Se repite hasta el hartazgo la remanida fórmula de que un gobierno se integra
con tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La independencia
de los mismos en una sociedad organizada, garantiza un Estado seguro, fuerte y
transparente. ¿Es posible que en tres años esas premisas hayan perdido los
límites que establece la Constitución para sus independencias?. Creo que no,
creo que es la sumatoria destructiva de dictaduras y gobiernos falaces elegidos
por el voto, violando los derechos en el primer caso y la confianza del pueblo
en el segundo.
El gobierno de UCR-PRO-CAMBIEMOS sintetiza los dos componentes. Hace de esa
síntesis un virus mortal que aplica sin escrúpulos en todos los poderes saboteando
el sistema democrático, la historia, la política y violando los derechos de esa
sociedad, en definitiva su existencia como tal hacia adelante.
Así asistimos hoy a un escenario político-judicial contaminado, invadido y
alterado hasta en sus más profundas normas constitucionales. Normas
constitucionales que en un funcionamiento acorde establecen un Estado de
Derecho para todos y cada uno de las y los habitantes de nuestra Patria. Cuya
ausencia establece entonces riesgos sociales inconmensurables, promoviendo la
ley del más fuerte y esa ley solo garantiza impunidad a los poderosos, mientras
al mismo tiempo determina un control social cual un cerrojo cuya llave solo la
tiene quien desde el poder la necesite. Venimos de doce años donde el gobierno
de Néstor y Cristina construyeron Políticas de Estado en la ampliación de la
base de derechos, permitiendo un progreso ausente desde antes de la dictadura
cívico militar.
Los ejemplos que hoy demuestran de qué manera los ciudadanos están en medio de
la intemperie en cuanto a su protección por parte del Estado son innumerables.
Mientras jueces y fiscales se constituyen en un “partido judicial” nacido al
calor de la mentira y la violación de derechos básicos, articulando con
hegemonías mediáticas o menores, con el mismo objetivo del poder económico
concentrado que es el organizador fundamental.
La validación del concurso por el Consejo de la Magistratura, para ocupar un
cargo de Fiscal Federal de Santiago Ulpiano Martínez que fuera desplazado por
una resolución de ese mismo Consejo en 2015 del Juzgado Federal N° 1 como “juez
subrogante” por incapacidad y obstaculización en la instrucción de juicios de
lesa humanidad, muestra el pago del poder económico-político de la ciudad a
quien cumplió con la impunidad de Vicente Gonzalo María Massot evitando
juzgarlo. Empresario de la derecha más recalcitrante quien descargó inescrupulosamente
sus responsabilidades en su madre Diana Julio de Massot (fallecida) por su
participación en la dictadura cívico militar genocida, como lo demuestran la
páginas de su diario La Nueva Provincia reivindicando hasta el hartazgo los
sucesos. También habilitó la impunidad del ex obispo Guillermo Garlatti, que
pagaba desde la curia la jubilación del cura genocida y con captura
internacional Aldo Vara (fallecido), por su participación en la represión
mientras encubría su profugación e impedía el cumplimiento del pedido de
captura para su detención y juzgamiento. Santiago Ulpiano Martínez, el Fiscal
Federal por asumir, además organizó junto al secretario de derechos humanos del
juzgado Mario Fernández Moreno la salida por expulsión del poder judicial de el
ex secretario de ese juzgado el Dr. Alvaro Coleffi, que por entonces como
subrogante de Santiago Ulpiano Martínez al excusarse este en los casos
mencionados avanzó en dichas causas y a quien acusaron de no cumplir con
responsabilidades que eran prioritarias del “juez subrogante” titular, Santiago
Ulpiano Martínez, como custodio de las pruebas de un juicio lo que significó
que escuchas de una causa por narcotráfico faltantes impidieran condenar a los
responsables por el tribunal oral como quedó registrado en su fallo, en un
hecho sin antecedentes por lo vergonzoso.
Santiago Ulpiano Martínez es un amanuense funcional al poder local que hoy se
organiza. Más a la derecha que nunca y con el control social más profundo, las
corporaciones locales buscan consolidarse socialmente, habiendo sido siempre la
representación y expresión del retraso de una ciudad a la que utilizaron para
sus propios fines y generando dificultades a la llegada de otras inversiones o
proyectos progresistas sin aportar al crecimiento real y menos al crecimiento
social profundizando las desigualdades, donde están encriptadas las relaciones
con los negocios con la dictadura.
Santiago Ulpiano Martínez es un engranaje más que se integra a la necesidad de
impunidad de una clase social poderosa, para dominar definitivamente a la
ciudad de Bahía Blanca con mano de obra barata, pobreza sostenida por la
caridad que utilizan como virtud pero que sostiene las desigualdades, es decir
quitándole un verdadero futuro de dignidad y respeto por sus derechos.

Eduardo Alberto Hidalgo
Secretario General Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca