Las reformas laborales que quiere el Gobierno violan la Constitución, los
tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso persiguen a los
jueces que los hacen respetar. Avance sobre los derechos de los trabajadores.

“Si ganamos en octubre vamos a un ajuste durísimo”, expresó con sinceridad
el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en Nueva York frente a jefes de bancos y
fondos de Wall Street. Por eso en octubre no solo se renuevan parcialmente las
cámaras del Congreso. Se plebiscita el gobierno de Macri y se define la
Argentina de los próximos dos años.
Si el gobierno hace una buena elección irá a fondo con su programa. Veamos qué
implica en materia laboral. Para explicarlo recurrimos a: 1) qué hizo en un año
y medio de gobierno, 2) declaraciones del presidente y sus funcionarios, 3) qué
quieren los sectores a los que representa, y 4) qué hicieron otros gobiernos
con igual ideología.
El gobierno no quiere paritarias libres; quiere que sean a favor de las
empresas, bajar el costo laboral y maximizar la rentabilidad. En enero los
bancarios acordaron un incremento mayor al techo pretendido por el gobierno y
la banca extranjera. El acuerdo estaba legalmente vigente, pero el gobierno
aliado a la banca internacional lo rechazó invocando una ley derogada hace 17
años. La Justicia ordenó a los bancos pagar el aumento y al Ministerio no
interferir. Funcionarios gubernamentales se reunieron con banqueros -incurriendo
en desobediencia judicial- para que éstos no paguen el aumento. La unidad y
fuerza de los bancarios que anunciaron un paro de tres días venció la resistencia
gubernamental/banquera.
La ley obliga al Estado Nacional a convocar la paritaria nacional docente para
acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las
provincias. El gobierno se negó a convocarla no obstante que una sentencia se
lo ordenó. La negociación colectiva es un derecho garantizado a los gremios
(artículo 14 bis Constitución Nacional).
El gobierno fijó ilegalmente un techo salarial para las paritarias, que no solo
es inferior a la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del
poder adquisitivo del 2016. Eso es transferencia regresiva del ingreso; lo que
no va a salario se lo quedan los empresarios: creció la venta de autos de alta
gama y bajó el consumo de leche.
Como Cavallo en 1991 quiere limitar los aumentos al crecimiento de la
productividad, que impide la distribución progresiva del ingreso, consolida su
reparto inequitativo, y no depende de los trabajadores sino de las empresas.
El gobierno no quiere paritarias por actividad. Las quiere por empresa; porque
así lo exigen las corporaciones y se lo hicieron saber en su “tribuna de
doctrina”, el diario La Nación, el 26 de julio del año pasado. El mismo modelo
de negociación de los ‘90, sin incrementos salariales.
No quiere protección en el empleo ni indemnización por despido. Quiere que los
trabajadores financien su despido, aportando a cuentas de capitalización y
retirando “su ahorro” cuando son despedidos. Esto ya lo reveló el secretario de
Empleo, Miguel Punte, en enero de este año/17, cuando afirmó que “para las
empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y
descomer”. O sea, para el funcionario los trabajadores son eso que se descome.
No fue un exabrupto, no hubo desmentida ni retractación y sigue ocupando el
cargo: es la posición del gobierno nacional.
El presidente elogió la flexibilidad al anunciar su plan de deseos para la
industria automotriz. ¿Qué es la flexibilización? Lo que hicieron los gobiernos
de 1999/2001: contratos basura, sin estabilidad, sin indemnización, con
salarios reducidos y sin derecho a categoría y tareas. Además, el cese de la ultraactividad
de los convenios. El Ministerio de Trabajo, de manera ilegal, autorizó a Mac
Donald’s a contratar 5000 jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo
de 4500 pesos, inferior al salario mínimo vital y móvil. Esos trabajadores
sustituirían a otros comprendidos en el convenio colectivo de trabajo. La
Justicia Nacional del Trabajo frenó ese acuerdo ilegal.
El presidente Macri dijo que “cada vez que un gremio consigue reducir una
jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de
un costo y no está bien” (9/7/16) y que “hay que trabajar los sábados y
domingos” (3/4/17). Adelantó lo que viene: jornadas flexibles, turnos
rotativos, trabajo en sábados y domingos y franco a mitad de la semana, y sin
derecho a cobrar horas extras. La OIT establece exactamente lo contrario en
materia de jornada de trabajo.
Al inaugurar una planta (que no era nueva sino una mudanza con despidos) culpó
a los trabajadores de poner palos en la rueda complicándole la vida al resto de
la sociedad cuando “fuerza un ausentismo” o “inventa un juicio”. No hizo ningún
reproche a las empresas que evaden -meses antes justificó la evasión tributaria
diciendo a los empresarios “ya no vamos a tener que escondernos”-, a los que
tienen trabajadores en negro, a los que no cumplen con las normas de higiene y
seguridad. Ni felicitó a los trabajadores que hacen respetar sus derechos en
juicio. Para él, los trabajadores son tramposos.
Más allá de que si un trabajador inventa un juicio lo pierde, al presidente
Macri no le molesta la incorrección de un juicio inventado (sino su empresa
Correo Argentino SA no habría inventado un juicio contra el Estado); le molesta
que los trabajadores acudan a la Justicia para hacer respetar sus derechos.
Macri, presidente del Correo Argentino SA, perdió un juicio en el 2000 por
práctica antisindical (“Jerez, Victor c/ Correo Argentino SA s/Práctica
Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III) por las presiones ejercidas
contra trabajadores para que se desafilien de sus sindicatos.
Cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó por qué no llegaban las
inversiones, Macri le echó la culpa a “la Justicia Laboral”, que es donde los
trabajadores reclaman por sus derechos vulnerados. Por eso el gobierno ataca a
la Justicia Laboral y persigue a los jueces que aplican la ley y protegen los
derechos laborales. El gobierno quiere desaparecer la Justicia Nacional del
Trabajo -creada por Perón en 1944, cuyos fallos inspiraron a la Ley de Contrato
de Trabajo y sus criterios protectorios se expanden a todo el país- y
transformarla en una justicia municipal de la CABA. Este proyecto no es un tema
territorial. Si sigue siendo Nacional, el gobierno no puede remover a los
jueces sin mayoría de 2/3 en el Consejo de la Magistratura de la Nación -por eso
maniobra para tener mayor hegemonía-. Pero si pasa a la CABA le basta una
mayoría simple en el Consejo de ésta; y esta mayoría simple la tiene. No es una
especulación. El gobierno quiere remover a los jueces que protegen derechos
laborales contra los intereses del gobierno y sectores que éste representa: ya
pidió el juicio político a los dos camaristas que ordenaron cumplir la
paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una reinstalación en la AFSCA y a
una jueza que dispuso otra en Vialidad. Mas allá del “efecto disciplinador”
hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en la CABA ya los habría
removido y el disciplinamiento sería mayor.
Las reformas laborales que quiere el gobierno violan la Constitución, los
tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso van por los jueces
que los hacen respetar. Si en octubre Macri gana irá directamente por los
derechos de los trabajadores.

Por Héctor P. Recalde * Diputado de la Nación. Presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ.

Fuente: Publicado en el suplemento Cash, del diario Página12
el 11 de junio de 2017