El ajuste fiscal llevará a la economía a
un espiral recesivo que producirá daño social. Sucedió con el “impuestazo” de
Machinea en 1999 y con los recortes de López Murphy y Cavallo en 2001.

El
arco político opositor propone recortar el gasto público como receta para
crecer. Este renacer del viejo eslogan de Martínez de Hoz: “achicar el Estado
es agrandar la Nación” tiene como argumento, al igual que en esa época, la idea
monetarista de que bajar el nivel de gasto público en salud, educación,
vivienda, obra pública y subsidios disminuye la inflación y libera recursos para
el pago de la deuda externa. Esto genera confianza en los mercados, ingresan
capitales del exterior y la economía crece. Los resultados del experimento son
conocidos.
Según las estadísticas macroeconómicas del Ministerio de Economía, durante el
año 2014, el gasto privado cayó en términos reales, liderado por la inversión
en equipos durables -13%, el consumo privado -1% y las exportaciones -8%. Pese
a esto, la generación de riqueza total (PBI) se mantuvo estable, debido a que
el consumo público aumentó 3% en términos reales, el gasto en I+D impulsado
desde el Estado 15% y las demandas de bienes y servicios al resto del mundo
(importaciones) disminuyeron, -13%. En este delicado equilibrio, cualquier
intento de ajuste fiscal llevaría a la economía a un espiral recesivo que
agravaría la situación social, como sucedió con el intento de ajuste de
Machinea, a través del conocido impuestazo del año 1999, o los recortes de
gastos de López Murphy y Cavallo en 2001.
La relación estrecha que existe entre el gasto público y el crecimiento
económico global se debe a que el Estado es un actor clave para el crecimiento
de las grandes, medianas y pequeñas empresas, y no un ente extraño a los
mercados, como propone la ficción liberal. Por un lado, el sector público
organiza su propia producción, para lo que demanda insumos a proveedores
internos. Mientras que, por otro, subsidia la producción privada y contrata a
una gran cantidad de empresas grandes y medianas para la obra pública. El gasto
del Estado es clave para aumentar la productividad sistémica del aparato
productivo y mantener al mismo tiempo cierto equilibrio social. Por ejemplo, el
gran capital exportador demanda para crecer una gran cantidad de fondos
estatales en infraestructura para logística y servicios básicos de
electricidad, gas, carreteras, puertos, investigación, educación superior y
subsidios directos a ciertos insumos. Otras empresas dependen de la obra
pública para lograr la escala productiva necesaria para competir (industria
naciente) y/o solventar los gastos fijos de la actividad. Por otra parte, el
sector competitivo de pequeñas empresas que venden al mercado interno requiere
del Estado protección de la competencia externa, facilidades fiscales, créditos
blandos, asistencia para la comercialización y subsidios.
Finalmente, el propio crecimiento del Estado impulsa al sector privado en su
conjunto a través del efecto del gasto sobre la demanda agregada y la
productividad.
Es imposible entender la lógica económica global sin analizar las relaciones
que existen entre el gasto público y la sostenibilidad de los otros sectores de
la economía. La idea de achicar al Estado para hacer crecer al sector privado
obedece a un dogma ideológico de otra época cuya falsedad se hace evidente en
la realidad económica global. Pretender sustituir las funciones del Estado en
la economía con entradas de capitales financieros genera una apreciación
cambiaria y un nivel de fragilidad financiera con potencialidades disruptivas
muy superiores al de cualquier proceso de inflación que ronde el 30% anual.
El desguace del Estado fue la política que vivimos desde 1976 al 2001, y en
lugar de agrandar la Nación incrementó la deuda pública, primarizó la economía,
agravó la deuda social e hizo crecer las cuentas bancarias en el exterior de empresas
y ciudadanos argentinos.

Nota:
este artículo fue publicado originalmente en el semanario Trabajo y Economía,
en la edición de Tiempo Argentino.