Por medio de la agencia Télam, se ha informado que los fiscales y los defensores oficiales de todo el país serán capacitados por el FBI (Federal Bureau of Investigation), es decir, la estadounidense Oficina Federal de Investigación que está encargada de la investigación de las violaciones de las leyes federales, pero que también tiene funciones de vigilancia y de contraespionaje. La experiencia política nos dice algo más, muy importante: que interviene en asuntos de orden político en la vida de los países de acuerdo a los propósitos imperialistas de los Estados Unidos y, por intermedio de su gobierno, también de los objetivos de las empresas transnacionales que lo sustentan.
El FBI y otros organismos de ese país, por caso la DEA (la Administración Ejecutora de las leyes sobre Drogas), son brazos políticos del gobierno estadounidense, y son utilizados para ejercer influjos en los gobiernos, para sostenerlos o para derrocarlos.
El objetivo de la capacitación que se hará en la Argentina es de perfeccionamiento en las técnicas de investigación criminal y para conducir las instrucciones penales; asimismo, enseñarán pautas en técnicas de litigación. Según lo informado, se trata de una capacitación para mejorar la forma en la que han de encararse los procesos penales, a cargo de los representantes del estado.
Esa información la dio la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, en su carácter de presidenta del Consejo Federal de Política Criminal del Ministerio Público, esto es, en su carácter de presidenta de un organismo público nacional.
La idea es fortalecer el sistema acusatorio y que los expertos del FBI capaciten con las más modernas técnicas en criminalística que utilizan actualmente en los Estado Unidos. Creen que así se fortalecerán las políticas de persecución y represión de los delitos.
Tenemos que ir por partes, a saber:
1) Que la soberanía de una nación no es sólo territorial y que la dependencia, según nuestra historia, también es pedagógica y cultural.
2) Que dadas las funciones de dicho organismo, el FBI, debería crear preocupación y desconfianza, además de asumir que es un agravio a la dignidad y al honor de la Nación.
3) Que si se trata de combatir el delito debería hablarse de política social, de reformas legislativas, de combatir la corrupción, de ayudar a cambiar las pautas culturales, y no dejar que vengan a enseñarnos quienes no conocen nuestras circunstancias históricas, sociales, económicas y culturales, como las conocemos nosotros.
4) Que es la propia Nación la que debe encomendar los estudios del caso, en forma autónoma, a nuestras universidades nacionales, especialistas y organismos competentes en el tema, a no ser que se trate de una ironía la expresión de Julián Marías, efectuada en Bahía Blanca, de que nuestras universidades, en casos, jubilan a sus investigadores y docentes, a los 65 años, porque seguramente les sobran talentos. Y, con respecto al CONICET, que también nos ha prestigiado, vale recordar, que el presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, por nota que fue publicada, le recomendó al entonces presidente Menem que no privatice el CONICET por el alto nivel y por su importancia.
5) Que la Nación tiene recursos a tal fin, que debe utilizarlos institucionalmente, y que debe recurrir a nuestros especialistas reconocidos, quienes con toda justificación pueden sentirse agraviados por esta sustitución que se realiza bajo tales condiciones y en otras que todavía no son de nuestro conocimiento.
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