicos de áreas vinculadas con la temática.

El diputado Daniel Arroyo agradeció a las Cooperativas por la calidad de su participación, enfatizando su papel como herramienta clave para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Destacó tres desafíos principales: Garantizar oportunidades reales de empleo, criticando el incumplimiento del cupo del 4% en el Estado; simplificar trámites y reducir cargas impositivas para Cooperativas, promoviendo modelos como las Cooperativas de inclusión sociolaboral; y eliminar barreras burocráticas en salud y pensiones, con urgencia en la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad.

Asimismo, denunció el «maltrato» del Estado en políticas recientes, como las auditorías pensionarias, y señaló la crisis en el acceso a medicamentos y transporte. Además, planteó la necesidad de clarificar los derechos en salud y revisar el sistema de pensiones, actualmente en un «limbo» normativo. El encuentro buscó articular acciones entre el sector cooperativo y el Estado para avanzar en soluciones concretas.

El vicepresidente de la Confederación Cooperar, Alberto Bavestrello, presentó el Pacto Cooperativo sobre Discapacidad, que ya compromete a 70 federaciones. Sus ejes incluyen capacitación, eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de contrataciones: «Queremos que cada Cooperativa apadrine al menos un proyecto de inclusión sociolaboral».

A la hora de visibilizar las acciones que el cooperativismo lleva adelante, siempre con bajo perfil, Bavestrello puso como ejemplo a la Cooperativa Obrera, “que tiene un departamento dentro de su área de recursos humanos, especializado en detectar talentos entre las personas con discapacidad, para ver en qué áreas” se pueden desarrollar mejor.

Los oradores, en orden cronológico, fueron: Mariana Pacheco, de la Cooperativa de inclusión sociolaboral La Huella (CABA); Susana Fígaro, de la Cooperativa de inclusión sociolaboral Abriendo Caminos (Tres Arroyos); Gustavo Sosa, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero; Rodolfo Tolosa e Irma Parejas, de la Federación de Cooperativas y Mutuales de Turismo; Marcelo Betti, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; Silvina Vazón, de Río Uruguay Seguros Cooperativa; Sofía Bauzá, de la Federación de Cooperativas Federadas; Juan Marchetti, de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Santa Fe; Alberto Bavestrello, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina; Eugenia Pomazán, secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del gobierno de Córdoba; y Raúl Lucero, director de Promoción de los derechos de las personas con Discapacidad Provincia de Buenos Aires.

Experiencias territoriales y la urgencia de un cambio normativo

En primer lugar, Mariana Pacheco, de la Cooperativa de inclusión sociolaboral La Huella, expresó: «¿Por qué debería haber Cooperativas que brinden accesibilidad a las personas con discapacidad y por qué debería haber Cooperativas de este tipo que mencionamos Cooperativas de inclusión sociolaboral?”. Y expuso datos oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad de marzo de 2023: “5 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en Argentina, y 82,5% no tienen trabajo. Son personas con discapacidad que tienen su certificado único de discapacidad entre 18 y 64 años”.

«Ese porcentaje de las personas con discapacidad que no tiene trabajo es mayor en el caso de la discapacidad psicosocial e intelectual, población que sin trabajo tiende a aislarse», agregó.

Pacheco resaltó que «el cooperativismo ya en otros países ha mostrado capacidad para brindar accesibilidad a estas poblaciones» y habló de «modelos exitosos» en Italia y España. En ese sentido, indicó que «este modelo demanda instrumentos normativos apropiados».

«La persona trabajando disminuye el gasto en asistencia y medicamentos, conlleva efectos terapéuticos y bajan los casos de reiteraciones», aseguró.

A su turno, Susana Fígaro, de la Cooperativa de inclusión sociolaboral Abriendo Caminos, manifestó que «la importancia de la inclusión y la accesibilidad laboral en la sociedad y las experiencias de las Cooperativas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de estos valores y de las personas con discapacidad».

