Al cierre de nuestra edición las
novedades en torno a la detención de la dirigente social y diputada del
Parlasur reforzaba la embestida con una serie de allanamientos. Numerosas
organizaciones y referentes políticos y sociales reclaman su liberación.

Una nueva vuelta tuvo el ataque de la Justicia jujeña contra
la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, y contra la Red de
Organizaciones Sociales (ROS) liderada por la Tupac Amaru. Un juez, de feria,
Gastón Mercau, ordenó diversos allanamientos: en la casa de Sala, la sede de la
Tupac y otros domicilios. Responden esto a las denuncias presentadas por el
fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, que acusa bajo la orden del
gobernador Morales, a 18 dirigentes de la Red del supuesto delito de “fraude a
la administración pública” y a otros tres por los supuesto delitos de
“extorsión” y “asociación ilícita”, incluída Milagro Sala.
El diario Página12 del Jueves, 28 de enero, refiere
en una nota que “la selectiva denuncia de Miranda excluye a los ex
dirigentes y legisladores de la ROS que pactaron y se fotografiaron con
Morales, incluso uno de ellos imputado en la denuncia por “tumulto” e
“incitación a cometer delitos” por la que la líder de la Tupac está presa hace
12 días. “Es claro que esto forma parte de la continuidad de un accionar
irregular que lleva adelante la Justicia provincial cooptada por el gobernador
Morales”, afirmó la Tupac en un comunicado. Diputados, referentes sociales y
sindicales volvieron a reclamar ayer la inmediata libertad de Milagro“.
Los allanamientos fueron realizados por la Brigada de Investigaciones y del
Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy y arrancaron en horas de la mañana en
busca “de documentación en papel e informática que relacione a Sala con
funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Incluyeron las
vivienda de Sala en el barrio Cuyaya y la sede de la Tupac en el barrio Alto
Comedero”.
Las denuncias involucran a 18 cooperativistas y dirigentes sociales por
supuesto “fraude a la administración pública” y a la dirigente Milagro Sala y a
la diputada de la provincia Mabel Balconte por los delitos de “asociación
ilícita” y “extorsión”.
El fiscal de Estado excluyó de esas imputaciones a “los ediles José Bejarano y
Leopoldo Basualdo y el diputado provincial Emilio Cayo, todos electos por las
listas de Fuyo, el partido jujeño liderado por Sala, quienes abandonaron la
plaza, tras pactar con Morales. Cuyo, que ahora se fotografía junto al gobernador,
está imputado en la causa por la que Sala está presa”.
La organización Tupac Amaru salió al cruce del accionar judicial afirmando que “Se
han realizados allanamientos sobre domicilios de personas que integran la Red
de Organizaciones Sociales y que permanecen en el acampe. Nos llama la atención
que los supuestamente denunciados por nuevas presentaciones tomen conocimiento
de su situación por los medios de prensa y no por notificaciones judiciales.
Por lo tanto es claro que esto forma parte de la continuidad de un accionar
irregular que lleva adelante la justicia provincial cooptada por el gobernador
Gerardo Morales”. En el comunicado denuncian “que no se están brindando las
garantías constitucionales básicas como la defensa en juicio y el debido
proceso”.

Detención de Milagro Sala:
organizaciones de derechos humanos solicitaron medidas cautelares a la Comisión
Interamericana

