Dice José Nun en su libro Democracia, ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, que “…una sociedad civil activa se vuelve un requisito indispensable del proceso de democratización en la medida en que, por un lado, constituya, agregue y redefina intereses pluralistas, genere zonas de igualdad y solidaridad y estimule el diálogo y la confrontación de opiniones; y, por el otro, levante barreras y le ponga límites a los eventuales desbordes de los funcionarios y de los aparatos del Estado”.

A través de una consulta popular, un grupo de ciudadanos enmarcados en agrupaciones políticas y sociales, resolvió en estos días introducir en el debate cuestiones que hacen a la vida política de un pueblo, entendiendo a la política como actividad humana y no sólo de corte partidario. Al mismo tiempo, aunque no estuvo planteada, la necesidad imperiosa de que en algún momento se legalice lo que a partir de acciones como estas, y más allá de los resultados, legitime la decisión y opinión de nuestros vecinos sobre hechos puntuales.
Sin dudas, asistimos a un hecho novedoso que propone un cambio en la conducta social, que activa la participación y opinión de los bahienses, en general tan fríos, indiferentes y ausentes de estas prácticas, en este caso frente a los sucesos graves y conmocionantes desde lo institucional, y de enorme influencia en lo social, como es la suspendida administración del dr. Rodolfo Lopes.
Frente a esto, y casi como una conducta encriptada o petrificada, los representantes administrativos elegidos por el voto para su función al igual que la mayoría de la dirigencia política local, han preferido atarse sin alternativas a las formas y los modos rígidos de lo establecido. No estamos planteando con esto obviar o violentar leyes o reglamentos para resolver esta situación, sino que deberían haberse permitido al menos sumarse apoyando esta iniciativa, como un gesto de acompañamiento a un reclamo casi constante que hoy se da a lo largo y ancho de nuestra patria, que es el de construir nuevas alternativas democráticas de mayor integración, participación social y libertad. Estas iniciativas en algunos casos tienen rango constitucional sin reglamentar, en general aparecen como propuesta en los discursos y en la realidad terminan siendo hechos formales, nunca de práctica concreta, controlados desde las estructuras oficiales.
Si en 1994, en oportunidad de la Reforma Constitucional de la Provincia de Buenos Aires, los constituyentes radicales no hubieran bajado la línea del “prócer del Punto Final, la Obediencia Debida y el Pacto de Olivos” Raúl Alfonsín, y hubieran enfrentado en conjunto y sin mezquindades el pacto entre la dirigencia justicialista y el golpismo carapintada dirigido por Eduardo Duhalde y Aldo Rico, hoy disfrutaríamos de la auténtica autonomía de los municipios provinciales. Contaríamos con nuestra propia constitución y organización independiente como la tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la situación del intendente suspendido se hubiera resuelto en un marco de legalidad que habría evitado las especulaciones de todo orden, las argumentaciones insostenibles oídas para evitar el juzgamiento político del funcionario, y sin sospechas u oportunismos tan evidentes en muchos sentidos
Estos aspectos, lamentablemente, siguen generando descreimiento en la actividad político partidaria, no sólo por los procederes de los cuestionados en este caso, sino por la sumatoria de idas y venidas del resto, como por el aparateo mediático de distintos sectores con intereses en juego. Veamos sino cómo se han calmado las aguas respecto de obras como la terminal, la aeroestación civil, y últimamente el sugestivo impulso de la reforma del centro por la Corporación del Comercio y la Industria. Queda claro entonces que se ha establecido un nuevo orden al barajar y dar de nuevo para los interesados en estas obras, en su mayoría libremercadistas de los 90, a los cuales nada les interesa más allá de su bolsillo, evitan inversiones de riesgo en favor la ciudad, poco les importa quién es el intendente, y muchísimo menos todo aquello sobre lo que sí nos interesa a los ciudadanos de a pie en cuanto a nuestros derechos.