Hace varios días emitimos un comunicado duramente crítico, pero nada agraviante ni tendencioso, en virtud de la conducta que había tomado la Universidad Nacional del Sur de promover un libro, producido por su Editorial EDIUNS que dirige Nidia Burgos e intentando presentarlo en la Casa de la Cultura de la UNS. Quien escribió ese libro es para nosotros y debería serlo para los que presuponen compromiso con los Derechos Humanos, en especial en lo relacionado a los crímenes de lesa humanidad, la abogada y ex defensora oficial en los 80 María del Carmen Valdunciel de Moroni. Como dijimos en nuestro comunicado, no defendió genocidas en el inicio de la búsqueda de justicia allá por 1987 antes de la impunidad de Alfonsín y Menem, por obligación constitucional del cargo sino por convicción ideológica de apoyo a los acusados, cuestión probada en sus gestiones de entonces y sus planteos jurídicos.
Frente a esto, consejeros universitarios nos informaron de lo que sucedía y plantearon la situación en la reunión del Consejo Universitario, de donde salió la manifestación de que debería suspenderse dicha presentación tal como ellos mismos nos informaron luego.
Sorprenden entonces los dichos del rector Crapiste calificándonos de agraviantes y tendenciosos en nuestra dura crítica no infundada, y que se prueba en los sucesos desde que la UNS se normalizó hace ya más de 20 años y a los que este rectorado da continuidad sólo con algunos matices formales y oportunistas en su intención. No entendemos por qué no se ha dirigido a nosotros, sino a los compañeros de ADUNS que le hicieron llegar su crítica también en tal sentido adjunta a nuestro comunicado.
El rector Crapiste dice también, y sí con tendenciosidad, que el rectorado no tiene funciones de inteligencia sobre personas, juzgar unilateralmente su comportamiento o proscribir arbitrariamente su participación académica. Nosotros mucho menos: sólo construimos y recurrimos a la memoria para señalar a los ejecutores y sus cómplices, y aportar en construir de verdad una sociedad mejor a la que esos sorprenden, disimulados o ayudados a disimularse como en este caso. Quizá sea por eso que hace ya varios años esa universidad firmó un convenio respecto del Derecho Internacional Humanitario junto al médico acusado en la causa 05/07 Fortunato Adalberti (por ahora en libertad por insuficiencia de pruebas pero incluido en ella) y el fallecido auditor de los falsos Consejos de Guerra Mayor Abogado Jorge Alberto Burlando, quienes se habían blanqueado por entonces en la Cruz Roja. Sobre esto tampoco hubo nunca una explicación.
También sería bueno saber quiénes son los integrantes de la comunidad universitaria que se sienten afectados por nuestro comunicado, ya que podría evidenciar algún acercamiento a lo criticado. En especial si tenemos en cuenta que en dicho ámbito habrían sobrevivido delatores que hundieron en la cárcel al grupo de profesores que aún no han sido reconocidos por la persecución recibida, y a los cuales la dictadura les armó a partir de allí causas penales. Éstas sólo fueron una justificación para encerrarlos y una parodia política estratégicamente armada por el genocida general Acdel Vilas y la participación mediática profusa de La Nueva Provincia, como se muestra en sus propias páginas de entonces. Además, por entonces, también estudiantes cercanos a recibirse como el de economía Mario Roncoroni, delataba con una carta de tres páginas dirigida al entonces comisario federal genocida Alais a profesores y estudiantes, muchos de los cuales fueron luego asesinados o desaparecidos.
Por otra parte, el rector Crapiste habla de los derechos humanos como una política universitaria. Si este es un ejemplo de eso, no lo ayuda mucho. O si como pasara hace algunos años intentaron en esa universidad distinguir con la participación de la Embajada de Rumania al profesor Manoliú, otro delator, tal como lo registra la justicia. Ante nuestra denuncia se detuvo esa gestión viajando extraoficialmente el por entonces embajador Alexandru Víctor Micula, a entrevistarse con nosotros para concluir agradeciéndonos ya que iban camino a un papelón internacional pues a posteriori y con ese reconocimiento iba a ser presentado en un organismo nominado como Los Cien Justos del Mundo. Esto quizá también sea parte del compromiso de la UNS de todos estos años en cuanto a la Memoria, Verdad y Justicia.
Es cierto que hay algunas cosas positivas, muy pocas en comparación a las graves que aún permanecen o se obvian detrás de argumentos como los explicitados por el rector Crapiste, pero cubren los aspectos formales y los aspectos oportunistas de una administración de criterio liberal o neoliberal en algunos casos, como la aceptación de fondos por parte de empresas mineras que destruyen el medio ambiente.
Debemos decir que lamentamos esta conducta de ninguneo, al dirigirse para criticarnos sin fundamento a una de nuestras instituciones universitarias hermanas, como es ADUNS y a la que se sumara en esta hermandad hace un tiempo SITUNS. Hubiera sido bueno que le explicara a la comunidad, ésta y muchas otras a las que en el sentido de cómo dice difusión, promoción y defensa de los Derechos Humanos la Universidad Nacional del Sur y su gestión administrativa tiene compromiso. Como sería bueno que hubiera explicado, públicamente y con fundamento sólido, por qué pasa el tiempo y su compromiso con la búsqueda de justicia para el crimen de Watu Cilleruelo no se manifiesta en el pedido de que se presente la Universidad del Sur como querellante en la causa.
Finalmente, nos vemos obligados a hacer público este mensaje a pesar del ninguneo y porque nos sentimos afectados por explicaciones ambiguas, vacías de contenido y buscando continuar en este camino de no hacerse cargo de la dolorosa historia que la Universidad del Sur tiene, y que se resolvería reconociéndolo públicamente al igual que a sus perseguidos, asesinados y desaparecidos como otras casas de estudio del país, cuestión sobre la cual hasta ahora sólo se ha hecho cargo una minoría digna que pertenece a la comunidad universitaria, pero no a los que él llama ofendidos miembros de la comunidad universitaria por nuestras críticas.

Eduardo A. Hidalgo es secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.