La sorpresa nos invade cuando abrimos una caja y salta la cabeza de un muñeco
adosada a un resorte. Así nos sentimos muchos diputados al recibir el proyecto
ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo. La razón es que bajo la aceptación
general que suelen generar medidas como el pago de las sentencias a los
jubilados y mejora de sus haberes, el Poder Ejecutivo presentó una ley que
trata al menos cinco cuestiones diferentes: el tema de los jubilados, el
blanqueo de capitales, una reforma impositiva regresiva y el acuerdo con
provincias para devolverles la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable
destinada a la Anses.
Por su envergadura, cada uno de los temas debería tratarse separadamente como
leyes particulares, para darle el necesario tiempo de discusión y que la misma
se realice en las comisiones específicas. Por ejemplo, el blanqueo no pasa por
la Comisión de Finanzas, o el acuerdo con provincias no ingresa por el Senado,
como debería ser. Si bien algunas de estas cuestiones pueden parecer técnicas,
están debilitando la calidad institucional, objetivo que los diputados de
Cambiemos dicen defender y que fue uno de los ejes de su campaña electoral.
Al estudiar el texto siguen surgiendo sorpresas. La “reparación histórica” a
jubilados posee un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la “emergencia
en materia de litigiosidad previsional”, dando cuenta de que el objetivo no es
beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio. Se propone
así el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles una
actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de los
retroactivos, así como el haber que cobrarán. El juez dictamina un monto y el
Estado paga una suma menor. Por eso se les exige que firmen un “acuerdo
transaccional”. Pero la litigiosidad probablemente seguirá, puesto que los
derechos previsionales son irrenunciables. Además, no se trata de un mutuo
acuerdo, porque el jubilado está presionado a aceptarlo por su propia
situación. O cobra con el descuento que dan hoy, o el limbo.
Por la aplicación de ese ajuste inferior al que vienen dictaminando los jueces,
también se efectúan descuentos en las actualizaciones a quienes tienen juicios
sin sentencia firme y a los que no iniciaron juicio pero están en condiciones
de cobrar. Debe aclararse una cuestión esencial: estos recálculos alcanzarían estimativamente
a sólo un tercio de los jubilados.
Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la “pensión
universal para el adulto mayor” un haber no contributivo y vitalicio, fijado en
un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando “jubilados de segunda”. La
moratoria previsional es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es
el caso de la pensión universal macrista.
También se modifican las inversiones
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley
sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.
Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años,
elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo,
integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.
Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de
acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para
comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos
descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles
de gestión de los recursos previsionales.
Por otra
parte, el blanqueo fiscal tiene una característica única: no se requiere la
repatriación de los capitales declarados, una exigencia ineludible en los
últimos regímenes de exteriorización. Todos los beneficios son para los que
exteriorizan, y el Estado apenas tiene como beneficio principal el cobro de la
penalidad.
Se plantea, además, una reforma tributaria regresiva, puesto que se bajan las
alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales y se lo elimina totalmente a
partir de 2019, y se exime del Impuesto a las Ganancias la renta de las
acciones de empresas, entre otros. El Impuesto a las Ganancias sobre las rentas
del trabajo no sufre modificación alguna. La propuesta del Ejecutivo no sólo
posee una regresividad total, sino que implica una cesión de ingresos fiscales
al segmento de mayores ingresos, mientras se sostiene que no había otra alternativa
a los fortísimos aumentos en las tarifas (que tuvieron que sufrir algún recorte
por la presión popular). Se elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,
tema que favorece a las PyMEs, al igual que la moratoria impositiva.
Se incluye también la aprobación del convenio entre Nación y provincias para la
devolución del 15 por ciento, asunto que ya se trató en esta columna.
Imposible resumir la gran cantidad de
temas que se tratan y normativa que se modifica, y no puede descartarse que
surjan nuevas sorpresas. Lo que queda claro es que el gobierno de Mauricio
Macri está decidido a cambiar la estructura económica y normativa, virando
hacia la esencia del modelo de los noventa. El único freno a esta orientación
será la voluntad popular mayoritaria.

Carlos Heller es diputado nacional (Bloque Solidario SI)