– ¿Estarán dispuestos a escuchar nuestras historias, incluso si las contamos bien?
– ¿Qué quiere decir bien contadas? -salta indignado uno.
– Hay que decir las cosas como son, sin artificios.
(De La Escritura o la Vida de Jorge Semprún)

En el marco de los juicios por Delitos de Lesa Humanidad, la justicia se hunde entre medidas administrativas y burocráticas. Las de la Cámara Federal de Apelaciones, desconociendo o desactivando órganos creados para tal fin. Útiles para esta etapa. Nunca anulados e incluso mantenidos activos hasta el año 2006. Tal el caso de la Secretaría Especial. Acción directa de su presidente temporal. A pesar de su excusación en la causa. Desconociendo resoluciones de otro miembro del cuerpo. Resoluciones del dr. Néstor Luis Montezanti. Avalado por el resto de los jueces. Medidas generadores de obstáculos. Sobre las que pretenden no opinemos o reclamemos constitucionalmente. Cosa que no lograrán nunca. Luis Alberto Cotter, juez agraviado en este caso, cuya dignidad y coherencia en todos estos años quedó también demostrada en esta discusión.
En sintonía de impunidad y durante dos años, el Juzgado Federal Nº 1 del dr. Alcindo Álvarez Canale acumula papeles, escritos con frases grandilocuentes y citas de supuestos amigos o colegas. Explicaciones en su mayoría navegando “por las nubes de Úbeda”. Palabras vacías, altisonantes. Pretendida autoridad en temas que concluyen en nada. Imputados libres, muertos o prófugos. Sólo un puñado preso. Imputados por delitos de la misma criminalidad y víctimas relacionadas, considerados unos sí y otros falta de mérito como “robos a supermercados”. Una larga lista aún sin tocar, de genocidas que están perfectamente señalados, denunciados y probados en la causa. Libres. De justicia nada.
Recibió un petitorio de un grupo de familiares, amigos y alguna de las víctimas, de reclamo por la aceleración de las causas, los prófugos, los muertos y los aún libres. Él no se considera responsable. Les dijo -y repitieron luego algunos de los concurrentes- “son los tiempos procesales, nunca asimilables al de quienes reclaman”. Antes responsabilidad de la Fiscalía por lo que ha sucedido. Como les dijera a integrantes de HIJOS Capital en diciembre de 2006. Ahora responsabilidad de la Cámara que no resuelve las elevaciones a juicio.
Pero no sólo se ha limitado a esto. En dos horas de “yo no fui”, sin hacerse cargo de nada y sin responder con certezas a lo reclamado, tuvo tiempo para algo concreto. Intentó la Teoría de los Dos Demonios casera. Habló de dos bandos. Identificó a los mismos entre los familiares y la APDH. A unos los legitimó por su presencia en el lugar. A nuestro organismo y a quien escribe estas líneas, denostó por la denuncia pública, fundada y permanente que hemos hecho de su tarea judicial. Porque no aceptamos ni justificamos su conducta, y entendemos opera a favor de la impunidad. De esto no hubo declaraciones.
Comprensión contradictoria a favor de este juez las declaraciones públicas. Asombra. Nadie puede considerar positiva la entrevista con este juez. Menos si se es familiar o amigo de las víctimas directas. Nosotros hemos tenido algunas y sabemos. Nadie puede avalar sus explicaciones sin certezas, como caminos en la búsqueda de la justicia que necesitamos. Nosotros no le creemos, y no por elucubraciones tendenciosas. Nos basamos en sus propias medidas y acciones. Quienes no lo entienden así deben reflexionar seriamente. Más allá de las medidas por tomar o no en el marco de la ley en vigencia, teniendo en cuenta lo que se juzga, estamos convencidos que el juez Alcindo Álvarez Canale merece Juicio Político y no confianza.

Eduardo A. Hidalgo es secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca