Quiero expresarme al respecto con un cuento-historia; una realidad argentina, a pesar de la pequeña dosis de ficción, muy pequeña, incorporada a mi relato.
Hubo tiempo en que las empresas del estado se privatizaron, incluso algunas que daban ganancias. Las condiciones de adjudicación de esas empresas fueron muy malas para el pueblo argentino. Fueron actos de entrega de nuestro patrimonio y de nuestra soberanía.
Las normas legales correspondientes, leyes, generaron otras normas, como decretos y resoluciones gubernamentales, y contratos, que, ocultamente, establecieron condiciones que les impiden a los usuarios ejercer sus derechos, usuarios incorporados a un sistema esclavista, como también trabajadores y otros habitantes del territorio argentino.
Esas normativas le dejan a las empresas adjudicatarias todos los medios y mecanismos para el abuso, para el comportamiento inconstitucional y para el robo. En casos se han convertido en punguistas que meten los dedos en los bolsillos de los habitantes, apropiándose indebidamente de parte del patrimonio ajeno.
De hecho, los agraviados no tienen posibilidades de rectificar el daño, porque la burocracia gubernamental y empresaria privada no lo permite; al contrario, dificulta toda posibilidad de que un reclamo sea considerado con equidad y con razonabilidad.
Mientras tanto, el gobierno ha creado normas de protección al consumidor, ha creado también organismos para proteger al consumidor, que conllevan impedimentos para que los derechos puedan ser ejercidos con las consiguientes decisiones justas y rectificatorias, cuando se elevan las facturas, se hacen o utilizan mediciones inciertas y se fijan pagos adicionales por consumo excesivo.
Porque, en realidad, en el submundo que no está al alcance del pueblo existen connivencias entre el poder político y el poder económico; una connivencia que crea dependencias muy fuertes y beneficios mutuos, porque las empresas financian candidaturas y ayudan de muchas maneras a los políticos, y éstos, llegados al gobierno, ayudan a las empresas de un modo oculto que en ocasiones suena a conspiración.
A veces se ha creado una pantalla, para que el funcionario público le diga a la gente que defienden a los consumidores, con normas u organismos. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Veamos el caso de Giuseppe -El zapatero remendón- jubilado como autónomo, como ejemplo que representa el caso de mucha otras personas.
Giuseppe es propietario de una vivienda, y en el último año ha pagado sucesivamente entre $ 40 y $ 80 por bimestre, pero en el último período se triplicó el valor de la tarifa de energía eléctrica, incluyendo aumento de precio y también con una medición que indica consumo excesivo; se le agregó otro importe más: el PUREE.
Entonces, don Giuseppe concurrió al organismo de protección al consumidor, pero las explicaciones y trámites, y papelerío, complejos para él lo obligaron a concurrir al estudio de un abogado, quien lo acompañó al organismo para ocuparse del trámite, lo cual significó un pequeño gasto por honorarios. Así comenzó la protección al consumidor.
Se le indicó que debía pagarse la boleta de la empresa; firmar una nota de protesta, de pago bajo protesto, hacer fotocopias de la factura y de la nota impresa de la organismo, y concurrir a la empresa con los originales y las copias para que se les sellen las mismas para constancia. Sello solamente, porque el empleado se niega a firmar y aclarar su firma. O se conforma así o mande una carta documento.
También hay que reclamar por nota o libro de quejas por el aumento de la tarifa, y lo mismo por consumo excesivo, en cuyo caso debe contar con un informe de electricista diplomado, que cobra $ 300 para ello y para gestionar la revisión de medidor. El organismo de defensa del consumidor, en el caso de Giuseppe, debe promover dos procesos judiciales. Se corre el riesgo – si no se hace a lugar- de que Giuseppe deba pagar las costas y honorarios de abogados; además, debe seguir pagando las facturas que vengan durante todo el tiempo que duren los procesos judiciales, uno, dos o cinco años si es que llegan al Juzgado Federal, la Cámara y la Corte Suprema.
Giuseppe desistió de ser protegido así, pero volvió a su trabajo de zapatero remedón. Como en el tango: “E tique, taque, tuque, / se pasa todo el día / Giuseppe zapatero… / ha vuelto don Giuseppe, / otra vez todo el día / trabaja sin parar”.