El tema que he seguido en notas anteriores, medicamentos y negocios, ha llevado al parlamento inglés a formar una comisión investigadora la cual presentó un informe reciente cuyas conclusiones, que a cualquier transeúnte le resultarían evidentes, no dejan de sorprender. No se trata de que haya descubierto cosas muy novedosas sino que de un organismo así haya salido ese resultado. Sostiene este informe que los intereses de la industria farmacéutica y los de la mayoría de la población se enfrentan hasta extremos insoportables. Por tal razón esta comisión propone como imprescindible“que es esencial poner en marcha un régimen que consiga que la industria farmacéutica no perjudique el bien común” y determina que “el objetivo de los nuevos medicamentos debería conseguir que los pacientes obtengan un beneficio terapéutico real”.
Ruego al lector que vuelva a leer este entrecomillado una y otra vez. ¿Qué ha querido decir la comisión? ¿Acaso debemos pensar que está sugiriendo que los producidos hasta hoy no cumplen con ese elemental cometido? ¿El Parlamento tiene que imponer regulaciones para que las compañías farmacéuticas se dediquen a crear medicamentos que sean útiles para los pacientes? Pero, entonces, ¿a qué se han dedicado hasta ahora? La industria de la que hablamos debe ser considerada “una joya de la corona británica” ya que es la tercera industria más rentable del país tras el turismo y la banca comercial. Leamos los resultados de la investigación comentada:
“Las principales estrategias utilizadas hoy por la industria farmacéutica para obtener ganancias mil millonarias son las siguientes: 1) comercializar y efectuar una extraordinaria presión propagandística de los medicamentos que fabrica, aunque no sean útiles y puedan ser nocivos e inclusos mortales; 2) explotar al máximo los medicamentos (incluidos los no esenciales) en forma de monopolio y en condiciones abusivas ya que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva; 3) reducir a la mínima expresión o eliminar totalmente, en algunos casos, la investigación de las enfermedades que afectan a los pobres, porque no resultan rentables, y concentrarse en los problemas de las poblaciones con un alto poder adquisitivo; y 4) forzar las legislaciones nacionales e internacionales a que favorezcan sus intereses, aunque sea a costa de la vida de millones de personas”.
Un punto de partida de este proceso de concentración del capital en esta industria, que dio lugar al extraordinario incremento de poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses, puede ser colocado en la promulgación de la ley de extensión de patentes (Ley Hatch-Waxman) que fue aprobada por la mayoría republicana en el gobierno de Reagan en 1984. Ésta se consolidó con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) diez años después, en 1994. De este modo quedó asegurado que el proceso de la globalización no pusiera en riesgo el capital internacional y sus utilidades.
Sin embargo la reunión de Doha, del 2001 de la OMC, abrió un camino menos oneroso para permitir un acceso a los medicamentos a las poblaciones de menores recursos. En esa reunión se suscribió una declaración que apoyaba de forma clara a cualquier gobierno que se lanzara a la producción de aquellos medicamentos designados como de vital utilización. Las brechas legislativas así lo posibilitaban y permitían eludir el rígido régimen de patentes medicinales. Se intentaba así ayudar a los países más pobres extendiendo el periodo libre de patentes hasta el 2016. A pesar de ello, vía acuerdos comerciales se ha burlado el sentido de la Declaración de Doha. Sólo los ricos pueden curarse.