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Transgresión y propaganda
Aunque su artillería propagandística produce un alboroto que estorba la mirada serena, la gestión de los medios audiovisuales oficiales (Canal 7, Radio Nacional) introdujo novedades significativas en el panorama de medios en los últimos años. Sin reconocer esas novedades la comprensión de un presente troquelado por política y medios resulta defectuosa.
Categoría: Opinión

Aunque su
artillería propagandística produce un alboroto que estorba la mirada serena, la
gestión de los medios audiovisuales oficiales (Canal 7, Radio Nacional)
introdujo novedades significativas en el panorama de medios en los últimos
años. Sin reconocer esas  novedades la
comprensión de un presente troquelado por política y medios resulta defectuosa.
Carente de política alternativa para los medios del Estado, el libreto de la
oposición se reduce a la denuncia de su uso propagandístico por parte del
gobierno. Denuncia que es torpe, por dos motivos.
El primero es que la historia de los medios gestionados por el Estado en la
Argentina demuestra cabalmente que la adscripción gubernamental de emisoras
como Radio Nacional desde 1937 (originalmente denominada Radio del Estado) y
Canal 7 de TV desde 1951 son una invariante más allá del signo ideológico de
quien gobierne el país. A escala local, en los distritos gobernados por la
oposición, se reproduce la discrecionalidad en el mensaje de los medios
provinciales o municipales.
Aunque lo comercial y lo gubernamental predominan en el escenario de la
comunicación masiva, son en ambos casos modelos extremos: uno utilitarista, que
justifica la existencia de los medios como negocios que requieren de un alto
rating y programación sensacionalista, y el otro faccioso, que fundamenta su
utilización de los medios estatales en provecho del mensaje de una parcialidad,
y que impugna o mutila -según el caso- voces críticas.
El segundo motivo es que aún dentro de un registro intemperante con las ideas
distintas, tanto Canal 7 como Radio Nacional vienen proponiendo programaciones
originales, lograron por primera vez en su historia disputar segmentos de gran
audiencia a los operadores comerciales (como el fútbol en TV o el espacio
nocturno de Alejandro Dolina en AM Nacional), también de modo inédito están a
la vanguardia de la renovación tecnológica a través de la digitalización de
equipos y pantallas, producen o tercerizan la producción de ficción con un
sólido discurso audiovisual (como en la telecomedia “Ciega a citas”) y
rompieron el tabú de la omertá que regía de facto en el periodismo.
Si la histórica apropiación de los recursos públicos por parte del gobierno de
turno (sea éste nacional, provincial o municipal, aunque existen excepciones)
es considerada como invariante, lo que no significa su consentimiento, entonces
corresponde revisar qué sucede con las variaciones que operan, novedosamente,
en el dispositivo audiovisual del gobierno.
El común denominador de esas novedades es la superación del complejo de
subsidiariedad con que el Estado gestionaba a sus medios, y que le impedía
avanzar allí donde la televisión y la radio privada lo habían hecho. Nobleza
obliga, fue Eduardo Duhalde en marzo de 2003 con su decreto PEN 1214 quien dio
el puntapié para ello, modificando una cláusula de la vieja ley de
radiodifusión de Videla (Ley 22.285, artículo 11) que prescribía ese rol
subsidiario al Estado en la prestación de los servicios audiovisuales.
Precisamente porque los medios estatales actuaban con un rol subsidiario y
habituados a su desprestigio, no representaban competencia ni molestia alguna
al predominio que ejercieron (y ejercen) los medios comerciales privados. Hasta
hace pocos años, en América Latina en general y en la Argentina en particular
los medios oficiales no aspiraban a disputar audiencia ni a mejorar su
desempeño.
Liberados de ese complejo, y acompañados por una gestión económica cuya
sospechada opacidad también se inscribe en una antigua tradición, los medios
gubernamentales pasaron a la ofensiva. En un notable artículo sobre el ciclo
“6,7,8” publicado en RollingStone de julio de 2010, Esteban Schmidt apuntaba
que “desde el prime time de la televisión pública, a la hora de las botineras,
las tómbolas y la política recluida en el cable, 6,7,8 termina con un tabú de
veinticinco años de democracia: que hablar en contra de la prensa desde
tribunas relevantes es antidemocrático, cuando, lo más cierto de todo, es que
la agenda de lo que se discute y se vota en las elecciones resulta siempre
deformada por la operación de los medios de comunicación, a los que nadie elige
para semejante maldad”.
Sin embargo, una programación que sacude pactos tácitos, transgrediendo sus
contornos, y que a la vez incorpora el entretenimiento como cláusula clave del
contrato con su audiencia, encuentra sus propias limitaciones en un estilo
repetitivo y una convicción maniquea sobre la agenda pública. Ello, combinado
con la persistencia de un discurso militante que degrada posiciones distintas a
las del gobierno, afecta la credibilidad de los medios gestionados por el
Estado socavando su carácter público y debilitando su eficacia comunicacional,
excepto entre la minoría de alta intensidad que refuerza así su cohesión.
Quien pierde con la vacancia de medios públicos es la sociedad que no puede
acceder por sí misma a la gestión de licencias audiovisuales. Cuando no hay
medios públicos, el derecho a la palabra masiva, a la información plural, a
contenidos diversos, son resignados en aras del aprovechamiento comercial o del
uso oficialista de los medios de comunicación. La sociedad queda confinada así
al imperio de los mensajes masivos emitidos con lógica puramente comercial o exclusivamente
gubernamental.
En ambos casos, la sociedad es relegada a una posición clientelar: las
ciudadanas y los ciudadanos son interpelados como clientes comerciales o como
clientes políticos. Una de las consecuencias del uso gubernamental de los
recursos públicos en comunicación es la subestimación de la capacidad
intelectual de selección de la audiencia, que si contara en los medios públicos
con voces que difieran del relato oficial podrían elaborar con mayor fundamento
su propia perspectiva, en lugar de recibirla digerida por la edición sesgada.
En el temor a incluir voces diferentes al mensaje oficial subyace la
inseguridad para sostener las cualidades del propio mensaje si éste tuviera
contraste.

Martín Becerra es docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador
del Conicet.
Fuente: publicado en Revista El Estadista nº 30.


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2011-05-08 14:32:00
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