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios
Sociales (ANDHES) realizamos hoy una solicitud a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en favor de Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo
Rocabado, Alberto Esteban Cardozo y demás integrantes de la Red de Organizaciones
Sociales de Jujuy (ROS).
En un escrito pedimos que la Comisión otorgue medidas cautelares para
garantizar la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de
expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy.
En los últimos días, referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la
Red de Organizaciones Sociales de Jujuy han sido víctimas de hostigamiento y
persecución penal en el marco de una protesta social de sectores populares en
esa provincia. Este accionar incluyó la detención arbitraria de Milagro Sala,
referente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur. Su detención está
siendo utilizada de manera extorsiva para limitar el derecho a la protesta y a
la libertad de expresión de las organizaciones sociales, violando derechos
reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de
derechos humanos a los que, vale resaltar, la Argentina se encuentra obligada.
Milagro Sala está acusada de organizar una protesta (interpretada como el
delito de entorpecimiento de la circulación al cual ella estaría instigando) en
rechazo a un decreto provincial relacionado con el trabajo en cooperativas del
cual forma parte (interpretado como sedición). El gobierno provincial y la
justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para criminalizar la
protesta con imputaciones vagas. Junto con una interpretación formalista
contraria a los estándares internacionales sobre derecho a la protesta, se
ordenó la detención de Sala en forma arbitraria y bajo un procedimiento lleno de
irregularidades. En un proceso penal por estos delitos y con estas
características no corresponde que la persona acusada sea privada de su
libertad en forma preventiva.
La privación arbitraria de la libertad como respuesta a la protesta social
implica un daño irreparable para las personas directamente involucradas y
también tiene efectos intimidatorios para el conjunto de la comunidad. En la
presentación realizada a la CIDH, las organizaciones de derechos humanos
alertamos sobre esta alarmante situación: “la gravedad se manifiesta en el
inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una
protesta que ha llegado a la criminalización de cuatro de sus referentes, a la
detención de una de ellos y a atemorizar al grupo que reclama por sus derechos
con una orden explícita de desalojo de la protesta. Se concreta así un impacto
arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”, afirmamos.
Las medidas judiciales impulsadas por el poder ejecutivo de la provincia de
Jujuy procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes.
De esta manera, el Estado en lugar de generar condiciones efectivas para el
ejercicio de la protesta como lo establece la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se propone impedir su desarrollo. Esta restricción de las
libertades democráticas por vía de la obstaculización y criminalización del
derecho a la protesta tienen la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad que
justifican el otorgamiento de las medidas cautelares que le solicitamos a la
Comisión.

COMUNICADO
Preocupación por la situación de Milagro
Sala
Debe restablecerse el diálogo en el marco del Estado de Derecho.
Las personas y agrupaciones que forman parte del Plenario Abierto Frente para
la Victoria, expresan su preocupación por la detención de la dirigente social y
diputada del Parlasur Milagro Sala a causa de una denuncia del Gobernador de
esa provincia, Gerardo Morales, bajo la imputación de instigar a terceros a
cometer delitos y de sedición.
El acampe pacífico frente a la gobernación por parte de la Red de
Organizaciones Sociales Jujeñas no constituye delito alguno, sino que se trata
de una legítima manifestación de sectores de la economía social que piden ser
atendidos por las autoridades ante la incertidumbre por la continuidad de sus
proyectos productivos y fuentes de trabajo.
Plenario Abierto Frente para la Victoria se solidariza con la dirigente Milagro
Sala y exige a su pronta liberación; la situación actual pone en serio riesgo
su integridad personal y afecta la vigencia del Estado de Derecho y de las
garantías individuales.
Las autoridades provinciales y nacionales deben respetar el derecho al reclamo
público dentro del marco de la ley, sin apelar a la represión ni la
criminalización de la protesta social, apostando en cambio a la resolución
pacífica de los conflictos y al diálogo con todos los actores sociales,
políticos y económicos.
El Plenario Abierto Frente para la victoria es un ámbito local, bahiense, de
reflexión y acción, como parte de la expresión de los movimientos sociales,
populares renovando su compromiso con la defensa de los avances conseguidos ,
que reúne y está abierto a las personas y agrupaciones que defienden con su
compromiso político el Proyecto Nacional y Popular que fue construyendo la
justicia, la igualdad y la dignidad de nuestro pueblo, en pos de una sociedad
mas justa, inclusiva y democrática, después de décadas de políticas
neoliberales-conservadoras que hoy manifiestan imponerse con el aval de la
corporación mediática y del “partido Judicial”.

Plenario Abierto Frente para la Victoria Bahía Blanca