Asimismo, abogó por tomar «iniciativas sustentables» y declaró que el compromiso para «trabajar en conjunto» y «crear un marco legal adecuado».

Gustavo Sosa, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, detalló los antecedentes normativos sobre el cooperativismo de inclusión laboral y consideró que, en una eventual norma, se debe «reconocer a los múltiples actores que integran estas entidades, por eso una Cooperativa de inclusión laboral es disruptiva respecto a una Cooperativa de trabajo; aquí tenemos personas que están trabajando, personas que están acompañando, familias, y entidades públicas y privadas».

Sobre los beneficios que tendría que contemplar, subrayó los de carácter impositivo, no sólo sobre el impuesto a las Ganancias, sino también sobre débitos y créditos y el IVA. «Es interesante pensar un mecanismo para que puedan recibir donaciones», sumó.

Inclusión es sinónimo de democracia

Sofía Bauzá, integrante de la Federación de Cooperativas Federadas, relató en primera persona las dificultades que enfrenta como persona con discapacidad: «Soy licenciada en Ciencias Políticas, pero mi patología afectó considerablemente mi expresión oral”, para luego atestiguar “la importancia del trabajo como herramienta de recuperación física, mental y emocional y espiritual”.

“Los trámites burocráticos con obras sociales son tediosos y estresantes». Su testimonio reflejó un reclamo recurrente: la falta de adaptación del Estado a las necesidades reales.

Por la Federación de Cooperativas y Mutuales del Turismo, Rodolfo Tolosa, sostuvo: «Convivimos con innumerables mitos y prejuicios asociados a las personas con discapacidad, mitos que generan una brecha, limitando el desarrollo vital de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades ya sea laboral, educativo o de convivencia».

Desde la entidad que representa se «propicia un espacio que responda a la necesidad de las personas dentro del sector turístico», ya que «las personas viajan a donde pueden, no a donde quieren». «Hay que lograr la accesibilidad e igualdad de oportunidades en la industria turística», aseveró.

En representación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Marcelo Betti, valoró que «en las Cooperativas tenemos un lugar privilegiado, porque allí no es el fin de lucro, la maximización de la utilidad lo que motiva su naturaleza, sino que se buscan satisfacer necesidades humanas». Además, hizo referencia a que las Cooperativas son mencionadas en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde «se insta a los estados a promover Cooperativas que fomenten el empleo de personas con discapacidad».

La visión desde el sector público

Entre los oradores, participó de la reunión la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del gobierno de Córdoba, Eugenia Pomazán, quien habló de los programas para las Cooperativas y uno de ellos con el cual alcanzaron a «15 mil personas con discapacidad».

«Esta política responde a una demanda histórica de las organizaciones sobre el financiamiento o fortalecimiento, mejor dicho, por fuera de un sistema prestacional. Un fondo en 2024 de 1.300 millones de pesos y este 2025 triplicado, más de 3.000 millones de pesos; se siguen fortaleciendo propuestas de inclusión laboral y social de las personas con discapacidad», apuntó.

Y añadió: «Celebramos iniciativas que intentan construir respuestas concretas a aquellas organizaciones que con mucho esfuerzo intentan salir de un modelo asistencial hacia uno de dignificación de sus miembros».

En tanto, el director de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires, Raúl Lucero, aseguró que actualmente la situación de los adolescentes y jóvenes con discapacidad «es una gran preocupación», no sólo por su terminalidad educativa sino su inserción laboral posterior.

El funcionario reivindicó el programa de Talleres Protegidos, uno de los más históricos, pues surgió antes que la Convención misma. Se trata de «espacios para iniciar la formación y ser un lugar de resistencia a la alternativa terapéutica», indicó. Y precisó que «la provincia hoy contiene a 176 Talleres Protegidos», siendo Buenos Aires «la única provincia que acompaña con una beca».

Lucero abogó por «normas que equiparen oportunidades, que compensen la justicia social, que se piensen con las personas con discapacidad. Acá hay un gran desafío».

Fuente: El Parlamentario y Canal de YouTube de la Cámara de Diputados